Días atrás el vicepresidente del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, publicó un texto titulado La asonada de la clase media decadente, en el que realiza un análisis sobre las clases sociales en dicho país, y en particular sobre las clases medias y sus expresiones políticas. El texto resulta de utilidad analítica para aplicarlo a hechos recientes de la sociedad argentina. Allí se analiza como la clase media tradicional boliviana se moviliza políticamente y reacciona contra una nueva clase media que emergió con el masivo ascenso social que trastoca estructuras.

Una clase social puede ser definida desde el lugar que ocupa en el ámbito de la producción. Desde este punto de vista, en el sistema capitalista existen dos grandes clases sociales: los capitalistas, propietarios del capital, o sea de los medios de producción, y los asalariados, propietarios únicamente de su fuerza de trabajo. Esta clasificación sin embargo se complejiza si se toman en cuenta los consumos culturales y sus usos, los modos de vida, el lugar de residencia y los distintos tipos de capital, no solo el económico sino también el social, el cultural y el simbólico. Desde este marco entonces la estructura social es más compleja y existen diferentes segmentos y fracciones de clase y antagonismos en su interior. El concepto de clase media aparece como una posición intermedia en la estructura social entre los de arriba y los de abajo, y es definido más por sus consumos e identificaciones que por su lugar en la producción.

Según García Linera, “si bien cada persona es un universo diferente a otra en su trayectoria de vida, cuando las estrategias económicas que despliegan, las oportunidades laborales que se les presentan, las maneras generales de enfrentar el porvenir y la forma de apreciar y valorar las cosas del mundo son relativamente convergentes a un espacio común, significa que pertenecen a una misma clase social”. Siguiendo con el autor, el concepto de clase media es tan elástico que obreros con elevadas remuneraciones son catalogados como “clase media” ya no por sus propiedades sino por su capacidad de consumo. En la sociedad argentina, según investigaciones que se han realizado sobre la autopercepción de clase social, la mayoría se define como de clase media, por encima de la media del resto de los países latinoamericanos. Este fenómeno que habla de las aspiraciones y demandas individuales también se expresa políticamente. 

En el denominado conflicto del campo, del que en marzo de 2018 se van a cumplir 10 años, surgido a raíz de la “Resolución 125” que fijaba un nuevo esquena de alícuotas en los derechos de exportación, popularmente conocidos como retenciones, el esquema de alianzas e identificaciones políticas se transformó. Dicho conflicto estructuró el campo político en dos grandes bloques sociales con aspiraciones hegemónicas que se mantuvo al menos hasta el 2015.

Desde el mencionado conflicto, la construcción política de la derecha tuvo en la presencia en la calle un factor fundamental para su desarrollo con la presencia de las clases medias de grandes ciudades. Las grandes manifestaciones callejeras que logró reunir y articular el proyecto neoliberal y conservador, autodenominado republicano, en los cacerolazos del 13 del septiembre y 8 de noviembre de 2012, y el 18 de abril de 2013, lograron consolidar ese espacio y expresarlo electoralmente.

Las consignas más frecuentes estaban ligadas a mayor seguridad, libertad para comprar y atesorar dólares, contra la corrupción, contra la reforma de la justicia y también ante una eventual reforma constitucional que posibilitara una postulación a un tercer mandato de Cristina Kirchner.

A las concentraciones y demandas de clases medias urbanas se pueden agregar los paros y piquetes contra el impuesto a las Ganancias, liderados por los gremios de los sectores de punta de la economía. Estos sectores obreros podría decirse que incorporaron nuevas demandas y pasaron a identificarse en la clase media. También se pueden mencionar los pequeños productores de economías regionales que se identificaron con intereses de grandes propietarios y exportadores.  

El macrismo incorporó esas demandas genéricas y se constituyó como proyecto con aspiraciones hegemónicas. A través de promesas con propiedades mágicas que le fueron conferidas por los medios de comunicación y el marketing, logró interpelar al individuo de clase media urbana y constituirlo en su base social. Otro factor que no puede dejar de señalarse en ese proyecto es la instalación de un discurso anclado en la meritocracia individual, y que tiene como contracara el odio y el desprecio hacia las políticas públicas de transferencia de ingresos a los sectores precarizados. 

Con el triunfo en 2015 el proyecto neoliberal y conservador intenta construir una nueva hegemonía sobre la base de reformas permanentes. Su base social y electoral son las denominadas clases medias de las grandes ciudades y su conducción económica política está conformada por las fracciones del capital concentrado financiero transnacional y agropecuario. Si bien este proyecto ha logrado consolidarse en las elecciones legislativas de medio término, los indicadores negativos de la economía como son por ejemplo el record de endeudamiento externo público y privado, y el record de déficit comercial, ponen por lo menos en cuestión una proyección a largo plazo y el sostenimiento del patrón de acumulación.

En este contexto, las encuestas comienzan a mostrar una caída de la imagen y aprobación del gobierno luego de la reforma previsional y los constantes aumentos tarifarios y de transporte. Sin embargo, la alianza Cambiemos conserva una base social importante. Su proyección a largo plazo está determinada por la consolidación del cambio cultural que lleva adelante y que aspira a “revertir el populismo que infectó todo”, como señaló Macri, a través de permanentes reformas. Cómo se exprese y procese el creciente malestar social en articulaciones políticas es aún una incógnita.