Para muchos la ola de movilizaciones y expresiones de rechazo a las medidas impopulares que llevan adelante el gobierno del Pro y sus aliados son la antesala de una crisis mayor. Hablamos de una crisis presidencial. Del paso de una situación de estabilidad a otra de incertidumbre que podría desembocar en el derrumbe de una presidencia. De allí que en estos días resulta recurrente la comparación de las jornadas de este diciembre con lo sucedido en igual mes del año 2001. Algo de miradas vanguardistas combinado con expectativas en cierto grado “racionales” de un sector político y social enfrentado al gobierno que proponen un escenario de bancarrota para el actual turno presidencial. Varias cuestiones debemos señalar respecto a este imaginario de derrumbe.

Un punto de partida se impone. Forma parte de las miradas “no catastróficas” del consenso logrado entre quienes han abordado de manera comparativa las recientes crisis presidenciales: la caída de un presidente (y de su vice) no interrumpe el itinerario de una democracia. Aún más, estas situaciones ocurridas en la mayor parte de los países de América del Sur y gran parte de Centroamérica, no lograron comprometer la continuidad democrática ni abierto las perspectivas de retorno de actores “antiguos”, mayormente las FFAA.

Esto es válido aun en casos en los cuales los presidentes/as han sido desbancados en situaciones que algunos bautizaron como “golpe blando”. La caída de Fernando Lugo y Dilma Rousseff son algunos de esos ejemplos. A pesar de esas dudosas formas, se mantuvo en pie el horizonte de elecciones periódicas. 2018 será el turno de Brasil para ver si estas condiciones de mantienen. Además, en algunos casos los nuevos gobiernos estuvieron dispuestos a resolver las condiciones que llevaron a esas crisis presidenciales. Argentina post 2001 es ejemplo de ello. Queda igualmente en entredicho la vigencia de una cualidad que planteara la ciencia política respecto a que toda democracia se sostiene en la medida que quienes son elegidos por el voto popular puedan permanecer en el cargo durante el periodo constitucional establecido. Es cierto que muchas democracias continuaron con formulas de baja intensidad.

Queda claro que siempre resulta difícil anunciar una situación de derrumbe. Aún con ello se puede visualizar crisis que afectan la gobernabilidad política. Tal por ejemplo la situación reciente de la presidencia peruana, donde muchos anticipaban la salida del actual mandatario, cosa que no sucedió. Igual que nuestro país, en el que algunos creen ver una presidencia jaqueada por movilizaciones y acciones que en otros tiempos denominaban destituyentes. Mucho de apresuramiento y fallas de cálculo construye un imaginario en que el macrismo vive una fenomenal “crisis presidencial”. Formulas que en gran medida permiten que el actual equipo gobernante logre cerrar filas para hacer más firme su posición.

Es cierto que el actual presidente enfrenta problemas. Sus frentes son muchos y de cierta agitación. El frente económico resulta impredecible, mayormente por la aplicación de recetas ya conocida de híper endeudamiento, déficit ingobernable y monetarismo extremo. Sobre todo, ahora que abandonó el campo de las promesas grandilocuentes y apunta a aplicar su entero programa económico-social. Lo mismo respecto a sus reacciones desmedidas sobre la protesta y las voces que buscan extremar la política de criminalización. Sin embargo, estamos frente a un gobierno que goza de suficiente capital político para responder a la idea de crisis. En primer lugar, de legitimidad: hace dos meses obtuvo un importante apoyo electoral. Recuérdese que antes del diciembre del 2001 hubo unas elecciones también en octubre que mostraron una profunda crisis de confianza y desafección ciudadana.

Lo segundo, la oferta y acción que ofrece el macrisimo y sus aliados siguen siendo un canal de representación para actores que luego de la crisis del 2001/2002 creyeron haber perdido toda chance de contar con algo o alguien que se pusiera el traje que ellos estaban buscando. Mayormente para el mundo no peronista y de sectores de clases medias y medias altas que podían arroparse con el traje democrático, pero anidaban una profunda cultura del autoritarismo. Junto a ello la cuestión, el decisionismo como forma de ejercicio que siempre está en el límite sobre el desempeño democrático. El gobierno nacido el 10 de diciembre de 2015 carece de flojedad en sus decisiones. Y sus aliados se muestran igual de firmes. En tercer lugar, falta un Parlamento en condiciones de desafiar la voluntad del Poder Ejecutivo. Por si fuera poco, hay un gobierno “unido” informal, de ocasión, impuesto por una coalición que además de los legisladores reúne a gobernadores, que pese a sus protestas asumen la lógica de la gobernabilidad del gobierno central. La unidad de ese gobierno cuenta además con los llamados poderes fácticos como pocas veces resultó tan explicito, haciendo que las tesis del viejo Marx sobre la instrumentalidad de clase del Estado queden a la vista.

Finalmente, el imaginario de derrumbe y su proyección sobre el momento presidencial siempre están acompañados de dimensiones subjetivas que aún hoy faltan. Si hay un ciclo más activo de protesta social, que en todo caso no se asemeja tanto a diciembre del 2001 pero sí al momento en que el gobierno de la Alianza anunciaba su fracasada política de “déficit cero”. Diciembre del 2015 se parece más al momento de descontento que fue acumulándose después de Semana Santa del 2001. Para ese momento pocos imaginaban un escenario de derrumbe.