Cuando en un país cambia un gobierno, gana claramente sus elecciones de medio término, y esto impacta directamente en la justicia, la conclusión es que la justicia no es independiente. En lugar de controlar el cumplimiento de las normas que nos rigen a todos y garantizar el principio liberal básico de igualdad ante la ley, la justicia se somete al poder político de turno y esto se traduce en la transgresión del Estado de derecho. 

La excepcionalidad se hizo norma en nuestro país para un sector concreto de la política, la oposición más numerosa y sus líderes naturales. Es así como podemos darle contexto y explicación, nunca justificación, a los hechos que nos sacuden en estos días.

Nada importa, ni siquiera el formato judicial de nuestro país, que a diferencia del anglosajón no sienta doctrinas que importen más que las normas instituidas. La supuesta “nueva doctrina” de la Sala II, que toma el nombre del juez que la firmo y que será seguramente un ejemplo a futuro de lo que no debe hacerse, convierte lo excepcional, la prisión preventiva, en norma, pero solo por ahora para su uso contra los dirigentes kirchneristas. Esta doctrina le ha permitido a un juez federal, de cuando menos dudoso profesionalismo y ética, convertir este recurso en la norma aplicable solo a los dirigentes kirchneristas y en particular a la principal líder de este espacio opositor.

El primer ensayo vino desde el inicio de este gobierno con Milagro Salas. Continuó luego con dirigentes que han sido ministro y vicepresidente, y ahora, y no por una causa de corrupción, coloca en prisión  a dirigentes de diferente calado y pretende el mismo camino para la dos veces electa presidenta de nuestro país, Cristina Fernández.

Los hechos no dejan lugar a duda, Argentina volvió al lote de los países con presos políticos,  con democracias disminuidas y con destino de convulsión social. Nuestra derecha, revestida de “institucionalidad”, “democracia” y “modernidad”, no hace más que regresar a pasados oscuros que pensábamos no vivir más.

Es este un Estado argentino que apuesta a la concentración de todos los poderes, incluidos el cuarto poder, el de los medios de comunicación. Cuando esto se produce, la reacción social tarde o temprano llega y para esto también tienen respuestas, la represión. Gracias al invento de enemigos internos inexistentes, como la RAM mapuche, diferentes cuerpos de seguridad han saltado a la palestra pública con acciones deleznables que ya se cobraron dos vidas en nuestra cordillera, la última además con balas de plomo. Estos hechos adelantan claramente la política frente a la disidencia social. Es un mensaje que no deja lugar a dudas. La vida de los que se oponen al Estado carece de valor.

Detenidos sin debido proceso, garantías inexistentes, derechos vulnerados e incluso la vida arrebatada, crean un clima muy complejo para la oposición política, precisamente cuando el gobierno necesita de su apoyo para las reformas estructurales que está empeñado en realizar.

El fuerte aparato mediático que instala y legitima socialmente las condenas antes de los debidos procesos judiciales y que tiene voceros inimputables como Elisa Carrió, hace su trabajo a cada instante y consolida un elemento que hacía tiempo no se veía en nuestro país, el miedo, la voluntad de amedrentar a aquellos que pretenden un modelo diferente. La cárcel aparece en el horizonte de numerosos políticos que no perteneciendo al bloque Cambiemos repiensan en estos días sus posibles acciones.

A los políticos el miedo y a la oposición en la calle o en las montañas las fuerzas de seguridad.  Esta es la política pública no reconocida de este gobierno, que por supuesto beneficia a grupos económicos concentrados mientras deprime la economía de la mayoría de la población. Cárcel al kirchnerismo como pantalla además para el daño a los jubilados. A la poca justicia adversa al gobierno que queda, la respuesta es la amenaza o la concreción de juicio político.

La estrategia, exitosa para la elite del mundo Pro y para aquellos sectores convencidos por el fuerte respaldo mediático al macrismo, conlleva un riesgo enorme, la movilización popular, el hartazgo ante tanto abuso, que puede producirse ahora, en el futuro inmediato o a mediano plazo.

Mientras tanto, los políticos y empleados judiciales oficialistas siguen haciendo de las suyas, campando libremente por las praderas de la Argentina de Cambiemos.  Esperemos que políticos y miembros de la justicia con mayor criterio y objetividad comiencen a levantar su voz y contribuyan a evitar la polarización y el desborde que este gobierno sigue sembrando.