Razonablemente y con mucha justificación, antes de realizarse lo que terminó siendo una extraordinaria e histórica protesta anti-macrista en la avenida 9 de julio de Buenos Aires el pasado miércoles, en la oposición había una extendida preocupación sobre la eventualidad de algún tipo de violencia. El hecho de que nada de eso pasara, aumenta exponencialmente el éxito político de semejante fenómeno de masas.

En las también multitudinarias protestas del 14 y 18 de diciembre frente al Congreso contra la ley para rebajar el poder adquisitivo de las jubilaciones, personal armado del Estado -de Gendarmería Nacional, Policía de la Ciudad (de Buenos Aires) y Policía Federal- reprimió y atacó con saña criminal a personas de toda edad y condición social que participaban de las manifestaciones, a periodistas que hacían su labor, a legisladores de la oposición, e incluso a personas que se encontraban en el lugar de paso o por cualquier otro motivo (“al voleo”, como dice una expresión coloquial).

Sin embargo, en una parte indeterminable pero muy significativa del imaginario social, esa vez la percepción quizás haya sido diametralmente opuesta. Es que la maquinaria mediática dominante ejecutó una minuciosa estrategia de ocultamiento de la violencia represiva del régimen, y al mismo tiempo trasmitió en directo por televisión durante horas y luego volvió a repetir una y mil veces -como siempre hace- los hechos de violencia protagonizados no por el aparato armado estatal que maneja el gobierno, sino por algunos o muchos de los manifestantes.

Respecto de estos últimos, desde la militancia y la dirigencia popular honestas es frecuente considerarlos a todos como “infiltrados de los servicios”. Esa expresión (aquí encomillada) encierra en sí misma ciertos sobre entendidos herméticos y nunca debatidos abiertamente. Se habla superficialmente de ello -de “los servicios” y sus “infiltrados”- sin que jamás haya una reflexión explícita y con toda la polémica necesaria para alertar a la sociedad sobre su existencia, peligrosidad y las implicancias de su accionar. Solamente se hacen menciones que resultan entendibles para los sectores politizados de la población, en lugar de intentar un ejercicio de pedagogía política que contribuya a un conocimiento colectivo más amplio y generalizado.

Contando solo con esos sobre entendidos y a falta de un esclarecimiento público sobre el tema, puede describirse a tales “servicios” como la forma de denominar a organismos secretos del Estado -formalmente llamados “de inteligencia”- que constituyen un submundo clandestino de espionaje, vigilancia sobre la población, armamento, y aptitud para generar acciones de cualquier tipo pero siempre ocultas al conocimiento público.

Desde allí, con acceso a gigantescas fuentes de financiamiento y recursos de personal, tecnología e impunidad legal, los mandos políticos suelen enviar a agentes encubiertos para provocar en una marcha callejera desmanes y agresiones a fin de aparentar que “los violentos” son los/las que protestan. Esa es una hipótesis que frecuentemente se menciona para explicar los hechos.

Sin embargo, atribuir actos de violencia dentro de manifestaciones populares solamente a los “infiltrados” puede ser un error. Tener certeza o claridad total sobre situaciones confusas siempre es extremadamente difícil, pero tanto el análisis riguroso como la acción política a favor del pueblo entendida con seriedad y compromiso, requieren evitar la pereza intelectual y la facilidad explicativa. Es cómodo atribuir todo a “infiltrados” pero quizás sea muy equivocado.

Uno de los pocos referentes de una organización popular que en diciembre evitó públicamente la respuesta fácil y en cambio se internó en apreciaciones más complejas, fue el abogado y militante Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Sus afirmaciones y pareceres son discutibles y controversiales, como todo en política y en la discusión de ideas, pero tienen la virtud de aportar reflexiones sobre temas incómodos para la argumentación en el debate abierto.

Durante una entrevista radial, admitió que la “lluvia de piedras” que recibieron los policías en la plaza Congreso fue “impresionante”, y a la vez destacó que quienes arrojaban piedrazos eran “una minoría” porque “el 99 por ciento de la gente no estaba para eso”. Pero afirmó que “plantear que hay infiltrados es una simplificación”, aunque “de hecho, es muy probable que haya (habido)”. Ejemplificó con su propia experiencia ese día en la marcha y contó que “en un momento, un tipo de civil me tiró gas en la pierna. Claramente, era un policía que estaba de civil en la manifestación”.

A continuación, hizo referencia a las condiciones de vida de las clases sociales más sufridas, que eventualmente pueden generar actitudes agresivas durante una manifestación política. Dijo que “los pibes de la barriada tienen mucha bronca, y ven esta situación como una oportunidad para descargarla y van dispuestos a todo. Es muy profundo. Por otro lado, hay grupos que hacen de este tipo de acción directa una militancia, con la que no estoy para nada de acuerdo”.

Para poner en contexto sus consideraciones, Grabois expresó que existe una “violencia cotidiana en los barrios populares”, y que ese 18 de diciembre en plaza Congreso “hubo muchos pibes que no estaban en ninguna organización ni estaban infiltrados. Esos pibes, si no están haciendo desmanes ahí, lo están haciendo en otro lado. Esto hay que asumirlo como un problema de todos. Es bueno que se visibilice”.

