Las políticas públicas aplicadas en la ciudad de Buenos Aires durante los ocho años de gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno pueden ser caracterizadas, desde un enfoque de las relaciones de fuerza, como expresión de un grupo o alianza de clases. Esto implica definir un conjunto de medidas que describen un modo de hacer y habitar la ciudad como urbanismo de clase.

En ese sentido ciertos indicadores y medidas significativas, algunos más visibles que otros, lo demuestran. Desde que Macri afirmó en 2007, en el marco de su campaña electoral como candidato a jefe de Gobierno, que iba a erradicar la Villa 31 “porque es una zona vital para resolver los problemas logísticos del puerto”, hasta la actualidad, las políticas habitacionales están caracterizadas por un estado facilitador del negocio inmobiliario por sobre el derecho a habitar la ciudad.

Desde el inicio de su gestión en la CABA hubo un empeoramiento de las condiciones habitacionales: aumentaron las personas que viven en las villas y las que viven alquilando piezas en inquilinatos, pensiones u hoteles; se produjo un incremento de los hogares con grados de hacinamiento; y se incrementó y consolidó la situación de las personas en situación de calle, fenómeno que tuvo su origen en las políticas de desindustrialización aplicadas durante la última dictadura cívico militar que generaron, y generan, población sobrante para un capitalismo de valorización financiera.

Si bien no existen estadísticas oficiales, según informes de la Defensoría del Pueblo de la CABA y ONGs de la ciudad, desde 2007 se han incrementado los desalojos. Algunos casos tuvieron alto impacto mediático como el violento desalojo con represión y asesinatos del Parque Indoamericano en 2010, y el del barrio Papa Francisco en agosto de 2014, ambos llevados adelante por orden judicial y ejecutados por la policía metropolitana y la Gendarmería Nacional. Los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de generar consenso para legitimar los desalojos a través de la construcción de un imaginario que asocia a los ocupantes de tierras con delincuentes usurpadores, narcotraficantes, punterismo político o inmigrantes. De esta manera ocultaron y deslegitimaron la lucha por un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Al respecto Macri afirmó: “todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia (…) las muertes no tienen que ver con el operativo de desalojo que realizó la ciudad sino con la inseguridad y el descontrol de la inmigración” (La Nación, 9/12/2010).

Los desalojos son una de las modalidades centrales de expulsión de población de los sectores más vulnerables. Una clara expresión de dicha lógica fue la creación en 2008 de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). El accionar de este organismo se orientó contra personas en situación de calle y viviendas ocupadas. Las tareas se desarrollaban con agentes que, según las denuncias, eran barrabravas y patovicas. Operaban de noche sin identificación legal y mediante procedimientos violentos desalojaban indigentes y les sustraían sus pertenencias, materiales y documentación que recolectaban. Debido al accionar de este organismo el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, fue procesado.

La definición de “ciudad revanchista”, tomada del urbanista Neil Smith, es quizá un concepto que ilumina mejor este tipo de políticas estatales que encarna la UCEP. El autor utilizó el concepto revanchismo para caracterizar el proceso de cambio que implicó el advenimiento de la era neoliberal en la década del ´90, en las políticas y reestructuraciones urbanas. En particular en la ciudad de Nueva York se desplegó una campaña vengativa que conjugó la construcción de estereotipos y exaltación de los temores en los medios de comunicación, con políticas y acciones dirigidas contra personas en situación de calle, inmigrantes, trabajadores, gays y lesbianas definidos como “enemigos públicos” del orden social.

Ya en la gestión a nivel nacional, además de las medidas macroeconómicas tomadas desde el 10 de diciembre que benefician a los grupos financieros y agroexportadores, se han tomado medidas regresivas en materia habitacional y de acceso a la tierra. El exitoso plan Procrear que desde su creación durante el kirchnerismo permitió la construcción y ampliación de unas 170 mil viviendas fue modificado por una línea de créditos, ya no por sorteo, más restrictiva y atada a la inflación, solamente para la compra de viviendas. El Estado de esta manera tiene menos participación y prima una lógica más bancaria que social. Por otro lado, la modificación por decreto a la Ley de Tierras 26737 sancionada en 2011 flexibilizó la normativa alentando la extranjerización y concentración de las tierras, lo que en un contexto de reprimarización y financierización de la economía va a generar más expulsión de población de lo rural a las villas y asentamientos de las ciudades.

En definitiva, si en la ciudad se aplicó un modelo urbano de valorización inmobiliaria que genera expulsión de poblaciones vulnerables, en la Nación se profundizará generando más excluidos y poniendo en cuestión la condición de ciudadanía.