El pasado 1 de setiembre la Legislatura de Río Negro aprobó por 44 votos a favor y sólo uno en contra la Ley, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, que prohibió la instalación de una central nuclear en la provincia, con la salvedad de la instalación de plantas de diseño nacional desarrollada por Invap. 

En aquel momento, más allá de las vicisitudes políticas que vivió el oficialismo gobernante que terminaron en tal determinación, quedó absolutamente claro que el pretendido asentamiento de la central china había sido una gran posibilidad que manejaron inicialmente los gobiernos nacional y provincial pero a falta de “licencia social” quedó frustrada y como un “manotazo de ahogado” se envió el proyecto con la intención de revertir un resultado electoral, aunque, finalmente, tampoco sirvió para eso.

Incluso, aprobada la ley, desde el ministerio de Energía de la Nación se indicó que se encuentran "reevaluando" la locación del proyecto de construcción de la quinta central nuclear fuera del territorio de Río Negro, "a la luz de la nueva posición".

A pocos de haberse cumplido dos meses de aquel acontecimiento el senador Miguel Pichetto, el 22 de octubre, reflota el tema desde Sierra Grande, la ciudad en la que nació políticamente.

Dijo que el debate estuvo mal concebido y “ahora, más serenos, sin campaña, hay que retomarlo”, e incluso avanzó utilizando sus buenas relaciones con la autoridades del gobierno nacional y le anticipó al jefe de gabinete, Marcos Peña, que intentará lograr el consenso que nunca pudo lograr el proyecto.

El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, a quien había disgustado sobremanera la decisión de Weretilneck, dijo que de ninguna manera se iba a resignar y calificó de “inconstitucional” a la ley provincial, basando sus principales argumentos en la autonomía municipal.

Inició el proceso con una consulta popular que se realizó el pasado 17 de diciembre imponiéndose el “sí” por 1.314 votos contra 252 del “no”. Lo llamativo fue el escaso margen de serranos que se acercó a votar, que no llegó al 23 % del padrón, e incluso algunos dudan de esos números en virtud de que no hubo fiscales independientes que controlaran el escrutinio.

Solo como dato comparativo en las elecciones a diputados nacionales, realizadas dos meses antes habían votado 4.700 vecinos, por lo que el intendente había anticipado la participación en la consulta de un 50% del padrón.

Pese a la indiferencia o directamente el rechazo de la inmensa mayoría de la población aquel domingo estaban en la ciudad el secretario de Energía de Nación, Julián Gadano, al senador nacional Miguel Pichetto y al diputado nacional Sergio Wisky, todos promotores del Sí a la central nuclear.

Más allá del resultado, el objetivo era tener la excusa para iniciar el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley y el intendente dijo esa noche “aquí hay licencia social”

El subsecretario de Energía de la Nación Julián Gadano, dijo hace unos días que “se trata de un proceso rionegrino, que tiene que ver con el debate que efectivamente, seguramente se quiere dar y tiene que dar la provincia. Yo creo que justamente lo que no hubo en la provincia es debate y quizás nosotros tenemos parte de la responsabilidad”.

Insistió Gadano que en cuanto a la ubicación de la planta, Río Negro es el lugar ideal por razones geológicas, de ubicación técnica y también económica y que “nosotros estamos totalmente abiertos a volver a Río Negro y estamos a disposición de la provincia si la provincia cambia de opinión”.

El gobernador Weretilneck hace algunas horas en la propia Sierra Grande desechó “toda posibilidad” de que se vuelva a discutir el tema.

“Para nosotros el tema de la central nuclear es un tema que no tiene más análisis. No vamos a modificar la posición que hemos tomado, es un tema cerrado porque fuimos quienes propusimos la central, fracasamos por el rechazo de la sociedad y luego llevamos a la legislatura y sancionamos una ley”, declaró el gobernador.

Por su parte el vicegobernador Pedro Pesatti defendió la ley y dijo que “mientras tenga vigor esa ley en Río Negro hablar de esto es hablar de una quimera porque nos será posible en virtud del imperio que esta legislación genera sobre cualquier alternativa que se le parezca”.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones y que la Legislatura aprobó en setiembre la ley con 44 de 45 votos posibles, aparece como un imposible que al menos con esta conformación el cuerpo legislativo modifique su clara postura, por lo que en todo caso habrá que esperar hasta el 2020 cuando la Cámara tenga otros integrantes para intentar una derogación.

Para ese momento, al menos por los plazos que inicialmente se habían establecido en los acuerdos con China firmados en Mayo, la central ya debería estar en construcción.

Entonces lo que queda es la vía judicial en la que los propulsores de la medida deberán plantear la autonomía municipal.

En tal sentido hay un antecedente que nosotros entendemos que podría utilizarse como argumento de la justicia para terminar con las pretensiones de Pichetto, Iribarren, Gadano y un grupo de vecinos de Sierra Grande.

En agosto del 2013 el Concejo Deliberante de Allen, aprobó un proyecto de Ordenanza en el cual se prohibió la utilización del fracking o “fractura hidráulica” en la actividad hidrocarburífera dentro del ejido de la ciudad, lo cual fue recurrido por el gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.

Cuatro meses después, en diciembre del 2013, el STJ y con el voto rector de Ricardo Apcarián, falló a favor del gobierno provincial y declaró la “inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal 046/2013 de fecha 22 de agosto de 2013, de la municipalidad de Allen, por ausencia de competencia.

Si bien ese caso se refería a competencia en “materia hidrocarburífera”, en los considerandos de aquel fallo del Superior Tribunal de Justicia se dice que “si bien la autonomía municipal importa el reconocimiento de un status jurídico propio, ello no significa una equivalencia jerárquica, sino que sus posibilidades de actuación deben coordinarse y armonizarse con el reparto de competencias y atribuciones que efectúan la Constitución Nacional y Provincial respecto de cada uno de esos niveles de gobierno”

Prosigue diciendo que “la autonomía, por su naturaleza, supone un poder limitado. Con ello se quiere significar que "autonomía" no es "soberanía", y ni siquiera esta última está exenta de límites. De allí que los municipios, aún cuando sean autónomos, se hallan insertos en una unidad dentro de la cual se desarrollan y adquieren su justo sentido. Ello no colisiona ni excluye la competencia que en razón de la materia pueden tener y ejercer la Provincia o la Nación.

Sin ser jueces, ni abogados, ni mucho menos; todo parece indicar que ese fallo del Superior Tribunal de Justicia de diciembre del 2013 sienta jurisprudencia respecto a los conflictos entre la provincia y los municipios y podría ser aplicado en el caso en análisis.