El pasado jueves, 30 de agosto de 2018, la moneda norteamericana llegó a cotizar 35 pesos. El viernes sería peor y nadie sabe cómo sigue. Pero ese jueves hubo un hecho simbólico revelador: por primera vez en un mes, el canal TN del Grupo Clarín -y detrás suyo, el resto de la cadena de medios de comunicación oficialistas- debió eliminar de sus pantallas el afiebrado sensacionalismo ultra-antikirchnerista que se refleja en palabras como “cuadernos”, “arrepentidos”, “corrupción K”, etc. y tuvo que reemplazarlo por otro tipo de fiebre: la que se condensa en la palabra “dólar”.

Por primera vez los aparatos mediáticos no tuvieron otra alternativa que mostrar, al menos en parte y por unos días, lo que le habían ocultado a la opinión pública durante más de dos años y medio. Aquello que la base social de derecha más gravemente intoxicada con el odio al peronismo y a Néstor y Cristina Kirchner, no quería ver. Es decir, tuvieron que mostrar que el país marcha hacia el abismo.

El agravamiento del desastre económico hizo crujir la estabilidad del gobierno macrista. Dentro de ese contexto, en los ambientes políticos, del poder económico, del periodismo, etc., recrudecieron las cavilaciones sobre lo que podría ocurrir si Mauricio Macri tuviera que dejar la presidencia de la Nación antes del 10 de diciembre de 2019, cuando según los plazos legales, debiera concluir su mandato.

Ante situaciones de ese tipo, la Constitución Nacional (CN) tiene reglas previstas. Su artículo 88 dice textualmente: “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.

(Una digresión: la causal de “ausencia de la Capital” no se aplica en los hechos porque se trata de un anacronismo, o sea de algo que no es propio de esta época histórica. Esa redacción existe desde la primera Constitución, en 1853, cuando no existían los automotores ni los trenes y mucho menos los aviones. Los viajes se realizaban en vehículos traccionados por animales, y trasladarse a otro punto del país podía demorar muchos días o semanas).

A fin de cumplir el citado artículo en la situación actual, quien debería ejercer el Poder Ejecutivo ante una hipotética renuncia de Macri sería la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Pero debido a su propia debilidad política y a su ostensible ineptitud para hacerse cargo de semejante responsabilidad en un país nuevamente incendiado, ella también debería renunciar y entraría en vigor la segunda parte del artículo, o sea la que refiere al caso de “destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación”.

Para una eventualidad como esa, el ordenamiento jurídico argentino cuenta con una “ley de Acefalía”, donde se fijan las reglas que deben aplicarse cuando el Estado y el gobierno de la Nación quedan acéfalos (“sin cabeza”). El texto vigente de dicha ley lleva el número 25.726, y fue sancionado a fines de 2002 y promulgado en enero de 2003, durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde. Puede accederse al texto completo en el sitio web oficial de informacion legislativa “InfoLeg”.

Cláusulas de la ley

En su artículo 1ro., la norma legal dice lo siguiente: En caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el Presidente Provisorio del Senado, en segundo lugar por el Presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea, haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución Nacional”.

En el caso concreto actual, el presidente provisional del Senado es Federico Pinedo, el titular de Diputados es Emilio Monzó, y el de la Corte es Ricardo Lorenzetti. Esos son los nombres propios de quienes ocupan hoy a los cargos mencionados en el artículo 1ro.

O sea que en primer lugar le correspondería asumir a Pinedo y convocar a la Asamblea Legislativa, pero si él renunciara a esa responsabilidad por alguna razón -política y/o personal-, esa función la debe cumplir Monzó. Si él también desistiera, le tocaría hacerlo a Lorenzetti. El que fuera de entre ellos, asumiría el Poder Ejecutivo “hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución Nacional”.

Dado ese supuesto, el artículo 2do. de le ley de Acefalía expresa: “La designación, en tal caso, (Nota: se refiere a la designación del funcionario que se hará cargo del Poder Ejecutivo)se efectuará por el Congreso de la Nación, en asamblea que convocará y presidirá quien ejerza la Presidencia del Senado y que se reunirá por imperio de esta ley dentro de las 48 horas siguientes al hecho de la acefalía. La asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara que la componen. Si no se logra ese quórum, se reunirá nuevamente a las 48 horas siguientes, constituyéndose en tal caso con simple mayoría de los miembros de cada Cámara”.

Posteriormente, el artículo 3ro. puntualiza los criterios de formación de mayoría para tomar la decisión y elegir al presidente: “La designación se hará por mayoría absoluta de los presentes. Si no se obtuviere esa mayoría en la primera votación se hará por segunda vez, limitándose a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación, y si resultase nuevo empate, decidirá el presidente de la asamblea votando por segunda vez. El voto será siempre nominal. La designación deberá quedar concluida en una sola reunión de la asamblea”.

Atravesados los procedimientos ya señalados, la ley establece en su artículo 4to.: “La determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del artículo 89 de la Constitución Nacional, y desempeñe alguno de los siguientes mandatos populares electivos: Senador Nacional, Diputado Nacional o Gobernador de Provincia”.

El aludido artículo 89 de la CN tiene requisitos formales: “Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador”. Esto último, a su vez, está definido en el artículo 55, que fija entre los requisitos “tener la edad de treinta años” y “haber sido seis años ciudadano de la Nación”.

