El autoritarismo creciente del régimen gobernante en Argentina está generalmente excluido del discurso de los principales opositores, tanto específicamente políticos como de otras expresiones o espacios representativos de la sociedad civil. Es un asunto abordado casi exclusivamente por el movimiento de derechos humanos tradicional y sus nuevas expresiones, particularmente los laboriosos y valientes abogados y abogadas que defienden a familiares víctimas de violencia estatal, presas y presos políticos, etc.

La temática que domina a las narrativas de quienes enfrentan el poder dominante, ya sea desde cualquier tipo de organización (partidos, sindicatos, movimientos sociales, etc.) o bien como figuras individuales que por su actividad tienen un peso relevante en la discusión pública (periodistas, artistas, escritores, académicos, etc.) aluden predominantemente a los inmensos daños que provoca la política económica del gobierno y sus consecuencias contrarias al bienestar de la población.

En cambio, de la destrucción del Estado de Derecho, de la violación de los derechos y garantías constitucionales que debiera tener cualquier persona en un país libre, generalmente solo se ocupan sectores y personalidades muy específicas y puntuales. El discurso sobre economía impregna el debate político, mientras que los hechos que involucran a los derechos y libertades quedan ocultados o minimizados.

Hay un cierto criterio “marketinero” en el discurso opositor, que estaría dado por el hecho de que los temas económicos son los que “importan a la gente”. Ese criterio tiene dos errores graves: el primero es que “gente” son/somos todas las personas, incluidas las que conforman minorías de distinto tipo, aunque haya infinitas -literalmente, infinitas- “gentes” distintas, cada cual, con sus realidades específicas, intereses propios, y opiniones extremadamente diversas, polémicas y enfrentadas entre sí.

El segundo error de plantearse solamente hablar de lo que la “importa a la gente”, es que lo que se dice públicamente tiene un carácter “docente” o “pedagógico”, en sentido figurado, ya que precisamente por llegar a una pluralidad de personas -ya fueran algunas decenas o centenares o miles, o bien millones como ocurre cuando la palabra de alguien se difunde por los medios de comunicación más influyentes-, contribuyen al conocimiento colectivo.

En ese sentido, las ideas que se expresan públicamente enseñan/muestran formas de mirar y pensar el país, el mundo o la vida misma; aportan información que eventualmente puede trasmitirse y compartirse; comunican situaciones que de otro modo quizás muchos/as no conozcan; movilizan el pensamiento y las emociones de quienes son receptores de los mensajes; y en definitiva tienen cierta influencia -aunque cada caso depende de múltiples condiciones- sobre la forma de pensar y de actuar de “la gente”.

Esa potencialidad de los discursos públicos, entonces, requiere evitar las simplificaciones conceptuales y la pereza intelectual, para intentar en cambio la elaboración de contenidos más esclarecedores y realistas de lo que ocurre, por ejemplo, en la Argentina de este tiempo. 

Un hecho más grave que el otro

El allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales es una manifestación más del pisoteo contra la libertad, la justicia, el respeto, la convivencia y en general los grandes ideales que aspiran a sostener personas y comunidades con espíritu libre.

Y no es que ante este atropello la reacción haya sido nula. Por el contrario, al tratarse de una personalidad ampliamente conocida -aun por quienes lo admiraron como el gran relator de fútbol de siempre y actualmente lo detestan por el contenido político que le dio a su desempeño profesional desde hace una década-, hubo pronunciamientos categóricos de repudio al hecho. Ejemplos de ello son la solidaridad de usuarios de las redes digitales o la solicitada con firmas de referentes de distintos ámbitos.

Más importante aún: la humillación hacia el popular periodista no es en modo alguno lo peor que, como ataque a derechos y libertades, ha ocurrido desde que la derecha gobierna el país. Millones de veces más grave (aunque decirlo así sea una aberración, porque es algo imposible de traducir en “cantidades”) han sido el asesinato de Santiago Maldonado -por más que el relato dominante quiera cerrar el tema con la explicación de que “se ahogó”- y del chico Rafael Nahuel.

O el daño irreparable a quienes perdieron un ojo porque gendarmes o policías les dispararon balas de goma durante el ataque represivo del gobierno macrista contra quienes protestaban en diciembre frente al Congreso contra la rebaja de las jubilaciones.

También son mucho más graves el sufrimiento, los traumas, tal vez las secuelas físicas, y además los antecedentes penales que quizás les quedan para toda la vida, para las personas que en esas mismas protestas o en cualquier otra sufrieron los ataques policiales, se las llevaron presas -algunas por manifestarse y otras solamente porque pasaban por el lugar-; las tuvieron privadas de su libertad durante horas, días o semanas; las maltrataron, humillaron, golpearon y si eran mujeres las manosearon; les inventaron acusaciones de delitos inexistentes; y en resumen ultrajaron su dignidad personal y sus libertades públicas más elementales.

