La forma novedosa, en términos históricos, que están tomando las estrategias antidemocráticas en el sur de nuestro continente, obligan a pensar en la función de los sistemas judiciales como nuevos arietes de los bloques de poder hegemónicos -cuya expresión político-ideológica son las derechas- en contra de los intereses populares. Argentina y Brasil, sobre todo, aunque no únicamente, viven momentos políticamente dramáticos que hacen imperioso reflexionar, y sobre todo actuar, frente a la nueva realidad.

A lo largo del siglo XX, las clases sociales dominantes y las estructuras corporativas que representaban sus intereses se valieron del uso de la violencia física directa mediante los golpes de Estado o de amenaza de ellos, para derrocar o bien extorsionar y presionar, a gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos que ejercían o intentaban plantear distintos grados de cuestionamiento al orden social establecido.

En esos casos, los movimientos desestabilizadores o golpistas (según cual fuera el contexto), tuvieron como rasgo típico el uso determinante del instrumento militar estatal, es decir de las fuerzas armadas. Estas actuaron siempre articuladas con otros poderes fácticos: en primer lugar, los económicos -en nuestro país, fundamentalmente los de base agropecuaria-, junto con los poderes mediáticos, judiciales, eclesiásticos, de profesionales (abogados, economistas, etc.) y ciertas expresiones de la dirigencia política y del sindicalismo.

En una etapa posterior, a fines de los años '80 y principios de los '90, las clases dominantes suramericanas, aliadas al capitalismo trasnacional liderado por Estados Unidos en su permanente disputa por la hegemonía planetaria, atacaron “desde afuera” de la estructura estatal y perpetraron golpes de mercado contra los incipientes procesos democráticos, entre ellos el argentino. Fue el caso de la hiperinflación desatada durante el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín.

Hoy, asistimos a una modificación del método para atacar a fuerzas y líderes que, con distinto grado de profundización, confrontan contra las clases dominantes y sus corporaciones. En los casos argentino y brasileño, así como en Ecuador, Paraguay y Honduras (por citar los ejemplos más notorios), el peso determinante del accionar antidemocrático desde el interior de la estructura estatal se ha desplazado a los aparatos judiciales.

El carácter corporativo, corrupto y en ocasiones mafioso de integrantes de la judicatura, degeneran a las instituciones públicas del Estado de Derecho y las convierten en poderes fácticos que constituyen una nueva y peligrosa amenaza contra la democracia y la soberanía popular.

Aun así, prácticamente de forma unánime se sigue llamando al sistema judicial en su conjunto con el nombre de “justicia” o, peor aún, “Justicia”, con mayúscula inicial. Incluso desde sectores críticos y combativos contra el orden social establecido, y entre ellos espacios extraordinariamente valiosos de la militancia política, del debate intelectual, académico y cultural, o del periodismo anti-corporativo, se incurre en el gravísimo error de equiparar “Poder Judicial” con “Justicia”.

De esa forma se perpetúa un contrabando semántico por el cual la judicatura queda igualada con uno de los valores más nobles creados por la humanidad a lo largo de toda su historia -la justicia-, contribuyendo de tal modo a que ese poder sea percibido en una jerarquía superior al resto de la sociedad y tenga un lugar casi “sagrado” en el imaginario social.

“Judicatura” es una palabra que no se utiliza en Argentina pero que integra el repertorio del idioma castellano, y según distintas fuentes de estudio de la lengua, su significado refiere (entre otras acepciones) a los “integrantes de un sistema judicial”.

Corrupción judicial y empresaria

El pensamiento popular y democrático suramericano quizás se encuentre ante el desafío histórico de intentar que “no nos sea indiferente” la devastación del Estado de Derecho que está perpetrando la mal llamada “justicia”. Porque (haciendo una paráfrasis de la letra de León Gieco en su canción-himno “Solo le pido a Dios”), también “es un monstruo grande y pisa fuerte”.

En nuestro país, el sistema judicial está corrompido hasta la médula. Una de las infinitas formas de observarlo es advertir que nunca se metió con los negociados, grandes estafas y mega-corrupciones de los empresarios que se enriquecieron con la dictadura y saquearon a la economía nacional.

El ejemplo más revelador es el de la deuda externa, que era de 7.800 millones de dólares cuando fue perpetrado el golpe de Estado de 1976, y había llegado a los 45.000 millones al concluir ese régimen, siete años y medio después, a fines de 1983. Semejante robo a los dineros del país nunca fue considerado “corrupción”.

Hubo una excepción: fue un fallo histórico del año 2000, de extraordinario valor simbólico, pero de nulo peso jurídico, porque el paso del tiempo impedía legalmente acusar a los responsables. Esa vez, al resolver sobre una causa promovida nada menos que 18 años antes (en 1982) por el patriota Alejandro Olmos, el juez Jorge Ballestero dictaminó que la deuda externa generada por el régimen dictatorial “sirvió para solventar negocios privados”, y que los beneficiarios fueron distintos grupos económicos.

