En los últimos días de agosto y primeros de septiembre la palabra “dólar” inundó los discursos públicos de todo tipo, tanto los producidos por enunciadores del poder económico local e internacional, como de poderes institucionales del Estado, de la dirigencia política, de los medios de comunicación más influyentes, etc..

Existen fundamentos para ello, porque en Argentina se sabe que la devaluación del peso -contracara del aumento en la cotización de la moneda norteamericana- es síntoma, anticipo y causa de que la vida económica será peor para las personas comunes del pueblo y sus familias, y por lo tanto para la mayoría de la población, excepto las minorías privilegiadas del capitalismo financiero que son las beneficiadas.

Sin embargo, hablar solo de dólar y de economía oculta la masacre social que significa para millones de personas perder capacidad adquisitiva en su sueldo o jubilación, o no poder pagar el alquiler o las facturas de servicios o las cuotas de un crédito, y que para centenares de personas cada día significa el abismo de quedarse sin trabajo, y además -en el extremo de una tragedia humanitaria y social- para centenares de miles de familias que viven en la pobreza significa no tener dinero para comprar comida ni para ir al médico o pagar los medicamentos que necesiten.

Pero por encima de todo, esa “dolarización de los discursos públicos” impide advertir el aumento de la violencia política que va sufriendo Argentina a medida que se profundizan el desastre económico y sus consecuencias sociales. Lo más terrible e irreparable ocurrido hasta ahora es la muerte de un chico en el contexto del saqueo a un supermercado.

Otro crimen político

El asesinato de Ismael Ramírez, de 13 años, perpetrado en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña el pasado lunes 3, es -al menos- el tercer crimen político perpetrado en el país desde que gobierna el régimen de derecha encabezado por Mauricio Macri.

Los anteriores fueron la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado (en el territorio mapuche de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, el 1 de agosto de 2017), y luego el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael “Rafita” Nahuel (en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, provincia de Río Negro, el 26 de noviembre de 2017).

En los dos primeros casos, aunque las autoridades judiciales no lo determinaron de esa manera y quizás nunca lo hagan, los asesinos pertenecen a reparticiones armadas del Estado (denominadas, como si fuera una cruel ironía, fuerzas “de seguridad”): Gendarmería Nacional en el caso de Santiago, y Prefectura Naval en el de “Rafita”.

En el crimen que días atrás terminó con la vida del chico Ismael, presumiblemente el autor no habría sido un agente que forme parte de una repartición armada del Estado. O quizás sí, pero no estaba actuando formalmente como integrante de la fuerza respectiva, y podría tratarse de un policía retirado.

Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó que “según los testigos, el niño fue alcanzado por el disparo realizado por un particular, propietario de un comercio, quien según informó Mario Piccoli, abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco que representa a la familia Ramírez, es un agente retirado de la Policía Federal Argentina”. (Posteo reciente del CELS, fechado el 07/09):

El texto recuerda también que “otro niño de 14 años también fue herido por una bala de plomo en el rostro, y se está recuperando”.

El autor material no se conoce, pero la causa es política. Es consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno nacional y todo el régimen político gobernante integrado además por las corporaciones judiciales, mediáticas, del espionaje, económicas, etc., y respaldado por los principales factores de poder extranjeros.

“Contagiar alguna enfermedad grave”

También de extrema gravedad política -aunque de importancia mínima si se lo compara con el asesinato de un chico de 13 años-, es el riesgo que correría Cristina Kirchner ante la posibilidad de que, en una vivienda suya, miembros del Poder Judicial y de reparticiones armadas del Estado hayan esparcido intencionalmente materiales tóxicos que podrían provocar enfermedad grave o muerte.

Presumiblemente, ello pudo haber ocurrido durante los allanamientos ilegales realizados en el departamento de la ciudad de Buenos Aires (sobre la calle Uruguay) donde habita la líder del kirchnerismo cuando está en la Capital Federal, así como en su casa familiar de Río Gallegos y su residencia en El Calafate. Los procedimientos fueron perpetrados por Claudio Bonadío y avalados por toda la línea de mandos del Poder Judicial, que son los principales responsables de la destrucción del Estado de Derecho en el país.

En un comunicado del 27 de agosto, el abogado defensor de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, advirtió lo siguiente: “Un hecho de extraordinaria gravedad acaba de ocurrir en el domicilio de la calle Uruguay. Quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de 2018 por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que la ayudaran. Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas. Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento”. (Acceso al texto completo del comunicado en la página web oficial de Cristina Kirchner el 27/08).

A su vez, el periodista Horacio Verbitsky mencionó en el portal de noticias que él mismo fundara y dirige, El Cohete a la Luna, la posibilidad del intento criminal contra Cristina. Lo hizo en estos términos: “Sigue sin justificación la exclusión del abogado defensor de la ex presidente, Alberto Beraldi, del allanamiento efectuado por medio centenar de personas durante 13 horas en el departamento que habitaba en Juncal y Uruguay. No se comunicó la identidad de los funcionarios que realizaron las tareas en el lugar, y ni siquiera su nacionalidad. Cristina decidió no volver al lugar ni llevarse los objetos que pudieron manipular los incursores durante esa jornada sin control, ya sea para contaminarlos de modo de contagiar alguna grave enfermedad o colocar aparatos de espionaje”. (Nota de El Cohete a la Luna del domingo 01/09).

