El diputado Leandro López ha dicho que “en la UNC no falta presupuesto, falta buena administración. Dejen de mentir”. Personalmente desde hace muchos años no tengo nada que ver con la administración ni con la dirección de esa alta casa de estudios pero, como universitario y como ciudadano, me siento agraviado por esas palabras.

Un funcionario, como todo ciudadano tiene el derecho de manifestar su opinión con absoluta libertad pero, en mayor medida por tratarse de un representante de la ciudadanía, tiene la obligación de hacerlo con honestidad y sin tratar de engañar o confundir a la opinión pública.

El señor López no puede ignorar que la Universidad Nacional del Comahue cubre con sus facultades y centros un extenso territorio de Río Negro y Neuquén, con grandes distancias entre ellos, y que su labor no se limita a la enseñanza superior, sino que cumple una importante labor de investigación y extensión, con profunda inserción cultural en la región como lo muestra, por ejemplo, los numerosos libros publicados y distribuidos por la editorial universitaria Educo.

También seguramente sabe, por su condición de diputado en representación de esta región, que el presupuesto presentado para el corriente año por la Universidad fue tremendamente mochado (como el de todas las universidades nacionales), al punto de aprobarse erogaciones por solamente el 62,8% de lo solicitado.

No conforme con esto, se retacea el envío de los fondos aprobados; según informa la secretaría administrativa la deuda para con la Universidad asciende a 40 millones de pesos para el funcionamiento y medio millón de la partida de sueldos. Mientras que los gastos de funcionamiento crecen en forma exponencial, en parte debido a la política tarifaria aplicada a los servicios públicos; por ejemplo, el gasto de luz, gas y agua durante los primeros 7 meses del año 2017 fue de 4.900.000 y este año pasó a 7.700.000 (casi un 60% de aumento). ¿Cree el diputado López que en esas condiciones se puede seguir funcionando?

Claro que no se trata en particular de una persecución a la Universidad Nacional del Comahue. Son todas las universidades públicas las que están en situación parecida.

Esta situación, y las palabras de López, son el resultado lógico de una concepción de la educación pública. Es la que puso de manifiesto el presidente el  21 de marzo del año pasado cuando dijo que  “…otro problema de fondo (es) la terrible inequidad entre los que pueden ir a la escuela privada y aquel que ‘tiene que caer’ en la escuela pública”, o la gobernadora de Buenos Aires cuando se manifestó en contra de que "durante años" se haya "poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas" y aseguró que en nuestro país "nadie que nace en la pobreza" llega a la educación superior.

Es la misma concepción política que lleva al Estado a no convocar a la paritaria nacional docente, a lo que está obligado por ley, y que niega partidas presupuestarias para el mantenimiento de los edificios escolares; la misma que ofrece a los docentes universitarios como máximo un aumento del 15% de sus sueldos, en cuotas, cuando la inflación anual ronda el 35%. Es la que está destruyendo a la educación pública.

¿Debemos resignarnos a esta destrucción? Entiendo que no, y creo también que tenemos la posibilidad de evitarlo.