Nuestro país es sensible a sus diciembres. Desde el año 2001 un temor reverencial recorre el último mes del calendario. La idea de derrumbe siempre presente. Con ello el fantasma de brutales represiones y desmadres sociales. Lo mismo respecto a la imagen de despojo. Siempre el Estado y quienes conducen sus destinos del momento aparecen como responsable. La construcción negativa de la vida política de la Argentina promedio logra instalarse como verdad indiscutida frente a todo diciembre.

Parece ser, diciembre, un momento ideal para un conjunto de ensayos de ese laboratorio que persistentemente es la vida política en democracia. Siempre es el palacio de gobierno, aunque sea solo municipal, desde donde se hacen experimentos y se montan los más diversos ensayos. Lo cierto es que ese gran laboratorio que es la política democrática vuelca sus ingenierías tanto en el nivel horizontal de las estructuras de poder como frente a los humores de la “calle”. Este segundo mundo es donde se expresan demandas, expectativas y cuando no enojos que alertan a gobernantes e ingenieros de la política. De allí, los muchos ensayos conocidos y otros más audaces.

Los laboratoristas de la política saben de los riesgos de correr las fronteras de la acción gubernamental y del impacto de las libertades y el llamado juego democrático. Y cuando lo hacen sobre los hombres y órganos de poder pueden conformar el mejor gobierno posible. También el peor de todos. Por ello, el mejor de los ensayistas de laboratorio es el que ofrece su compromiso y lealtad hacia aquellos valores. Los otros, además de desleales, resultan exponentes desquiciados que saben de antemano que sus acciones ponen en riesgo vidas y derechos. Y por supuesto esa deslealtad es hacia Estado de Derecho y la democracia misma. 

Es sabido que después de la feroz represión de fin de 2001, comenzó a tolerarse la movilizacion y ocupación del espacio público. Emergió un laboratorio con políticas nuevas, mayormente complacientes y amigable para con los actores de la protesta y sus repertorios. Todo para reemplazar al viejo laboratorio que falló abiertamente cuando, además de confiscatorio, recurrió a la figura ultra excepcional del Estado de Sitio. Se impuso la lógica de la canalización y control del conflicto. Bajo esas reglas se construyó el nuevo laboratorio del poder político. Si bien es cierto que durante cada diciembre de esa larga década se sucedieron tensiones y disputas graves, el Palacio y sus residentes evitaban meterse en embrollos de magnitud. Las tres administraciones kirchneristas procuraron ralentizar la vida en las calles. Aun así, hubo años que este objetivo fracasó, aunque el centro de cuestionamiento no resultó la administración nacional quién seguía abocada a sus fórmulas de tolerancia. Ciertamente, la mayor parte de esos embrollos se desplegaron en las provincias. Testigo a veces de errores de cálculo o desmadre de los laboratorios locales, resultaron, entre otros, el prolongado conflicto por la ocupación de tierras públicas en Villa Soldati en 2010 en la ciudad administrada por el primer Mauricio Macri. Lo mismo ocurrió con desmadrados levantamientos policiales de diciembre de 2013 y la consecuente ola de saqueos y muertos en provincias, algunas amigas del gobierno nacional de entonces, como Entre Ríos y Tucumán. Córdoba, ya nada amigable para con el gobierno de Cristina Fernández, también tuvo su diciembre policial.

A distancia de aquel tiempo, el recambio presidencial de 2015 contó con las ventajas de dos diciembres “pacíficos”. Esos diciembres le dieron esa suerte de “carta blanca” que brinda siempre la esperanza de que algo nuevo y mejor va a suceder. Parecía entonces que todo se remitiría a sacudir las estructuras estatales, sin impacto sobre la ciudadanía. Se afirmaba entonces que la “calle” estaría pacificada porque el nuevo laboratorio de la política había sido ganado por la prudencia y el gradualismo. No todo tuvo ese sello ya que se inició un brusco ciclo de reformas institucionales a medida del nuevo espíritu gubernamental. Solo mencionar el primer y muy osado ensayo de laboratorio de la administración naciente del PRO con el original decreto de nombramiento “en comisión” de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La medida, a toda vista excepcional, fue cuestionada de inmediato y prontamente se dejó de lado. No porque conmoviera la vida en la calle sino porque resultaba extraña y muy onerosa en costos de negociación para con los propios. Solo un mundo muy estrecho de la crítica tomó en cuenta este primer paso como anticipo del brusco decisionismo político que vendría. No había duda, que los principales ensayos del laboratorio proísta se desarrollarían dentro del campo judicial. Durante estos dos años se desplegaron nuevos experimentos. El ámbito de aplicación estuvo destinado a jueces y funcionarios judiciales. Aquí se puso la braza caliente de domesticar, hacer funcionales o simplemente cerrar las lealtades largamente obtenidas de estructuras que se saben aristocráticas por ingresos, apellidos y posiciones de autoridad. Y el broche de oro debía venir con la actual ola de procesamientos, imputaciones y prisiones efectivas destinada a dirigentes de la principal oposición política del país.