Las declaraciones fueron realizadas al programa “A los botes” de la radio digital Futurock el pasado 19 de diciembre. La página web del diario El Cronista editó un resumen de conceptos y agregó el audio de la entrevista radial.

Por qué fue todo en paz

Desde el rechazo generalizado al saqueo de las jubilaciones y aquellos violentos sucesos frente al Congreso transcurrieron dos meses, y el descontento social contra el régimen gobernante siguió creciendo. Llegó así la histórica movilización del miércoles pasado en la avenida 9 de julio de Buenos Aires, que además tuvo correlato en ciudades de todas las provincias, como demostración de un estado de ánimo colectivo extendido por el territorio nacional y constitutivo de un fenómeno político nacionalizado y federal.

Pero esta vez, la multitudinaria concentración callejera fue impecablemente pacífica. Se desarrolló sin desmanes de ningún tipo y sin ataques físicos contra ninguna persona, lo cual multiplica su valor. Lo que no ocurrió, es fundamental para que las diversas oposiciones a la derecha gobernante evalúen hoy a esa marcha como un paso trascendental en la construcción de un frente sindical-social que intente frenar la devastación del país, y eventualmente se traduzca en la articulación de estrategias político-electorales que el año próximo puedan enfrentar con éxito al actual oficialismo nacional y a sus equivalentes provinciales.

Las razones por las cuales esta última movilización transcurrió en paz presentan un conjunto de enigmas que quizás nunca puedan ser develados, pero su análisis es posible y eventualmente útil. Una hipótesis es que el macrismo no quiso reprimir. Esa opción no puede descartarse -al menos sin tener información o datos precisos- pero resulta poco probable cuando se trata de un gobierno propenso a ejercer la violencia en las más diversas formas.

Esas formas van desde avalar y encubrir a miembros de reparticiones armadas del Estado que asesinaron a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, hasta pretender convertir en héroe a un policía que mató por la espalda a un ladrón. Desde el encarcelamiento de luchadores/as sociales y dirigentes de la oposición, hasta meter presas, castigar físicamente y perseguir judicialmente a víctimas arrestadas en protestas populares, sean ellas manifestantes o bien personas que estaban allí por otros motivos (como ocurrió precisamente en diciembre en la zona del Parlamento).

Desde perseguir al periodismo crítico hasta convalidar la impunidad de amenazas contra opositores o el asalto de delincuentes a sus hogares. (Esto último lo sufrieron, en los últimos dos años y, por ejemplo, Hebe de Bonafini, el sindicalista de ATE Daniel Catalano, el economista y concejal de San Martín Hernán Letcher, y la periodista Cynthia García, entre otros). Desde derogar leyes de la Nación mediante decretazos presidenciales -algo que antes de Macri solo habían hecho las dictaduras- hasta echar de sus cargos a jueces o fiscales que se oponen a sus intereses.

Para el caso de que el miércoles pasado hubiera existido una decisión política gubernamental de evitar el accionar violento de su aparato armado, una conjetura adicional es que tal vez lo haya hecho para que no se afectara aún más su “imagen ante el mundo”, que es uno de los asuntos que más importan a Macri y su régimen. Ello es así porque los “inversores” extranjeros y los centros de poder internacional desconfían de un país donde haya grandes convulsiones sociales y políticas, aun cuando tengan de su lado a un gobierno que representa sus mismos intereses y les da todas las facilidades para sus negocios y sus planes de dominación.

Pero por fuera de las presunciones sobre lo que hizo o dejó de hacer el macrismo respecto de la no-violencia en la marcha del 21 de febrero, el principal mérito corresponde a los organizadores y responsables políticos, así como a los 200 mil, 300 mil o 400 mil participantes (sea cual haya sido la cantidad de gente que estuvo en la calle ese día).

Si los referentes gremiales y decenas de sindicatos y movimientos sociales convocantes, más las centenares de organizaciones populares de cualquier tipo -políticas, estudiantiles, barriales, territoriales, más un larguísimo “etcétera”- se esmeraron en debatir sobre los métodos de protesta y de toda forma de lucha; si exigieron a sus integrantes un comportamiento racional y disciplinado; si ajustaron sus controles internos y persuadieron a cada participante de la necesidad de evitar cualquier hecho de violencia, eso merece más que un elogio moral y la exaltación de la paz como un valor inherente a los intereses del pueblo argentino y de los pueblos en general.

Aparte de eso, merece una consideración política. Merece resaltarse cuánto se gana en legitimidad ante el conjunto de la sociedad, cuánto se conquista en el debate frente a la opinión pública, cuánto se avanza en la disputa por los consensos necesarios, cuánto se afianza en la conciencia colectiva la oposición a un régimen devastador y cuánto se fortalece, en definitiva, una lucha popular histórica, si las bases sociales y sus conductores políticos son capaces no solo de unificar estrategias de acción sino también de acertar en los métodos apropiados para acumular fuerza en función de los objetivos deseados.

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