Las democracias que trabajan a favor del neoliberalismo están configurando un nuevo Estado de derecho. Por una parte, los poderes basados en la legitimidad electoral abandonan su responsabilidad normativa y de dirección política al entregar la conducción de los asuntos económicos a los mercados financieros. Debilitado el Ejecutivo y el legislador, este tipo de democracia ofrece un lugar central al juez. Su figura, independientemente de sus biografías, se impone tanto para una supuesta regeneración moral como para administrar con eficacia el castigo y las recompensas. Con ello el juez ahora brilla, ya no en su función política de control sino de direccionar la vida política del país. El mundo cuenta con muchos ejemplos. La mayor parte con resultados negativos para la construcción de una sociedad más igualitaria y solidaria. Una justicia más activa no lleva a más democracia.

El principal problema de ese juez, que tiene que actuar frente a los grandes delitos –ya sea cometidos por los Estados u organizaciones criminales- es que reconoce la dificultad de conciliar persecución penal y la posibilidad de establecer la verdad de los hechos. Por eso ese mismo juez debe seleccionar la dosis adecuada de una y otra cosa. O sea que lo suyo siempre será parcial y estará en última instancia asociado al mundo de los poderes facticos. La historia del mundo judiciable cuenta con demasiados casos donde fue necesario sacrificar altas dosis de justicia y verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, es sabido que los Estados victoriosos en el año 1945 condenaron a unos cuantos jerarcas nazis, abrieron los campos de concentración y con ello ofrecieron la verdad del genocidio, pero dejaron libres a miles de criminales. Aún más, muchos de ellos obtuvieron nuevos pasaportes y sus biografías estuvieron al servicio de la Guerra Fría. Para no ir tan lejos en el tiempo, los jueces de Sudáfrica optaron por la política de la verdad. En términos no rebuscados se plantearon que, si un criminal del sistema del Apartheid hablaba sobre el destino de sus víctimas se ponía fin a la persecución penal.

Fuera de aquel mundo de jueces que contaban con instrucciones de sus gobiernos la Argentina cuenta con sus propias experiencias donde se da la mezcla de autonomía parsimoniosa y voluntad de salvar a sectores de la élite política, y con ello incidir el proceso político del país. Fue el caso del proceso oral y público que se llevo a cabo por el pago ilegal de una cifra de cinco millones de pesos/dolares obtenidos de las cuentas de la SIDE destinado a varios senadores en ocasión de la votación de Ley de Reforma Laboral del año 2000. Lo mismo con quienes gestionaron el famoso e inútil Megacanje de aquella administración.

Esos jueces siempre tienen un mensaje para la sociedad. Sobre todo, con su mirada político-criminal. Es cierto que a veces trabajan desde otras sensibilidades. Por ejemplo, cuando inmediatamente después de 2003, en la medida que el Estado fue evitando la represión abierta sobre piqueteros y otros manifestantes, una porción importante de los jueces decidió limitar su actuación sobre la criminalización de la protesta social. Algo similar ocurrió cuando se dejaron sin efecto las leyes del perdón por violaciones de los derechos humanos. Si bien existieron jueces decididos a demorar causas, cuando no a absolver o plantear medidas procesales de protección sobre imputados por ese tipo de delitos, hubo otro conjunto de hombres de la justicia que hicieron avanzar muchas causas que llevaron a la condena de más de 500 individuos. Aun así, no se pudo evitar que en pleno desarrollo de una de las causas ocurriera la segunda y definitiva desaparición de Julio López, hace ya siete años. Evento del que se sabe mucho pero no lo suficiente como para condenar a sus desaparecedores y hallar al mismo López. Cuando no han sido los jueces, fue el mismo poder político el que se puso la toga y avanzó en medidas que completan el circuito de justicia.

Si los jueces mandan sólo en temas que les competen o en aquellas cuestiones que hacen a “la política” estableciendo su propio gobierno es parte de un debate mundial. Muchos sostienen que la excesiva judicialización de la vida social y política está lejos de ser necesaria, desviando la verdadera función de “la justicia”. Afirmación que se aleja de aquella otra que dice que todo es política, incluyendo la vida del juez. Así como las democracias realmente existentes son cada vez más exigentes en lograr un poder administrativo eficaz, profesional y por si fuera poco, barato, o sea un buen gobierno, también resultan pretensiosas en hacer realidad que el juez sea la voz del control popular sobre los gobernantes y las leyes. El pueblo debe ser quien construya el mejor gobierno, se afirma desde el civismo básico del ciudadano. Sin embargo, muchos sostienen que el mejor gobierno es el que sabe castigar. Y es allí donde exigen la presencia de un juez gobernante. Este si se lo deja gobernar se lleva puesta la democracia misma.