Entre quienes hicieron sus fortunas con el saqueo de la Nación en el contexto de una dictadura genocida, señaló a conglomerados empresariales como los de Macri (en aquel tiempo dirigido por Franco, padre de Mauricio), Fortabat, Bunge y Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldatti y Pescarmona. Todos esos grupos contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada. Y pagada por toda la sociedad. (Una síntesis del fallo de Ballestero y del proceso de endeudamiento puede leerse en el portal El Historiador.

Pero dejando de lado esa salvedad, nunca se investigan los delitos del poder económico, o sea de los grandes capitalistas. Allí, la judicatura no ve ninguna “corrupción”. Por eso, tampoco hay ninguna persecución judicial contra las guaridas fiscales, donde se esconden fortunas obtenidas clandestinamente (como hace, una vez más, el Clan Macri, según lo demostraron las investigaciones de la prensa internacional denominadas “Panamá Papers” o “Paradise Papers”, y como hace gran parte de los ejecutivos de grandes bancos o de conglomerados empresarios trasnacionales que integran el gabinete nacional).

Asimismo, jamás se investigó la fuga de capitales desde nuestro país hacia el exterior. El discurso dominante dice que eso “no constituye delito”. Cada cual ve la corrupción donde quiere verla, según sus anteojeras ideológicas y los intereses que defiende.

Jueces y corporaciones mediáticas

Como en todos los procesos políticos del periodo actual en Suramérica, la corporación judicial requiere de una articulación estricta con la corporación mediática. Los cárteles Globo en Brasil y Clarín en Argentina son los principales instrumentos del aparato propagandístico de la ideología hegemónica. A través de sus cadenas de medios, y durante las 24 horas de todos los días de la vida, actúan sobre la subjetividad de los grandes contingentes sociales para que adopten como propios los intereses de las clases dominantes.

De ese modo, una parte considerable de la población, de cualquiera de los países, incorpora como una creencia generalizada que “la corrupción” es una característica de “los políticos”. Y que todos los males tienen allí su causa principal.

Se produce en consecuencia una gigantesca operación semántica -o sea, referida a cómo debe ser significada, pensada, interpretada la realidad- por la cual el sentido común deja de lado la observación de otro tipo de procesos o causas que perjudican a las personas comunes individualmente, a sus familias como grupo de pertenencia básico, y al pueblo en su conjunto como colectivo nacional más vasto y extenso.

Debido a ese accionar sobre las conciencias del conjunto de la población, el sentido común nunca contempla que los problemas de “la gente” tienen sus raíces en la estructura de clases de la sociedad, en el funcionamiento de un sistema económico y social injusto, en la apropiación de la riqueza por parte de los grandes capitalistas (el caso de quiénes se enriquecieron con la deuda externa de la dictadura habla por sí solo), o en que casi todos los poderes fácticos sirven a las minorías privilegiadas y juegan en contra de las mayorías populares.

Por eso es -quizás- apropiado copiarle a Gieco la metáfora con la cual él define implacablemente a la guerra, y afirmar que también la corporación judicial “es un monstruo grande y pisa fuerte / toda la pobre inocencia de la gente”.

La buena fe de las personas comunes del pueblo en su gran mayoría, y en general de modo inconsciente, es víctima de aparatos de construcción de la subjetividad social donde los poderes reales le hacen creer al conjunto de la sociedad aquello que les conviene. Por eso gran parte de “la gente” sigue suponiendo, o confiando, o creyendo, que los jueces y fiscales están para investigar lo que está “mal”, definir lo que está “bien”, y hacer “justicia”.

En cambio, la realidad es complemente distinta hoy en Argentina y otros países del sur del continente. La avanzada de un “gobierno de los jueces” es parte de una perfecta estrategia antidemocrática que, en caso de no ser frenada a tiempo, conduce a una dictadura judicial. Su propagandizada campaña moralizadora como falsos defensores de la “honestidad” en el manejo de los dineros públicos, contribuye a desgastar la credibilidad social en el Estado y en la política.

Bajo el disfraz del “combate contra la corrupción”, se esconde el propósito de perseguir a fuerzas y líderes políticos populares para que la sociedad sea gobernada solamente por los poderes de facto: aquellos que no dependen de ganar elecciones para imponer su voluntad a toda la sociedad.

Esa peligrosa ofensiva está provocando una gravísima degeneración de la democracia, cuyo principio fundante es la soberanía popular. Porque, aunque muchas veces se olvida, la idea esencial y primaria del régimen político democrático significa nada menos que “gobierno del pueblo”. No de los jueces, ni de ninguna otra corporación.