En mayo se comenzó a debatir en la cámara de Diputados de la Nación el proyecto que crea un Régimen de integración sociourbana y regularización dominial. La iniciativa es impulsada por el oficialismo, y en principio cuenta con el apoyo del FPV en cuanto al objetivo. Un proyecto de similares características de iniciativa del anterior gobierno obtuvo media sanción en diputados en octubre del año 2015, pero finalmente perdió estado parlamentario al no tratarlo el senado. Por este motivo el bloque FPV presentó ese mismo proyecto, encabezado con la firma de Máximo Kirchner, con actualizaciones para incorporarlo al debate que impulsa Cambiemos.

Ambos proyectos coinciden en aspectos fundamentales en cuanto al objetivo de solucionar la precariedad en la tenencia y ocupación de la vivienda, y brindar infraestructura urbanística y acceso a servicios a fin de generar una integración sociourbana de los barrios populares. Sin embargo hay detalles técnicos que el proyecto del FPV contiene que deberían incorporarse para una mejor normativa. Algunos elementos que contiene el proyecto del FPV son una variedad de instrumentos de regularización dominial, no solo la expropiación como plantea el proyecto oficial, así como también la obligatoriedad de la participación de los vecinos y organizaciones de los barrios en el proceso de regularización.

El proyecto de ley oficial tiene por objeto declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La situación dominial es el eje del proyecto oficial según la ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, que “apunta a saldar una deuda histórica”.

El registro reúne toda la información que se obtuvo a través de un relevamiento nacional, el primero de estas características, de todos los barrios populares de nuestro país llevado adelante por el gobierno nacional junto con organizaciones sociales, entre las que se incluyen la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular  CTEP , Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Ciudad Futura junto a Cáritas y la organización Techo, durante los años 2016 y 2017. A raíz del relevamiento se entregará un “Certificado de vivienda familiar" mediante la Anses para los habitantes de esos barrios como documento público que legaliza el domicilio. Esto permite realizar trámites y solicitar servicios públicos, aunque cabe aclarar que no es un título de propiedad.

Hay que destacar que el registro nació del reclamo de distintos movimientos populares y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la problemática de la vivienda y el acceso a la tierra, es decir es una gestación de la sociedad civil.

El relevamiento arrojó la existencia en todo el país de 4.228 barrios populares donde se estima que viven alrededor de 3,5 millones de personas. Los datos recolectados indican que existen 800.000 hogares en condiciones de precariedad y déficit habitacional. Según el censo Indec 2010, hay en la Argentina 539.629 familias que se hallan en una situación irregular desde el punto de vista de la tenencia del terreno en cuanto a que no son dueños del lote en que se emplaza su vivienda.

Cabe aclarar que un Barrio Popular reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Esta definición está tomada de la ONG Techo.

Siguiendo con los datos oficiales, el 60% de esos barrios están asentados sobre terrenos privados, un 13% municipal, un 7% provincial, un 6% nacional y un 14% sin información catastral. Con respecto al rango etario, se advierte que es una población muy joven, ya que cerca del 70% tiene menos de 29 años.

Dentro de los barrios relevados, las villas representan el 21%, presentan mayor densidad habitacional e irregularidad en la trama urbana en contraposición a los asentamientos de menor densidad habitacional. Según informó Stanley, más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del año 2000, lo que indica la antigüedad de este proceso.

La irregularidad en la tenencia no es un fenómeno que afecta solo a los sectores populares, sino que también afecta a las clases medias. Es un fenómeno multicausal en el que la desregulación del mercado inmobiliario en el marco de las políticas neoliberales aplicadas durante décadas en la Argentina es una de las principales causas. También influyó el crecimiento industrial entre 2013-2015 que determinó que mucha población migre a las ciudades por la oferta de trabajo.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) actuará como sujeto expropiante. Este organismo junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estará facultado para celebrar acuerdos con las Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos. El tribunal de Tasación de la Nación fijará los valores sobre los bienes inmuebles afectados.

Entre otras cuestiones importantes que contiene el proyecto, se encuentra la creación de un Fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el proceso, así como también y muy destacable, es la suspensión de los desalojos por el plazo de dos años de bienes incluidos en el Renabap.

Al mismo tiempo, la regularización dominial permitirá a los Estados locales cobrar los impuestos correspondientes sobre los nuevos propietarios. Además se van a valorizar los terrenos vecinos. En este punto habrá que ver si los Estados recuperarán las plusvalías urbanas generadas por la intervención pública.

Del análisis del proyecto surgen algunos interrogantes: ¿por qué un gobierno en el que durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 aumentaron los procesos de desalojo y expulsión de población, algunos con violentas represiones, a la par del fuerte proceso de especulación y valorización inmobiliaria, ahora está preocupado por la situación habitacional de las familias de barrios populares? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa que el oficialismo fundamenta en pos de la justicia social y la equidad para saldar una deuda histórica?

Por otro lado, resulta llamativo en el actual contexto de ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional, cómo se va afrontar el costo de las expropiaciones. Como afirma Sebastián Tedeschi el mecanismo de expropiación “parecería una solución injusta en un sinnúmero de situaciones en que los titulares dominiales han abandonado hace décadas los terrenos y serían premiados con una indemnización, cuando en realidad los que les correspondería sería la pérdida de la propiedad sin indemnización, a través de la usucapión u otros instrumentos que podrían crearse a partir del mismo proyecto de ley”.

Parece por lo menos una contradicción si también se tiene en cuenta que el actual gobierno nacional ha procedido mediante decreto a la venta de bienes y tierras públicas en lugares estratégicos para ponerlos a disposición de la valorización inmobiliaria de grandes capitales sin tener en cuenta la necesidad habitacional.

Estas programas de regularización dominial hay que recordar que son impulsados por organismos de crédito internacionales desde la década del 90 del siglo pasado como parte de las reformas promercado. En el caso de Perú por ejemplo donde ya se aplicó esta política, no ha modificado mucho la realidad de los pobres ya que muchos han vendido las propiedades en los barrios asentados en procesos de valorización inmobiliaria y se han creado nuevos asentamientos precarios.

Otra cuestión es que los nuevos propietarios podrán acceder a créditos con el sistema financiero privado con la propiedad como garantía lo cual implica un riesgo. ¿Se pretende de esta manera que el mercado pueda apropiarse de tierras valiosas?

Estas son algunas de las inquietudes que surgen de un proyecto de política social progresivo y que apunta a mejorar las condiciones de vida de la población que vive en la ilegalidad, pero que al ser impulsado por un gobierno promercado puede también apuntar a introducir tierras y propiedades al negocio del mercado inmobiliario.