A partir de darse a conocer a través del diario La Nación, la investigación de la justicia que se originó en las fotocopias -cuyos originales no existen- asignadas al chofer Oscar Centeno, tomaron posición el JP Morgan, Santander, HSBC, Citibank, la Asociación de Exportadores; las Bolsas de Cereales y de Comercio de Buenos Aires; Fundación Mediterránea; IDEA; Sociedad Rural Argentina; y la Fundación Libertad de Mario Vargas Llosa, entre otros.

También integra esa organización del sector privado la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuyo presidente, Guillermo Lipera, twitió: "Bonadio puede ser el Juez Moro argentino. Tenemos que ayudarlo!".

El director de la revista de esa organización es José Alfredo Martínez de Hoz hijo. Escriben Mariano F. Grondona, Roberto Durrieu, entre otros, y es patrocinada por estudios como el de Juan Carlos Cassagne quien tiene un hijo llamado Ezequiel que es secretario de la entidad.

Ezequial Cassagne fue el coordinador del proceso de elaboración de la Ley de Participación Pública Privada. No estuvo sólo. Además de otros miembros de la institución de letrados porteños a la que pertenece trabajó junto con especialistas del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se trata del demorado proyecto para generar inversiones por 26.000 millones de dólares entre 2018 y 2022, y más de 60 emprendimientos de autopistas, cárceles, hospitales, viviendas y sistemas energéticos. Convertida en Ley en noviembre de 2016, la iniciativa incluye una serie de artículos que impide la participación de empresas implicadas en causas por corrupción. La disposición deja fuera de juego a las compañías de origen nacional sospechadas por el caso originado en los cuadernos coimeros que comanda el juez Claudio Bonadio.

Entonces ¿quién se quedará con las obras públicas?  ¿Las empresas nacionales sufrirán cambios en sus cuerpos gerenciales o directamente serán vendidas a bajo precio luego de la pérdida de valor que registraron por la embestida judicial?

Buitres al frente de los fondos

Juan Carlos Cassagne, creador del buffete de abogados vinculado al Foro de Convergencia Empresarial y padre del coordinador del plan de Participación Público Privada, es conocido como uno de los ideólogos de las privatizaciones de los ‘90. Formó parte del equipo junto con Roberto Dromi y Rodolfo Barra. El doctor Juan Carlos seguramente ha podido cruzarse en reuniones y pasillos de gobierno con quien era -por esos años- secretario de Carlos Corach, el actual juez Claudio Bonadio.

Ya en los ‘70, Cassagne fue abogado del Estado. Direccionar subsidios a las empresas fue su especialidad hasta que comenzó a colocarse del otro lado del mostrador. En septiembre de 1976 derivó fondos a Papel de Tucumán. Pero renunció a las pocas horas y luego consiguió empleo en esa misma compañía de la familia Bulgheroni y litigó en contra del Estado.

Trabajó con Sáenz Valiente Padilla donde el socio Tobías Padilla era uno de los hombres de confianza en el Ministerio de Economía que conducía por esos años Alfredo Martínez de Hoz.

Ayudó en la adjudicación de Papel Prensa a Clarín y La Nación. En el gobierno menemista fue directivo y síndico de Edenor, Metrogas y Aguas Argentinas, pero luego representó en el CIADI a algunos capitales de inversión que intervenían en esos sectores.

Uno de sus socios es Máximo Fonrouge, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y ferviente defensor de los intereses del Foro de Convergencia Empresarial en los debates públicos que ocurrieron en el Congreso por las leyes de competencia y defensa de los consumidores durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El director de la revista del Colegio es José Alfredo Martínez de Hoz hijo. Patrocinan los estudios: Grondona. Cassagne, Farrel y Durrieu. La mayoría de ellos actuó en el CIADI en contra del Estado argentino. Muchos representaron a los fondos buitre y ahora están detrás de un nuevo andamiaje legal.

El plan de Participación Público Privada ofrece garantías a los inversores como la seguridad jurídica de poder reclamar en estrados internacionales ante alguna diferencia en el contrato.

Otros gobiernos han utilizado ese esquema de contratación, pero es la primera vez que adquiere categoría de Ley.

Como los zorros en el gallinero… la Secretaría de Participación Público Privada está al mando de José Luis Morea. Ex gerente de Central Puerto Sociedad Anónima en los tiempos de Nicolás Caputo el amigo del presidente Mauricio Macri. Nicky vendió su participación luego de lograr una mejor posición de valor. En los últimos meses la compañía obtuvo una adjudicación de obras por 500 millones de dólares para construir centrales eléctricas.

El encargado de la coordinación general del Plan de Participación Público Privada es Horacio Reyser, secretario en Cancillería de Relaciones Económicas Internacionales. Hasta que ingresó al gobierno, fue socio del mayor fondo de inversiones en Latinoamérica, Southern Cross.

Ninguno de esos nombres parece interesarle a Claudio Bonadio. Tampoco parece asombrarnos la trascendencia en los medios de comunicación de testimonios que están bajo secreto de sumario. Son títulos en los diarios y naturalmente se reproducen como reveladores. Pero nadie tiene el sumario… porque es secreto aún. Y en todo caso, si esas expresiones son reales… ¿hubo delito en la filtración? Una trama de relaciones no redactadas por el sargento retirado Oscar Centeno y alejadas, sólo por ahora, de los medios de comunicación nacionales.