Igualmente, mucho más grave que el allanamiento a la casa de Víctor Hugo Morales es la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala y sus compañeras de la organización Tupac Amaru, y de todas las presas y presos políticos en el país.

Mucho más grave es, en igual sentido, el encarcelamiento de funcionarios y dirigentes kirchneristas por parte de jueces y fiscales que supuestamente “combaten la corrupción” pero jamás se animaron a investigar a banqueros, empresarios, financistas y demás corruptos del poder económico, o a miembros del propio Poder Judicial o del gobierno actual, que en el presente o en etapas anteriores han saqueado el patrimonio del país, estafado a la sociedad y causado un perjuicio atroz al bienestar general.

Mucho más grave que la humillación del periodista es el espionaje, la intimidación y el amedrentamiento contra la familia de Santiago Maldonado, que además de sufrir la muerte de un ser querido tiene que soportar la violencia emocional, psíquica y moral del mismo régimen que es responsable del crimen que destruyó sus vidas y que, por si eso fuera poco, le agrava su dolor e indignación haciéndoles sufrir una persecución canallesca.

Gobierno y régimen político

La cotización del dólar aumentó respecto del peso argentino en los últimos días de abril y a principios de mayo, en una escalada que nadie sabe cómo sigue o en qué termina. Sin embargo, en Argentina todos saben/sabemos que cuando eso pasa, detrás viene algo malo para “la gente”. Para los pobres, para las clases medias, para la mayoría de la población. Para la que no tiene poder -excepto organizarse para participar en las disputas de poder, precisamente-, la que no parte de las estructuras económicas, judiciales, mediáticas o gubernamentales desde las cuales se ejerce el mando, el control y la dominación sobre el conjunto de la sociedad. Viene algo malo para el pueblo, en definitiva.

Esos daños son muy concretos en la vida cotidiana de personas que integran esos grupos sociales ampliamente numerosos. Con la disparada del dólar, aumentan los precios, y cada vez se puede comprar menos con un sueldo, una jubilación, una asignación universal, o con cualquier ingreso de dinero que tenga por su actividad un/una trabajador/a por cuenta propia, un/una profesional, un/una comerciante o empresario/a de pequeña o mediana escala.

Como eslabones de la cadena de daños, el menor poder adquisitivo de grandes sectores de la población deriva en una baja de las ventas, y así hay menos demanda y por lo tanto es menos lo que hace falta producir y comercializar, y entonces se seguirán cerrando fuentes de trabajo, y así cualquier persona y sus familias puede encontrarse sufriendo el drama de la desocupación y toda su arrasadora potencia destructiva de la integridad humana.

Y esos son los problemas que “importan a la gente”, efectivamente. A una proporción completamente mayoritaria de la gente. No obstante, por aquel carácter “docente” o “pedagógico” de los discursos públicos (que mencionaba antes esta nota), todo el/la que quiere resistir o enfrentar al gobierno de Mauricio Macri y sus aliados, y más aún si ese/esa alguien tiene una pertenencia militante activa o funciones dirigenciales en cualquier organización que representa intereses populares, es responsable también de clarificar -o al menos intentar hacerlo- acerca del carácter integral del proyecto de país o modelo de sociedad que está en disputa.

Porque además de haber un gobierno que aplica una política económica y social demoledora para los intereses populares, ese gobierno integra un régimen político, es decir un sistema articulado de poderes, que está destruyendo las bases democráticas del país y en gran medida es por eso que tiene la fuerza suficiente como para atacar los derechos e intereses de las mayorías.

Si fuera solo “el gobierno”, su poder sería limitado. Tendría contrapesos. Pero el régimen gobernante también está integrado por un aparato judicial, instituciones armadas, mafias del espionaje, burocracias políticas cómplices en el Congreso y en los gobiernos provinciales, y toda una inmensa trama que afuera del Estado, a su vez, está formada por conglomerados empresariales, maquinarias mediáticas, burocracias sindicales y eclesiásticas, corporaciones de abogados y economistas y factores de poder extranjeros, que en conjunto expresan al bloque dominante hoy en Argentina y la mayor parte de Suramérica.

Denunciar que no solo suben el dólar, las tarifas y los demás precios de la economía, y que no crecen únicamente los dramas sociales como la pobreza, la miseria y la violencia delictiva (normalmente llamada “inseguridad”), todo lo cual ya es una tragedia social y humanitaria, sino que como parte del mismo plan político del régimen gobernante también crecen el autoritarismo, la violencia política estatal y el ultraje contra las libertades democráticas, significa enriquecer el discurso opositor y el debate político ante el conjunto de la sociedad, para intentar explicar que una cosa lleva a la otra.