La liberación del mercado de combustibles decidida por Juan José Aranguren está a punto de generar un descalabro de proporciones aún difíciles de dimensionar por dos variables que el gobierno no maneja por decisión propia: el precio del petróleo y la cotización del dólar.

La fuerte devaluación y la cotización en ascenso del barril de crudo – que ya tocó los 80 dólares, el mayor precio desde el derrumbe de 2014- empujó al ex CEO de Shell a pactar con las principales refinadoras el congelamiento de los precios en los surtidores por dos meses para aplicar subas mensuales en la segunda parte del año. Sin embargo, ese acuerdo tambalea. La suba de un 15% del dólar, del 9% del valor del crudo y del 8,4% en promedio del bioetanol desde la firma del convenio, llevó el atraso del precio de las naftas a un 39%. 

La cifra corresponde a la fórmula establecida entre las petroleras y el Ministerio de Energía y Minería para calcular "los ajustes resultantes de eventuales variaciones adicionales de costos no trasladados a precios", según reveló el sitio Econojournal. De acuerdo a esa polinomia, a menos de un mes del acuerdo, los costos ya marcan un alza del 24%, que sumados al 12% del atraso de abril reconocido por la cartera de Aranguren en el convenio, se llega a un 39%.

Si el congelamiento se prorrogara hasta fin de año, la compensación fiscal equivaldría a la friolera de $150.000 millones, un 1,21% del PBI.

En el acuerdo se establece que la suba se trasladaría en seis cuotas en el segundo semestre. Sin embargo, los números se volvieron a ir de las manos, con lo cual trasladar una suba del 40% a los surtidores tendría un efecto catastrófico sobre la inflación, en un escenario donde se espera que el crudo siga en ascenso y en el que no se sabe si el dólar se estabilizará en los 25 pesos actuales.

En este escenario, el pass through de la devaluación del peso y del incremento del precio del petróleo a surtidores es prácticamente inviable.

"El instrumento de compensación podrá ser un pago en efectivo o una rebaja de impuestos", aseguró el presidente de YPF Miguel Gutiérrez. Es que el acuerdo establece que "en el caso de que por circunstancias de mercado, la aplicación de la cuenta compensatoria no pudiera ser trasladada a precios, el Poder Ejecutivo Nacional se compromete a que los refinadores recuperen las variaciones de costos no trasladadas a precios antes del 31 de marzo de 2019".

Sin embargo, esa "compesanción” va en contra de a profundización del ajuste que encara la administración Macri. El modelo hace aguas. 

Por otro lado, la suba del dólar y del crudo encarecen los subsidios a la energía que aún se mantienen, con lo cual Enarsa (encargada de las compra de gas) y Cammesa (reguladora del mercado eléctrico) demandarán un incremento presupuestario porque tienen contratos en moneda estadounidense con las transportistas, distribuidoras y generadoras de energía. 

Quita de impuestos en Neuquén

Semanas atrás Macri visitó por primera vez Vaca Muerta para trasladar el costo político y financiero de su política energética a las provincias y municipios. Pidió que se eliminen impuestos y tasas que generan sobrecostos en las tarifas. En esa línea, ayer el gobernador Omar Gutiérrez envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone eximir del impuesto a los Ingresos Brutos al gas domiciliario.

La medida beneficiará a los 170.000 usuarios de Camuzzi Gas del Sur de toda la provincia, y comenzaría a la norma comenzará a regir en junio. La baja en la factura rondaría apenas el 4%. 

Mientras que hoy ingresará el reciento del Concejo Deliberante capitalino un proyecto del MPN para reducir un 27,5 por ciento la tarifa de CALF mediante la suspensión de  conceptos mediante los cuales el Municipio graba el consumo y que -según los autores de la iniciativa- permite a Pechi Quiroga recaudar de forma indebida 160 millones de pesos que pagan los usuarios de electricidad.