A quiénes dejó en el camino el ex gobernador Jorge Sapag cuando  renegociaba prórrogas de concesiones y concesiones nuevas, es uno de los puntos gordos del asunto. Hay otro: es el origen de las denuncias, que provienen del emprendimiento editorial denominado Promotora de Informaciones S.A. (Grupo Prisa), que gira comercialmente en Europa y América Latina desde 1984 y tiene en el diario El País, fundado en 1976, su más conocido medio de prensa.

Este medio es hoy propiedad de accionistas varios que han ido cambiando en su rol dominante al interior del grupo, siendo los principales el fondo Amber Capital (inglés), familia Polanco (sucesores del fundador de Prisa, Jesús de Polanco), el Banco Santander, Telefónica de España y Liberty Acquisition Holding, fondo de inversión de Martín Franklin y Nicolás Berggruen, este último excéntrico y poco conocido filántropo que atesora como fortuna personal la bonita suma de dos mil millones de euros según la revista Forbes.

El diario El País, en su actual conducción editorial, es una fuente constante de operaciones mediáticas en contra de cuanto gobierno exista en el mundo desafecto al neoliberalismo y fulminado, por eso, de populista. En los últimos tiempos se ha destacado por su permanente llamamiento al golpe de Estado en Venezuela.

Ese diario supo ser también el vocero de la petrolera Repsol cuando la presidenta Cristina Kirchner nacionalizó YPF designando a Miguel Galuccio en la presidencia. A partir de ahí, Repsol no pudo poner un pie en Vaca Muerta.

Con estos antecedentes, el interrogante que se abre al compás del flujo informativo sobre el asunto, se vincula a las razones más profundas que han impulsado estas revelaciones. El sano interés por la verdad y nada más que la verdad queda descartado de antemano porque la ingenuidad no tiene cabida aquí, sobre todo teniendo a la vista los antecedentes del medio que ha difundido los presuntos delitos. El diario El País es un operador del neoliberalismo a escala europea y latinoamericana y, como tal, viene difamando a la revolución cubana desde que nació a la vida, y ha redoblado su carácter de órgano del capital concentrado transnacional desde que los procesos soberanistas comenzaron a alumbrar en serie en los albores del siglo XXI. Contra Chávez, contra Lula, contra Kirchner, contra Evo Morales, defendiendo a un prostibulario presidente Temer en Brasil y silenciando prolijamente las maniobras miserables que, en su momento, llevaron a la ruptura legal en Paraguay y Honduras.

Voltear a un muñeco de segunda en la administración Macri constituiría, a primera vista, una anomalía en el historial sesgado a la derecha de la "nave insignia" del grupo editorial con domicilio en Madrid, salvo que el derrotero del buque sea, en este caso, Vaca Muerta y el designio de eliminar escollos en el viaje hacia el puerto apetecido, de modo que "el oro de los neuquinos" quede, en el futuro, a salvo de interferencias locales y servido, en exclusiva, para los jugadores grandes que palpitan el negocio nucleados en la Society of Petroleum Engineers, en la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y en el World Petroleum Congress, tres oenegés estadounidenses, la última de las cuales le acaba de conceder el Dewhurst Award al señor Rex Tillerson por haber mostrado el premiado excelencia en la "petroleum industry" durante el año 2017.

Desde esta óptica, el objetivo principal de la operación mediática sería Sapag y no Díaz Gilligan, bien complementada esta denuncia por el periodismo de la capital argentina que cubre de un discreto y necesario silencio lo atingente al primero en tanto ilumina con reflectores de neón al perejil empujado hacia el podio del merecido escarnio. Queda Telefónica, también accionista del Grupo Prisa, y su desdorosa expulsión del mercado argentino de las comunicaciones en beneficio de su competencia, Cablevisión (Grupo Clarín) y Telecom. Pero suponer que le facturan a Macri la fusión de estas últimas mojándole la oreja con Díaz Gilligan suena improbable.

Por supuesto que nada de esto estaría exculpando al ex gobernador de Neuquén. A estar a la denuncia firmada por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, puede inferirse que se trataría del delito de cohecho (coimas) en concurso real con evasión de impuestos en grado de tentativa y esta última en concurso ideal, en el mismo grado, con lavado de activos y con lo que, eventualmente, resulte conexo con tal conducta, en todo caso moralmente reñida, esta conducta, con lo que debiera ser la foja de alguien que es dirigente político de una provincia cuya capital cuenta con un oeste periférico en el que crecen niños de baja estatura y con tendencia a la obesidad por desnutrición. Además, si hubo coimas, hubo coimero. Las empresas transnacionales que mueven el negocio petrolero a escala mundial también, y en lugar primero, deberían ser investigadas. Parece demasiado.

Buenos abogados, deberá buscarse el ex gobernador. Mejores, en todo caso, que Guillermo Pereyra, cuya defensa no lo favorece en términos políticos. Pero este poder judicial es el mismo que no encontró culpables en el vaciamiento del Banco Provincia por parte de la banda de Sobisch. Y es el mismo que ha perpetrado absoluciones y sobreseimientos propios de un forum shopping antes que de un poder del Estado digno de tal nombre. El pueblo de Neuquén es escéptico, y con razón, en este punto.

Más allá de que el protagonista de turno sea o no santo de nuestra devoción, lo cierto es que nunca hay que tomar el primer colectivo que pase sino sólo el que nos acerca al destino deseado. De lo contrario, todo esto concluirá en un solo resultado previsible: la próxima gobernación a cargo de "Cambiemos" en la persona de sus dirigentes más parlanchines.

El régimen provincial da signos de fatiga y encima recibe el impacto de la operación Andorra. Pero Neuquén está harto de operaciones. Y sustituir el régimen actual por el entenado de un gobierno nacional en decadencia, no es lo mejor que le podría pasar a la provincia, sería un cambio formal y todo volvería a ser más de lo mismo. Porque lo que Neuquén requiere con urgencia es un Poder Judicial independiente, que los ladrones vayan presos y que comience la reconversión económica de la provincia, de modo que cese en su primaria condición dependiente de la regalía hidrocarburífera. Y un partido que en el nivel nacional cree que la Argentina debe asumirse como vendedor de lechuga y no como país industrial no es el más indicado para acometer la tarea que el MPN dejó pendiente después de más de medio siglo.

22/2/2018