En Argentina, y quizás en la mayor parte del mundo, los discursos públicos casi nunca mencionan a las ideologías. O, mejor dicho, se mencionan solo para aludir a las izquierdas, como si fueran las únicas identidades políticas portadoras de alguna “ideología”.

Simultáneamente, la coalición política que ejerce el gobierno nacional ha sido experta en la utilización de las más modernas técnicas y recursos del marketing político, así como de sofisticados métodos de acción psicológica sobre la opinión pública, guerra sucia informativa para intoxicar a la sociedad con falsedades, y manipulación emocional de las masas a fin de que adopten creencias y valores acordes a los intereses de las clases sociales dominantes, de las corporaciones que las expresan y articulan, y de los centros de poder internacional.

Todo ello ha derivado en que la abrumadora mayoría de la gente común del pueblo, y no desde que es presidente de la Nación sino desde que dirigía el club Boca Juniors, nunca haya visto a Mauricio Macri como portador de cierta ideología, sino como un personaje público que a algunos les caía/cae mejor y a otros peor, pero que era/es ajeno a todo ello, despojado de tal cosa.

Sin embargo, solo un fanático ideológico de derecha es capaz de tomar decisiones, realizar gestos políticos y/o ejecutar acciones de gobierno como las siguientes:

- Beneficiar a los grandes capitalistas con eliminación o reducción de aranceles de exportación (el caso de las retenciones a las ventas al extranjero de empresas agropecuarias y mineras), de impuestos (como el de Bienes Personales, también llamado “impuesto a la riqueza”), o de otras cargas fiscales (ejemplo, perdonar multas por incumplimiento de contratos para empresas privadas de gas y electricidad, o pretender que una compañía de su clan familiar no pague sus deudas con el Estado por evadir sus obligaciones cuando era concesionaria del Correo Argentino).

- Al mismo tiempo, rebajar la capacidad adquisitiva de sueldos, jubilaciones, pensiones y asignaciones universales, haciéndoles perder una parte de su respectivo poder de compra frente a la inflación.

- Derivado de lo anterior, achicar el mercado interno, frenar el crecimiento productivo del país, provocar el cierre de empresas pequeñas y medianas, arrojar al desempleo y la desesperación a centenares de miles de personas.

- Fomentar la invasión de productos importados, destruyendo puestos de trabajo y perjudicando a la industria nacional, también con consecuencias devastadoras para la gente común del pueblo que vive de un salario, o de la rentabilidad de una “pyme”, o de cualquier profesión que dependa de la capacidad de consumo del conjunto de la población.

- Endeudar otra vez al país a niveles exorbitantes, tratándose de un problema que la economía nacional y la sociedad ya sufrieron en una etapa anterior, a tal punto que a fines de 2001 el país quebró y el pago de la deuda externa debió suspenderse, aun cuando una clase política pusilánime se había negado durante más de una década a reconocer que era una deuda impagable.

- Destruir rápidamente el desarrollo satelital que costosamente había logrado un importante nivel de consolidación durante el gobierno anterior, y en lugar de ello favorecer a empresas trasnacionales para las cuales la fabricación de satélites argentinos les resultaba una competencia molesta.

- Restablecer una relación de sometimiento completo bajo la estrategia de dominación continental de Estados Unidos, al punto de ser el gobierno más beligerante de Suramérica en contra de una nación hermana -Venezuela, hermanada con la nuestra desde las gestas libertadoras de San Martín y Bolívar-, debido a que ese país llevó adelante un proceso político revolucionario y está gobernado por una fuerza contraria a los intereses imperiales norteamericanos.

- Destruir velozmente, junto con otros gobiernos cómplices, los organismos de integración continental como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe) y Mercosur (Mercado Común del Sur, reducido este a un ámbito de negocios privados ajeno a toda cooperación entre los Estados y los pueblos).

- Someter al país a su total dependencia de los intereses de las potencias del capitalismo central y de los conglomerados empresariales trasnacionales, mediante “tratados de libre comercio” -especialmente el que se negocia en secreto, de la Unión Europea con el Mercosur- que en caso de llevarse a cabo contribuirán a agravar la catástrofe de la Nación.

- Eliminar de facto -de manera ilegal e inconstitucional, mediante decretazos- a ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de telecomunicaciones (ley “Argentina Digital”) para repartir los negocios y negociados de la telefonía celular, Internet, televisión y teléfonos fijos entre grandes conglomerados empresariales, obsesionados -por supuesto- en su propio lucro y rentabilidad, y ajenos a toda noción de servicio público para el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información.

- Comprar armamento de guerra a Israel y haber recibido con honores al primer ministro de ese país Benjamín Netanyahu, una figura política despreciada por gobiernos y por sectores de la opinión pública de todo el mundo, incluso en los países del capitalismo desarrollado, por ser el responsable de crímenes contra población civil y de permanentes masacres contra el pueblo palestino, y ejecutor de estrategias de guerra que causan dolor y sufrimiento en numerosos lugares del planeta.

- Haber expresado alevosa e impunemente que los patriotas de 1816 tuvieron “angustia” por independizarse de España, y en el mismo momento tratar de “querido rey” a un monarca español cuya propia existencia como tal es contraria a los valores republicanos y democráticos de naciones como Argentina.

