La cuestión energética ha sido una variable de la economía que ha condicionado a los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Fernández. 

Durante los primeros años del kirchnerismo, el congelamiento de las tarifas apalancó el crecimiento industrial y el consumo, puntales de la reconstrucción nacional tras la debacle de 2001. Con el país en la senda del crecimiento, el aumento de la demanda y los precios retrasados de la energía generaron una pérdida de reservas de petróleo y gas, caída de la producción, y crecimiento de las importaciones para cerrar la brecha del autoabastecimiento perdido, en un contexto internacional de alta cotización del barril de crudo. 

La restricción del sector externo puso un techo al crecimiento de la Argentina, y la cada vez más creciente demanda de dólares para comprar energía en el exterior, junto con el crecimiento de los subsidios, encorsetaron la economía. La llegada de Axel Kicillof al gobierno junto con la recuperación de YPF, comenzó a ordenar el sector. Volvió a crecer la producción de hidrocarburos y se recortaron las subvenciones estatales a algunos sectores que no lo necesitaban, a la vez que mejoró la cotización del gas en boca de pozo. 

El proceso gradual y racional quedó trunco con el gobierno de Cambiemos, que apeló a la cirugía mayor. Juan José Aranguren liberó el mercado de los combustibles en plena suba del barril de petróleo, aumentó 260% el precio del gas en boca de pozo y 1.150% la electricidad mayorista, y puso en marcha un brusco plan de reducción de subsidios. 

El objetivo es que el año próximo ningún usuario del gas esté subsidiado, a excepción de la pequeña franja que logra acceder a la tarifa social. Todo ello, con los consumos residenciales pagando un precio del gas de 6 dólares el millón de BTU, uno de los más altos del mundo para un país productor.

En el relato macrista, los aportes estatales a la demanda energética son un “despilfarro” y la misión del gobierno es hacer entrar en razones a los argentinos, generar una transformación cultural. Si bien es real que Argentina tiene los consumos energía más altos de la región y se encuentra rezagado en eficiencia, lo cierto es que la gran mayoría de los países subsidian a los consumidores. 

El último estudio disponible sobre el tema es de 2015 y corresponde al Fondo Monetario Internacional (FMI). El trabajo toma en cuenta los principales combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y electricidad) en 152 países, y muestra que en términos de participación de los subsidios como porcentaje del PBI, la Argentina se ubicaba en el puesto 68° con 3,25%, situación similar a la de países como Chile (3,32%), Luxemburgo (3,24%) y Japón (3,22%). Además, estaba por debajo del promedio latinoamericano (4,48%), región liderada por Venezuela (19,96%), Bolivia (6,77%) y Ecuador (5,65%).

En el último año del gobierno kirchnerista Argentina destinaba US$ 413 per cápita para subsidios energéticos y, si bien se encontraba por encima del promedio latinoamericano (US$ 358), en el ranking mundial se ubicaba en el puesto número 61. Países como Venezuela y Chile gastaban más que el país (US$ 1.460 y US$ 514, respectivamente), mientras que Brasil y Uruguay tenían menos subsidios energéticos por habitante (US$ 271 y US$ 77).

El estudio comprueba que subsidiar la energía no es un capricho populista. 

La semana pasada, Macri pergeñó una hábil jugada. Pisó por primera vez un yacimiento en Vaca Muerta  para grabar un mensaje en el cual responsabilizó de los tarifazos aplicados por su administración a los gobernadores e intendentes que aplican gravámenes sobre las tarifas. Muchos municipios incluyen tasas en las boletas de la luz como forma de recaudar fondos, por los altos índices de contabilidad que tienen los servicios.  Como la herencia recibida empieza a perder efecto en su base social de apoyo, el presidente trasladó el costo político y financiero de su cruenta política energética a las provincias. 

Sin embargo, le está regresando el búmeran. Ayer, la oposición logró un avance político importante al conseguir el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del proyecto de "tarifas razonables" impulsado por los bloques peronistas Argentina Federal y el Frente Renovador. La iniciativa ya está en condiciones de llegar al recinto el miércoles próximo. 

El proyecto contempla que las tarifas de luz y gas residenciales no puedan subir más que los salarios y tengan estabilidad por 12 meses, y que los aumentos para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas no sean mayores al índice de precios mayoristas del Indec. También prevé que los clubes de pueblos, barrios y entidades de bien público se implemente un sistema de tarifa social en el que paguen solo el 20% del valor de la factura.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya adelantó que el dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales y que, si se convierte en ley, Macri acudirá al veto. Allí quedará claro que no está dispuesto a dar marcha atrás y que para el presidente el acceso a la energía no es un derecho sino un mero bien de consumo.