La idea de elevar la administración estatal al pináculo del poder social fue una construcción del siglo XX. Si se lograba, la humanidad y los Estados darían un gran salto en la relación política y administración. Se realizaría la aspiración de autonomía e imparcialidad del Estado frente al ciudadano. Un buen Estado para un mejor ciudadano. Para ello se proponía la selección de un funcionariado racional, especializado, profesional. Hasta su carácter y modalidades importaban. El personal del Estado debía ser educado, serio, pulcro, afable. Si había un horizonte deseable para quien accedían a la función pública no podía ser otro que atender al “interés del desinterés”. Su guía sería la imparcialidad y la universalidad. Y su mayor identificación trabajar por el bien de todos. Desde sus mostradores debía atenderse con solvencia. Todos los ciudadanos tendrían que ser tratados como iguales. Era parte de la consagración del ideal de igualdad frente al Estado y por ende la ley. Primaría entonces eso que un autor francés llamo el triunfo del “corporativismo de lo universal”. Todo apuntaba a lograr una burocracia entendida como buena. Esa administración resultaba del gobierno de la regla y la razón. Los resultados que vinieran de cada parte de la burocracia debían valorarse a partir del término eficacia. Eficiencia era su voz. Aplicada por jefes de la política y público en general. La contracara de esta construcción era la corrupción del funcionariado. Esta no era otra cosa que poner delante de todo el interés personalísimo. Si ocurría esto se volvería a tiempos en que un puesto en la administración era una mercancía y con ello el dominio del “corporativismo de lo particular”.

La fórmula de la administración racional no siempre se llevó bien con el ideal y la práctica de la democracia, en cualquier forma en que esta se expresara. Ya sea como gobierno del político profesional o bajo la aspiración de un efectivo gobierno del pueblo a través de una representación auténtica. Aún más, fue negada la mayor de las veces por quienes accedían a la “dirección política” de la administración estatal luego de ganar elecciones. Antes, esos mismos actores, en tiempos de promesas, proclamaban a todo el universo de votantes la necesidad de corregir la administración promoviendo el discurso de la imparcialidad y la eficiencia. De derrota de la corrupción.

La historia nos dice que fueron los prusianos de sus tiempos imperiales quienes empezaron a construir la primera imagen racionalista del poder de la administración. Luego, norteamericanos y franceses, ofrecieron su propia versión. Para ello, sobre todo los primeros, debieron superar lo que se conoció como sistema del botín. Ese que daba derecho al partido que llegara al gobierno de cambiar los elencos de funcionarios heredados y nombrar a los suyos. El sistema surgió con las llamadas presidencias populistas del siglo XIX. Obviamente, el nombre exageraba al denominar un gobierno de constitución menos aristocrática. En Francia ocurrió lo mismo. Los hombres de la Revolución Francesa de 1789 sospechaban de una administración neutral. El funcionariado era un actor dependiente del poder político. Porque la política del pueblo debía imponerse sobre la administración. El papel de los empleados públicos tenía que limitarse a la ejecución mecánica de las leyes y decisiones emanadas de los delegados de la soberanía popular. Ese era el ideal. Y por supuesto nunca alcanzado ya que se impuso un sistema de patronazgo muy parecido al sistema del botín de los norteamericanos. Recién a fines del siglo XIX comienza a discutirse estas visiones de la relación entre la administración y la política.

El siglo XXI vuelve a la carga con el ideal de una administración “objetiva”, o sea distante de los vaivenes de quien gane o pierda las elecciones. Y este es sin duda el gran desafío de los tiempos más recientes de las democracias que conocemos. Aquí es donde meten la cola quienes insisten en separar política de administración, de acuerdo al ideario “liberal”. Aún así en nuestro país, sus expresiones siempre “sui generis” consideran necesaria una transición que obligue en la práctica a soldar administración y política. Lo que los deja más cerca del sistema del botínque del ideal propuesto. Los tiempos presentes y futuros del reformismo de la administración que propone del macrismo gobernante caminan por esa senda. Y con ello otra vez el triunfo del corporativismo de lo particular.