- Establecer la persecución criminal contra una comunidad originaria -la mapuche- para defender los negocios y las propiedades de grandes capitalistas extranjeros que se han apropiado de tierras de la Patagonia, y también para favorecer los intereses de empresas trasnacionales que vienen a explotar los recursos naturales que son patrimonio de la Nación.

- Encarcelar a luchadoras/es populares y a dirigentes opositores, algo que antes solo hacían las dictaduras. El gobierno de Macri lo hace mediante simulacros de juicio ejecutados por un aparato judicial corrompido que viola el Estado de Derecho.

- Perpetrar la violencia política de personal armado del Estado en todas sus formas, desde el asesinato -y posterior encubrimiento de los criminales- de personas que formaban parte de protestas de la comunidad mapuche (Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), hasta las habituales agresiones físicas y a veces también el encarcelamiento de ciudadanos/as que participan en movilizaciones callejeras. Además, elogiar el asesinato por la espalda de víctimas de la violencia policial.

- Avalar por acción u omisión la agresión intimidatoria o el asalto con fines políticos a los hogares de dirigentes o periodistas opositores (como a Hebe de Bonafini, a quien una madrugada amenazaron e insultaron desde la puerta de su casa, o como sufrieron en sus domicilios el economista y concejal Hernán Letcher, la periodista Cynthia García y el militante gremial Daniel Catalano, entre otros), y convalidar públicamente con ironías las amenazas contra el dirigente sindical Roberto Baradel (como hizo Macri al hablar en el Congreso el 1ro. de marzo de 2017).

-Volver a instalar la timba financiera que Argentina sufrió desde la dictadura genocida de la segunda mitad de los años ‘70, y que perduró más allá de los fracasados intentos desarrollistas del gobierno de Raúl Alfonsín, llegó a niveles extremos durante el menemismo y la Alianza, y terminó en la quiebra del país y el estallido de la sociedad al finalizar 2001.

- Resolver el regreso al país del Fondo Monetario Internacional, para retomar un endeudamiento ruinoso para la Nación y poner otra vez a esa institución financiera al mando de la economía nacional, que significa mandar sobre la vida social cotidiana de las y los argentinos.

De la dolarización no se vuelve

La lista podría ser mucho más larga. Es, virtualmente, interminable. Todo lo antes resumido hizo Macri en dos años y medio de gobierno (aún no cumplidos, será el 10 de junio próximo) como resultado de su rotunda conformación ideológica, disimulada a lo largo de los años por las estrategias de manipulación de la opinión pública y el accionar de las maquinarias mediáticas.

Esa condición individual, necesaria para haber sido el primer dirigente político en un siglo que llegó a ganar una elección presidencial para ejecutar desde el gobierno un plan político favorable a las clases dominantes locales y a los factores de poder extranjeros, es al mismo tiempo lo que pone en riesgo su sustentabilidad política.

Porque el propio conglomerado capitalista al cual sirve, lo ha desestabilizado políticamente con movimientos en los mercados financieros, y el camino feliz -para él/ellos- hacia la reelección el año próximo y un lugar glorioso en las páginas de la historia, ha entrado en una zona de incertidumbre.

Pero el futuro político de Macri solo importa a él, a su sector político y a sus seguidores. En cambio, tanto para las generaciones actuales de argentinas y argentinos como para las futuras, lo único importante son las consecuencias posibles -no seguras, porque el porvenir no puede adivinarse, pero sí probables- de la masacre social, económica y política que su gobierno está perpetrando.

Argentina es hoy, como lo fue a fines de los años ‘90 y en el mismísimo comienzo de este siglo (años 2001 y 2002), un país que enfrenta el peligro de perder uno de los atributos de soberanía de un Estado nacional, que es su moneda. Dejar de tenerla es transformarse en provincia monetaria de la potencia dominante, en este caso Estados Unidos.

La dolarización volvió a instalarse como una posibilidad que tiene chances de convertirse en realidad. La clase capitalista argentina, por su carácter depredador, no se conforma con tener un gobierno que representa sus intereses de modo absoluto, sino que, impulsada por una voracidad de rapiña, cree que para aumentar su tasa de rentabilidad lo mejor sería adoptar al dólar como moneda local.

Y cuando un país reemplaza su propia moneda por el dólar, es un camino de ida. No tiene regreso. Lo sabe bien Ecuador, al cual los gobiernos neoliberales de fines del siglo pasado y hasta el primer lustro del actual condujeron a una bancarrota que derivó en la adopción de la moneda norteamericana como propia, y ese cepo al desarrollo y la soberanía no pudo ser revertido siquiera por el gobierno nacionalista y de izquierda de Rafael Correa.

El correísmo, que tantas transformaciones realizó a favor del progreso nacional y del bienestar popular, no tuvo la fuerza suficiente como para que los ecuatorianos volvieran a tener una moneda propia, que es un instrumento esencial para que un Estado democrático -aun dentro del capitalismo, si las sociedades prefieren no transformar el sistema-, pueda tener herramientas de política económica indispensables a fin de no quedar sometido al poder estadounidense y de los mercados trasnacionalizados.

Argentina enfrenta hoy ese riesgo: el de perder, al menos durante un largo tiempo histórico, su moneda nacional. El país llegó hasta este punto porque las relaciones de fuerza en la sociedad no permitieron lograr mayorías político-electorales para sostener alternativas de gobierno soberanas, y así se generó la situación actual de estar gobernados por un fanático ideológico de derecha, al servicio de una clase social saqueadora.