El gobierno provincial, en alianza con el macrismo, propuso quitar impuestos a la empresa Camuzzi, de modo tal de producir una quita de alrededor del 3% en las facturas de gas de los usuarios neuquinos.

No acompañé este proyecto. Entiendo que Macri y Gutiérrez han cambiado el eje del debate. En vez de regular las ganancias de la empresa, afectan los ingresos del Estado y contribuyen a su desfinanciación.

Desprenderse del impuesto a los Ingresos Brutos en lugar de afectar a las ganancias de la empresa, que no ceden sus márgenes de rentabilidad, es la peor de las decisiones. Las empresas ya han ganado fortunas gracias a un tarifazo que no respeta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobierno provincial ha convalidado un aumento del 400% de las tarifas de los servicios públicos esenciales. Más esenciales aún en la Patagonia, donde campea el frío del invierno. No hay, en esos aumentos, razonabilidad ni gradualidad tal cual lo instrumentó la Corte. Tampoco está, la propuesta actual, en consonancia con el proyecto que fue vetado por el presidente Macri, respecto de retrotraer las tarifas al mes de octubre de 2017.

Se está proponiendo una rebaja que es prácticamente nula a costa del Estado. El trabajador no se verá beneficiado con esta rebaja, porque si vemos una factura de 800 o 1.000 pesos, la incidencia del 3% alcanza a 30 pesos, insuficiente para comprar un kilo de pan. En cambio, el Estado provincial deja de percibir millones de pesos, con los que debería afrontar políticas públicas que beneficien a toda la sociedad.

Para colmo de males, el gobierno provincial ha evitado explicar si la quita incluye los diferentes componentes de la tarifa alcanzado por el impuesto a los Ingresos Brutos. Este tributo se cobra a los costos fijos, a la distribución y al transporte. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sólo contempla el segundo de ellos. ¿Debemos inferir entonces que el alcance final de la “reducción” será de menos del 2%?

En la Patagonia el horizonte de aumentos llega al 2022, cuando en el resto del país culminaría en el 2020. O sea, que pagaremos más por ser patagónicos, cometer el pecado de tener más frío y producir el gas que consumimos. El castigo perfecto.

Gutiérrez y sus aliados no le cuentan a la población que se está proponiendo una rebaja insignificante (casi nula) a costa de seguir desfinanciando el Estado, esta desfinanciación estatal a la corta o a la larga la terminamos pagando los ciudadanos, vía ajuste.

Y todo con tal de no tocar la rentabilidad desproporcionada de las empresas transportistas y distribuidoras. No será extraño que próximo a finalizar el año llegue un nuevo pedido de deuda para la provincia, consecuencia lógica de esta desfinanciación.

Por todo esto, este proyecto de ley es perjudicial y como un búmeran, nos va a volver vía ajuste y deuda para financiar el déficit fiscal.

Creo que la propuesta debería ser -tanto nacional como provincial- afectar las ganancias de las empresas y revertir la injusta carestía tarifaria.

Es necesario reducir las ganancias de estas empresas porque si estamos en crisis (como dice el presidente) todos debemos ser solidarios. Los empresarios y los ciudadanos deben ajustarse en las mismas proporciones.