Finalmente se anunció el acuerdo con el FMI. Incluye un fuerte ajuste fiscal para reducir el déficit fiscal primario (gastos del estado sin incluir intereses menos los ingresos) y una política monetaria muy dura, con independencia del Banco Central, que excluye toda financiación al Estado, y la fijación de nuevas metas de inflación para el 2019 y años siguientes, mucho más exigentes que las establecidas por este gobierno con anterioridad.

Esta situación implica varias cuestiones: 1) ¿Cuáles son las  causas qué nos ha llevado a esta situación, de caer nuevamente en manos del FMI, cuando todavía está fresca la memoria de los acuerdos y “blindajes” otorgados antes de diciembre del 2001 y que nos condujo a una de las peores crisis que ha tenido el país?; 2) ¿Qué posibilidades hay de cumplir las metas propuestas (con el Fondo ha habido 26 acuerdos previos en poco más de 60 años, todos fallidos)?; y 3) ¿Cómo puede terminar esta nueva historia?

Hoy nos ocuparemos de la primera cuestión. El problema fundamental es la existencia de los llamados déficits gemelos: el fiscal y el externo.

El año pasado el déficit fiscal total, que es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado, fue de 8% del PBI, cuando en 2015 era del 3,9%. Es decir, más que se duplicó en dos años. Ese déficit está compuesto por 3,9% del déficit primario, a los que hay que sumar 2,3% de intereses por la deuda pública nacional más 1,8% del llamado déficit cuasi fiscal, provocado por los intereses de los Lebac. Al FMI le interesa el primario, exigiendo que desaparezca, para que existan recursos para pagar a los acreedores los vencimientos  de interés y capital. Por algo se ha convertido en una especie de auditor de los capitales externos.

Este aumento “desbocado” del déficit se debe a medidas tomadas por el actual gobierno: reducción de los impuestos, en especial eliminación de las retenciones a las exportaciones primarias y al capital de la empresas, sin bajar los gastos públicos (al contrario, en términos reales, los gastos corrientes subieron) y a la carga que significan los altos intereses de un endeudamiento irresponsable.

Lo lógico sería atacar las causas, es decir, ir por el lado de los ingresos: reposición de los impuestos sacados y nuevas cargas a la riqueza (herencia, bienes personales), que al tener carácter progresivo facilitan el crecimiento económico y no, como plantea el gobierno, el ajuste del gasto, especialmente la obra pública, lo que produce recesión económica por su conocido efecto multiplicador.

El segundo déficit, el externo, es el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, que ha sido causado por la apertura indiscriminada del comercio que llevó a una lluvia de importaciones sin que se modificaran sensiblemente las exportaciones, lo que significa ir a contramano de la tendencia mundial; en el 2017 el déficit comercial fue de 5.500 millones de dólares, a lo que hay que sumar los servicios (fletes, seguros) el turismo así como el pago al exterior de intereses y ganancias de empresas extranjeras, todo lo que lleva a un déficit final el año pasado de 31.500 millones de dólares (4,8% del PBI, similar al de 1998 y que culminó con la crisis del 2001).

Además de ello, una demanda interna de dólares para ahorro o “fuga” al exterior.

Ese déficit se venía cubriendo con endeudamiento o con ingreso de capitales especulativos, que se cambiaban por pesos para sumarse a la “bicicleta financiera” instaurada por el Banco Central con sus altísimos intereses. Para que ese aumento de pesos en circulación no afectara a los precios, se emitían los Lebac (letras a corto plazo) que fue la fuente de la especulación. La deuda por Lebac superó los 1,2 billones de pesos.

A principio de este año comenzaron las dificultades para obtener financiación externa y el capital especulativo olió el final de fiesta y ahora quiere retirarse: obtener sus dólares e irse del país. Es la causa de la reciente corrida cambiaria que puede volver a repetirse el 19 de este mes (vencen letras por 658 mil millones de pesos).

A esta situación se llegó por: 1) la eliminación del “cepo cambiario”, desde el 1-1-17 sin ningún límite para la compra de divisas; 2) eliminación del encaje obligatorio para el ingreso de capitales especulativos y el plazo mínimo para su estadía que en diciembre del 2015 se bajó de un año a 120 días y que desde el 1° de enero del 2017 se eliminó totalmente; 3) la no exigencia de que los exportadores traigan al país los dólares producto de la venta al exterior (en abril de 2016 el plazo se llevó de 30 días a 180 y en agosto del 2016 a cinco años; en noviembre del 2017 se eliminó toda obligación de hacerlo). Toda una batería de disposiciones destinada a fomentar la especulación financiera y cuyo efecto hoy se está pagando.

En el acuerdo con el FMI a este déficit se lo piensa cubrir con más deuda y dejando que el mercado determine el tipo de cambio (el Banco Central no podrá intervenir en el mercado cambiario), lo que va a producir un fuerte aumento en la cotización del dólar, con la inflación consecuente y la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

El agravamiento de la recesión con aumento de la inflación será su resultado, con cierre de empresas, incremento de la desocupación y mayor pobreza.

En verdad, no hay nada para festejar.