“¡Sería divino D’Elía matándome a mí!”

Los desvaríos retóricos pueden ser expresión de una patología psíquica y emocional. En cada paciente, ello debe ser diagnosticado y eventualmente tratado por profesionales con los conocimientos científicos correspondientes. Además, en cualquier persona, un problema de ese tipo merecería el máximo respeto y comprensión, y el acceso a servicios de atención y cuidados sanitarios de la mejor calidad.

Pero ante los desvaríos retóricos de alguien con responsabilidades públicas como Elisa Carrió, lo fundamental no es el diagnóstico científico sobre su salud mental -aunque también debiera ser considerado como un tema de importancia política, porque su conducta tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad- sino la gravedad de las expresiones de esa dirigente oficialista y diputada nacional.

El lunes 3 de este mes, la referente ultra-anti kirchnerista volvió a tener uno de sus habituales charlas ante audiencias televisivas en el programa de Joaquín Morales Solá, a través del canal de noticias TN de la cadena Clarín. Esta vez concurrió acompañada por el diputado radical Mario Negri (presidente del bloque de su partido y del interbloque Cambiemos). Los tres (periodista y políticos invitados) actuaron de consuno para mostrar su respaldo a Macri y al régimen gobernante en medio del desastre económico.

Negri estuvo allí, y además su partido permanece en la alianza oficialista, a pesar de que ese mismo día por la mañana, al hablar en la entidad empresarial Came, Carrió dijo en referencia a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa que “lo del 2001 fue un golpe: Alfonsín y Duhalde”. (El periodista Iván Schargrodsky publicó un brevísimo video con la mención precisa). La falta de pudor, decoro y auto-respeto de la dirigencia radical no tiene límites.

En esa ocasión, como es habitual en ella, Carrió hizo alusión con total liviandad, y con tono socarrón y burlón a “matar”, “cadáver” y “manejar pistola”, y además atribuyó al dirigente Luis D’Elía un fantasioso crimen en su contra. Todo ello para el caso de que la actual crisis nacional tuviera un desenlace trágico y actuaran “los golpistas”.

Dijo textualmente: “(…) Nosotros en helicóptero no nos vamos. Los peronistas saben que yo digo la verdad, ¿eh? Sacan mi cadáver. Y además voy a manejar pistola para que no me metan presa. Al señor D’Elía (le digo). ¡Pero sería divino D’Elía matándome a mí, sería un final heroico maravilloso! Así que no joroben. Esperen las elecciones. Y no maten a los pobres. Ustedes ponen muertos, muchachos (dirigiéndose a la cámara, presumiblemente hablándole a quienes según ella “ponen muertos”). Yo lo vi en el 2001, cuando se armó el golpe a De la Rúa (…)”.

(Esas declaraciones pueden verse y escucharse en una nota con texto y video publicada por el portal Infobae el 03/08. El material audiovisual es un fragmento del programa televisivo original y dura 3 minutos 37 segundos A partir de los 50 segundos está el párrafo transcripto):

No existe dirigente, varón o mujer, de la política argentina que, como Carrió, haya utilizado una retórica agresiva y necrófila -o sea, referida a una atracción por la muerte- desde los comienzos del kirchnerismo hasta hoy, y encima permanezca impune hasta de la crítica política. Jamás alguno de sus rivales de otros sectores, ni tampoco el periodismo opositor a la derecha, han mencionado siquiera ese rasgo tan peligroso para la vida pública del país.

Desde hace más de 10 años viene perpetrando continuos actos de violencia simbólica -la que se ejerce a través de símbolos tales como palabras, imágenes, gestos, etc.-. Ese tipo de agresiones no ataca los cuerpos de otras personas, pero su consecuencia es violentar los estados de ánimo, las emociones, el espíritu, los sentimientos, etc. (Un detalle preciso de algunos casos fue publicado en hace un año y medio con el título “El país está en crisis y Carrió usa, como siempre, la violencia de las palabras”. Nota del 27/03/17)

Más que bancarrota económica

Son distintas formas de violencia. La que tuvo como víctima mortal al chico de 13 años Ismael Ramírez es atroz, terrible, irreparable, lo peor de lo peor. Nada menos que el asesinato de una persona. Que además era adolescente, casi niño.

Otro hecho gravísimo, aunque comparativamente menor es la posibilidad -aunque fuera solo eso- de que integrantes del Poder Judicial y personal armado del Estado que allanó tres viviendas de Cristina Kirchner, hayan puesto en riesgo su salud y/o su vida misma mediante el intento de provocarle daños o eventualmente asesinarla.

Por último, la habitual violencia retórica de Carrió y la impunidad para hacerlo tiene gravedad ínfima si se la compara con los dos casos anteriores, pero la importancia radica en que tienen la misma matriz política: las tres situaciones obedecen al accionar del mismo régimen gobernante, tienen similares destinatarios y beneficiarios, y son expresiones de la misma bancarrota que sufre hoy Argentina.

Un estado general del país que es infinitamente peor que la crisis económica. Es la bancarrota del Estado de Derecho y las libertades democráticas, y como resultado de todo ello, la degradación de las condiciones de vida del pueblo.