En 1955 la alianza cívico-militar que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón tenía la ilusión de que la acusación sobre supuestos delitos cometidos y la persecución política y judicial a sus seguidores harían que los peronistas dejaran de serlo. Esto no fue así. Lo que terminó por instalarse, al proscribir al Partido Justicialista, fue la segregación de una porción mayoritaria de la sociedad de la vida institucional.

Al apartheid político se sumó el cultural. La criminalización de la identidad peronista tuvo su expresión más cabal en el decretoley 4.161 donde se prohibía la utilización de imágenes, símbolos, doctrinas y obras artísticas que fueran representativas e incluyeran vocablos como justicialismo, tercera posición, los nombres del líder y su esposa y otros tantos.

En su trabajo sobre el delito político en el Territorio de Neuquén, el historiador Enrique Mases llamó ‘cruzada iconoclasta’ a esta pretensión de destierro identitario. Si bien no era éste un escenario conflictivo, el celo con que la policía local y la justicia federal actuaron llegó en ocasiones a generar situaciones absurdas. Una de ellas fue la detención de un guarda de ferrocarril que en su jornada de trabajo le correspondió recibir un furgón en el que venía una bolsa de 45kg de batatas envuelta en papel de diario donde se leía “Agricultor, apoye al General Perón, 2do Plan Quinquenal”. Como el envío no tenía destinatario, la policía procedió a detener e incomunicar al trabajador ferroviario. En otra oportunidad, se llevó a cabo un allanamiento de un local de ropa de vestir por el hecho de que en las boletas que se emitían figuraban los nombres de Perón y de Eva, algo que el propietario justificó frente al juez federal indicando que estaban impresas desde antes que se dictara el decreto y que debía seguir la numeración correspondiente.

Si estos hechos podrían resultar hasta anecdóticos, en términos culturales la prohibición funcionó como dispositivo de una política de Olvido. Algo que se reforzaba con otro decreto ley -el 479- que estipulaba la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones con la finalidad de “investigar exhaustivamente” irregularidades cometidas por el gobierno depuesto. El vicealmirante Leonardo McLean, presidente de dicha comisión definió claramente el objetivo: “Queríamos llegar a la limpieza total de los gérmenes del oprobio para que los gobiernos políticos venideros comenzaran su tarea en una atmósfera incontaminada”

El impacto de esta criminalización en la esfera cultural fue más prolongado que en la esfera política. Ruben Liggera señaló como la producción poética y narrativa entre 1945- 1955 fue primero silenciada y ocultada. Luego, calumniada. El Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal fue destrozado por la crítica - a excepción de Julio Cortázar- antes que por criterios estéticos por la adhesión al peronismo de su autor. Por último, esta producción cultural fue olvidada. Músicos, poetas, escritores fueron marginados y aunque muchos de ellos años después fueron reconocidos, otros tantos quedaron sepultados bajo los escombros del odio irracional de los ‘libertadores’.

En tiempo de redes sociales, comunicación monopolizada, identidades volátiles y posverdad como los actuales, también se libra una ofensiva por desterrar de la memoria colectiva todo aquello que pueda ser leído en clave de bienestar de las mayorías populares. Pero lo que no debería perderse de vista, es que después de 1955 la proscripción de la política gestó una resistencia política.

Tal vez aquel envoltorio que llegaba a un territorio alejado y poco poblado no era tan ingenuo. Tal vez alguien consideró que las batatas -por ser un alimento fácil de cultivar y cuya variedad se da en colores blancos, amarillos y rojos- también eran peronistas.