Con la contundente protesta de esta semana en contra del aumento desproporcionado en los servicios de gas, electricidad y agua, el gobierno de Mauricio Macri experimentó su primera derrota política masiva en todo el país

El oficialismo de Cambiemos ya ha experimentado algún revés legislativo, como con la ley antidespidos; o ha tenido que dar marcha atrás en decisiones ominosas, como la designación por decreto de ministros de la Corte o el intento de tirar por la ventana a la Procuradora General de la Nación, pero esta es la primera vez que la gente, masivamente y en todo el país, sale a poner freno a una de sus políticas más controvertidas.

Por eso el “ruidazo”, además de ser una bofetada en el rostro habitualmente pétreo del macrismo, es un punto de inflexión en la relación de la administración Cambiemos con la sociedad.

En forma coincidente con la protesta, las señales de fatiga acumulada en ocho meses de políticas antipopulares y en favor de los monopolios, los bancos, los dueños de la tierra y los grandes contratistas del Estado, comienzan a hacerse visibles no sólo en la precipitada caída de la imagen de Macri y su gobierno, sino también en la idea cada vez más afianzada de que este es un gobierno de ricos y para los ricos.

Las encuestas prueban que seis de cada diez argentinos, incluidos buena parte de los que votaron a Macri, considera que éste gobierna sólo para los poderosos.

Pero el caso particular del tarifazo en los servicios, es una muestra elocuente del clasismo conservador y reaccionario que anima a los miembros del gobierno

Se ha dicho que improvisan, que no tienen mucha experiencia en administrar el Estado y que por eso frecuentemente se ven obligados a dar marcha atrás. Hasta ellos mismos han terminado por reconocer, como si se tratara de una muestra de humildad, que trabajan a fuerza de prueba y error.

Pero esa enorme impericia, que por sí misma es muy grave porque no se puede llegar al gobierno para hacer alegremente experimentos, es sólo una parte de la verdad.

En realidad medidas como el tarifazo energético, los despidos, la anulación por decreto de la ley de medios de comunicación audiovisual y varias acciones más son deliberadas, destinadas a aleccionar a los sectores populares medios y bajos por su supuesta adhesión a la “década ganada”.

Qué otra cosa puede pensarse, cuando hombres y mujeres del gobierno se solazan haciendo afirmaciones que suenan a revancha de clase alta, tales como los dichos del ministro de Interior Rogelio Frigerio sobre el derroche de calefacción en la Patagonia; de la vicepresidenta Gabriela Michetti sobre la mala costumbre de consumir adquirida por el pueblo; o del propio presidente sobre la necesidad de “no andar en patas y en camiseta” para ahorrar energía.

En todas estas apreciaciones que suenan como latigazos en el cuerpo social, hay un sorprendente desconocimiento de la realidad del país y de las necesidades de la gente, pero también hay actos deliberados, olímpicos de desprecio. Sus protagonistas no sólo son torpes, son también malos.

Con la ayuda indispensable de los medios hegemónicos, que lo ayudaron a llegar a la presidencia y ahora lo blindan de las críticas de la sociedad, Macri y sus colaboradores hicieron oídos sordos a las movilizaciones en contra del tarifazo o le adjudicaron la masiva movilización al “kirchnerismo” en un intento perverso de descalificarlo.

En realidad, por ahora no es ninguna fuerza política en particular, sino el desencanto de algunos y la bronca de los más por el maltrato permanente a que son sometidos los que convocan a las protestas.

En su delirio despótico el gobierno juega con fuego. Además de creerse la realidad a medida que le inventa la prensa hegemónica, no se da cuenta de que en la Argentina el malestar social suele ser una bomba de tiempo.

Para colmo de males, junto a las críticas de la oposición, el disgusto generalizado y el impacto político negativo de la protesta, el tarifazo es tan indefendible que pone a prueba la sumisión del Poder Judicial a un proyecto político que comienza a hacer agua.

Mientras se agota la falacia de la “pesada herencia” y algunos sectores independientes de la justicia avanzan con las causas que involucran al presidente por la presunta omisión de las cuentas off shore en sus declaraciones juradas entre otros posibles delitos, se termina de evaporar la luna de miel del gobierno con la parte del electorado que lo votó.

Los sondeos coinciden en que cerca del 75% de los consultados, lo haya votado o no, admite que desde que Macri está en la Casa Rosada tuvo que recortar sus gastos.

Mientras tanto, en Neuquén el aumento desproporcionado de la tarifa de gas tuvo una inflexión que apunta al aumento del valor del fluido en boca de pozo, tenido como una conquista por el gobierno provincial después de años de reclamos.

Un economista y un diputado del Pro, salieron esta semana a poner de relieve que el origen del tarifazo estuvo, precisamente, en ese aumento, que llevó de 2,5 dólares a 5,1 el millón de BTU (sigla en inglés de la unidad térmica con que se mide el gas).

En el gobierno ya habían explicado que el aumento, superior al 90%, no guarda ninguna relación con las alzas de hasta el 2.000% introducidas en un comienzo por el accionista de Shell con cargo en el gabinete nacional Juan José Aranguren.

Ahora, fuentes cercanas al gobernador Omar Gutiérrez explicaron que el precio que reciben las productoras por el gas constituye aproximadamente el 70% del costo total, el que incluye además del costo de producción, el del transporte y distribución.

Para administración local, uno de los errores que cometió el gobierno nacional es que, en lugar de hacer un ajuste escalonado mediante “un sendero de precios”, actualizó el precio al mismo tiempo que eliminaba los subsidios.

En el gobierno neuquino dicen que el valor boca de pozo y la tarifa no guardan estricta relación y a modo de ejemplo explican que se podría haber aumentado el primero sin subir las tarifas, o lo opuesto, aumentado las tarifas sin incrementar el valor del fluido.

Ahora, a partir del tope de aumento de 400% para domicilios y 500% para pymes, establecido por el gobierno nacional en un intento de salvar la ropa, el problema que se plantea para la provincia es desde qué valor se liquidarán las regalías: sobre 5,20 dólares o sobre esa suma menos los 1,20 dólares de subsidios.

El gobierno neuquino quiere cobrar sobre la cifra total, pero las petroleras siempre han sido reacias a incluir los subsidios en la liquidación de las regalías.

Habrá que ver, en realidad, qué es lo que hace ahora el gobierno nacional. Acostumbrado como está a avanzar y retroceder tantas veces como haga falta, ni siquiera es seguro que mantenga el nuevo valor en boca de pozo.