Oficialismo y opo-oficialismo

En los párrafos anteriores se indican las reglas legales que eventualmente deberían aplicarse para elegir a el/la titular del Poder Ejecutivo hasta completar el actual período presidencial de cuatro años. En síntesis, el Congreso debe optar entre un senador nacional, un diputado nacional, o un gobernador de provincia.

A partir de esa normativa, las suposiciones, conjeturas, hipótesis o escenarios probables acerca de quién podría ser el/la elegido/a para el cargo, pueden ser múltiples.

Aventurarse en adivinanzas es una posibilidad. Otra es tratar de interpretar datos de la realidad política.

Apuntando a esto último, una consideración básica es que para lograr mayoría en la Asamblea Legislativa a fin de designar un/una presidente/a de la Nación, es necesario un acuerdo entre el actual oficialismo y algún/os sector/es de la oposición.

La opción concreta que salta a la vista es una negociación entre Cambiemos y el peronismo opo-oficialista (neologismo creado por Horacio Verbitsky apenas empezó la etapa macrista), o sea el que convalidó todas las tropelías del gobierno desde diciembre de 2015 hasta llegar a la catástrofe de hoy, y que en general, aunque con discrepancias internas, agrupa al justicialismo antikirchnerista y/o a la mayoría de los gobernadores.

Se trata del peronismo que se define a sí mismo como “responsable” y artífice de la “gobernabilidad”, y que en el Senado tiene su máxima referencia en el bloque que conduce Miguel Pichetto. Los formadores de opinión de la derecha (periodistas, economistas, analistas, animadores de radio y TV, funcionarios del gobierno, etc.) denominan a ese sector peronista como “racional”, e implícita o explícitamente instalan la idea de que lo contrario, o sea lo “irracional”, es el kirchnerismo.

En la Cámara de Diputados, el justicialismo opo-oficialista se reparte entre un bloque poco numeroso pero decisivo que encabeza Diego Bossio, y un sector más importante de origen massista, o sea de los/las que llegaron a sus bancas en las listas electorales de Sergio Massa.

Este último dirigente ya no es diputado (terminó su mandato en diciembre pasado) y se dedica a instalar su candidatura presidencial como una opción antikirchnerista pero diferenciada del macrismo. La bancada de diputados massista está presidida por Graciela Camaño, la esposa del sindicalista Luis Barrionuevo, una hábil parlamentaria que tiene gran solvencia retórica y argumentativa para criticar al actual gobierno, y de ese modo disimula su rechazo beligerante, ejercido desde hace una década, contra el sector de Cristina Kirchner.

Senador, diputado o gobernador

Para el eventual caso de que la catástrofe económica, social y política obligara a Macri a dejar su cargo, y de que también renunciara Michetti, el justicialismo opo-oficialista será la clave para negociar con Cambiemos la designación de un presidente interino hasta los comicios del año que viene y la posterior asunción del nuevo mandatario, el 10 de diciembre de 2019.

Como se explicó anteriormente, la Asamblea Legislativa debería designar a un senador, un diputado o un gobernador. El festival de nombres posibles es muy amplio. Solo por citar algún ejemplo, puede pensarse en el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Es un político muy hábil para la negociación, y un peronista liberal que se incorporó al macrismo luego del conflicto ruralista de 2008 (en aquel momento era ministro de Asuntos Agrarios en el gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y se fue del cargo).

Otro ejemplo de un eventual elegido por la Asamblea Legislativa podría ser el senador Miguel Pichetto, quien se considera a sí mismo como representante de los gobernadores y del peronismo “de centro” y “nacional” (contra el kirchnerismo, al que evalúa demasiado “de izquierda”). Las ambiciones de Pichetto suelen estar desfasadas de sus chances reales y su auto-valoración política no se corresponde con la percepción mayoritaria que la sociedad tiene de él. El Congreso también podría optar por algún gobernador, como el pampeano Carlos Verna, un peronista conservador moderado, respetado en la dirigencia política.

Todas estas posibilidades son, por ahora, pura especulación. Lo que se puso en evidencia la semana pasada fue la aceleración de un desastre económico con perspectivas de catástrofe social, y a raíz de ello la debilidad política del gobierno de Macri.

Pero Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los demás poderes de facto locales e internacionales, lo respaldarán económica y políticamente para procurar que aguante. Hasta es posible que en los próximos meses la macroeconomía se estabilice, y el oficialismo llegue al año próximo con alguna chance de reelección para el actual jefe del Estado. Hoy es poco probable pero no es descartable.

La corporación judicial continúa febrilmente su accionar antidemocrático para sostener al régimen de derecha, más allá de quién ocupe la presidencia de la Nación. Ejecuta de ese modo la estrategia de Norteamérica destinada a impedir que vuelva el “populismo”. Claudio Bonadío, quien funge como “juez”, podría ordenar nuevamente el encarcelamiento de Cristina Kirchner y así seguir generando condiciones para meterla presa y/o proscribirla.

A su vez, la maquinaria mediática encabezada por el canal TN y el resto de la cadena Clarín espera el momento para reinstalar a las palabras “cuadernos”, “arrepentidos” y “corrupción K” como temas clave de su acción psicológica sobre la opinión pública. Para lograrlo, necesitan primero que quede relegada a un segundo plano la palabra “dólar”. En términos de simplificación de los símbolos, esa es la incógnita fundamental.