Las finanzas de la provincia están en el peor momento desde que Alberto Weretilneck llegó al gobierno, en enero de 2012.

Mayo, último mes procesado por el ministerio de Economía que conduce Isaías Kremer, cerró con un déficit primario superior a los 300 millones de pesos, que se cubrieron con la emisión de letras del Tesoro y sobregiros en el banco Patagonia.

El propio gobernador dijo que la situación financiera es complicada a partir principalmente de la disminución de aproximadamente un 20% de la coparticipación nacional. A todo esto los gastos siguen creciendo como sucede hoy en día en cualquier hogar argentino.

En el manejo de las finanzas provinciales está pasando lo mismo, aumentan los combustibles, los medicamentos, alimentos, etc., y disminuyen los ingresos. La ecuación es tan simple como complicada su resolución.

Recesión e inflación es una difícil y peligrosa combinación. Es cierto que todas las provincias deben estar atravesando por las mismas dificultades. Cayó el consumo hay reclamos en los sectores económicos provinciales y el gobierno nacional tomó un conjunto de medidas que afectan a la coparticipación. Impactó la baja de retenciones a los granos, como el fondo sojero, y repercute la caída del consumo en la recaudación del IVA y otros impuestos.

Por ahora sólo se recurre, por lo menos por estos pagos, a la emisión de letras y el endeudamiento bancario que permite funcionar y pagar los sueldos, pero nada más. Un respiro puede ser el pago de la devolución del 15% de fondos coparticipables, que durante más de dos décadas se descontaron para financiar la seguridad social., de manera que al menos habrá un dinero que permite, en algo, contrarrestar lo que se quitó por otro lado.

Posiblemente Nación traslade algunos fondos para obras que servirán para aplacar reclamos y mantener algo de la mano de obra de la construcción.

Así y todo es difícil imaginar que ante este ahogo financiero la provincia esté en condiciones de hacer frente a todas las necesidades y demandas.

Como dijimos, el rojo primario de las cuentas públicas es de 300 millones de pesos. La recaudación subió en más o menos la misma proporción que los precios, pero no así los envíos nacionales, que solo fueron superiores en un 28% a los del año pasado.

La recaudación provincial a pesar de la recesión, entre enero y mayo venía bien, con un 37% más en materia de impuestos provinciales, pero la visión de la gente de Hacienda es pesimista para el segundo semestre.

La oposición dice que el gobierno provincial se manejó con una gran dosis de imprevisibilidad e irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos provinciales, que posibilitó llegar a esta difícil situación.

Weretilneck había dicho en su mensaje del 1 de marzo que había que ser "muy cautelosos y precavidos" y "no vamos a endeudar la provincia para sostener el gasto de funcionamiento", finalmente tuvo que recurrir a ello.

Extranjerización de la tierra

Esta semana los diputados nacionales Martín Doñate, María Emilia Soria, y Luis Bardeggia como así también la senadora Magdalena Odarda coincidieron en rechazar el decreto del presidente Mauricio Macri que flexibiliza el acceso de extranjeros a las tierras rurales favoreciendo el creciente fenómeno de extranjerización.

“Estamos ante una notable flexibilización de la ley de Tierras Rurales, votada en 2011 por el Congreso de la Nación, la cual puso un necesario freno al proceso de extranjerización de tierras rurales que se vivía en nuestro país sentenció el diputado nacional del Frente para la Victoria Bardeggia. 

“Bajo la excusa mercantilista de incentivar inversiones extranjeras, asistimos a una grave embestida a nuestra soberanía nacional.” dijo Bardeggia.

La diputada Soria denunció que “es evidente que, si el espíritu de la Ley es evitar la extranjerización de las tierras rurales, con este decreto, se estaría violentando dicho espíritu y la voluntad de los legisladores que sancionaron la norma en cuestión”.

“Este decreto es muy grave”, dijo la senadora del Frente progresista Coalición Cívica Ari Odarda, y agregó “no sólo no podemos volver atrás, sino que debemos aumentar la protección”.

Doñate como legislador y director del Centro de Estudios Patagonia, que presentó un documento al respecto, dijo que “voy trabajar para pedir la declaración de su inconstitucionalidad puesto que un decreto no puede modificar una ley porque esta tiene mayor jerarquía. Es nulo de nulidad absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente”

La única voz en defensa del decreto presidencial fue la del también diputado nacional por el Pro, Sergio Wisky que dijo que la ley del 2011 “es inconstitucional en su origen, en el artículo 20 de la Constitución Nacional se expresa que todo extranjero en el territorio nacional tiene los mismos derechos que los ciudadanos de origen nacional, es decir los derechos civiles, pueden desarrollar industrias, comercios, o generar bienes. Por eso decimos que la ley es inconstitucional". 
En este sentido, insistió: "la ley madre es la Constitución Nacional, y a partir de ahí debemos decir si estamos en contra o a favor, lo que está dentro de la ley está bien, lo que está fuera de la ley está mal, es así". 
En la misma línea, remarcó: "si uno mira dónde está concentrado el mercado en Argentina te das cuenta que no pasa por manos extranjeras, el mayor terrateniente en Argentina, por ejemplo, es el Ejército Argentino". Y agregó: "hay dos grandes productores de lácteos, productores de medicamentos, esto demuestra que el mercado está concentrado en nuestro país y no justamente en manos extranjeras. Por eso este tema hay que discutirlo de forma integral, no solamente desde el concepto de extranjerización. La soberanía no pasa solamente por lo territorial, pasa por otro lado". 

Desde el Centro de Estudios Patagonia que realizó un informe titulado “Vienen por el agua: Las modificaciones a la ley de Tierras Rurales”, repudiaron las argumentaciones de Wisky y dijeron que “debería Wisky leer también el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional en donde se faculta al Poder Ejecutivo a dictar “las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

Claramente el decreto de Macri –dicen- vulnera la ley de Tierras, modifica el espíritu de la ley desvirtuándola y permitiendo que todo el país sea extranjerizado si pueden comprarse las acciones de la tierra rural que esté en manos de personas jurídicas”.

Puntualiza que “la ley no es Chauvinista, regula derechos de extranjeros sobre nuestros recursos naturales en el marco del principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional. Nunca estuvo destinada a quienes quieran venir a hacer su vida y criar sus hijos en el país, por eso las excepciones a los residentes. El macrismo lo que hace es abrir las puertas a los capitales especulativos financieros (que nunca podrán obtener residencia alguna) para que vengan y compren las tierras y con ello las riquezas naturales del país. Pero quizás esto sea lo que le moleste al diputado del Pro, quien es uno de los defensores de Lewis en el Congreso”.

Por último expresaron que “sabemos que pedirle a Wisky que entienda de coherencia es demasiado para alguien que al día de hoy en lugar de defender los derechos de todos los rionegrinos, parecería ser más el representante de Lewis en el Congreso”.