El trabajo llevado adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con los Panama Papers salpicó a líderes de distintos lugares del mundo. Una de las consecuencias políticas inmediatas de la filtración ha sido la exigencia de nuevas elecciones en Islandia, ya que el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson, su ministra del interior y el de finanzas  aparecieron entre los involucrados y debieron apartarse de sus cargos. Similares situaciones se sucedieron en Singapur, Ucrania y Pakistán.

Mauricio Macri, figura entre aquellos jefes de Estado participes de las operaciones evasivas. Junto a Macri, las nuevas investigaciones conocidas como los Paradise Papers, involucran también a miembros de su gabinete, como al ministro de finanzas, Luis Caputo y el ex ceo de Shell y actual ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Pero, ¿cuánto incide en términos reales las maniobras de evasión impositivas llevadas adelantes por estas poderosas minorías?

Al ocultar su riqueza en paraísos fiscales, las personas y empresas eluden el pago de impuestos en los países donde hacen los negocios y logran sus fortunas. De ese modo, las enormes cantidades de dinero que circulan en sistemas financieros secretos están empobreciendo al mundo.

Uno de los mecanismos principales por el cual los gobiernos logran los recursos para llevar adelante las políticas públicas tendientes a financiar proyectos destinados a la salud, la educación, y demás obras de infraestructura, se basan, precisamente en la recaudación de impuestos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la pérdida anual global en materia de recaudación por la evasión fiscal asciende a 240 mil millones de dólares. Es decir, esas enormes cantidades de dinero dejan de ser percibidas por los Estados, de manera que los gobiernos obtienen menos recursos para implementar políticas públicas destinadas a sus pueblos.

Desde Oxfam (ONG mundial que trabaja en con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza), aseguraron en un informe que este sistema de evasión mediante cuentas off shore en paraísos fiscales, "está absorbiendo la vida de los estados de bienestar en el mundo rico", pero que resulta “aún más dramática en los países pobres o en desarrollo”.

Sólo la evasión de impuestos corporativos cuesta al menos “100 mil millones de dólares cada año a los países no desarrollados”. Este monto, "es dinero suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de casi 8 millones de madres, bebés y niños al año", afirma el informe.

En África, ejemplifican, se pierden 14 mil millones de dólares anuales en tributos por el uso de paraísos fiscales de parte de los ultrarricos. Según Oxfam, ese dinero “cubriría los costos de atención médica para 4 millones de niños del continente”,  y que, bien empleado, “aseguraría la cobertura de educación para todos los chicos de África”.

En una realidad angustiante e hipócrita del mundo capitalista, las autoridades africanas estiman que el continente pierde más dinero en la evasión fiscal de lo recibe en forma de ayuda internacional.

Respecto a América Latina, según una investigación del Foro Económico Mundial, "gran parte de la riqueza del continente se mantiene en paraísos fiscales, lo que significa que una parte importante de los beneficios del crecimiento de América Latina se escapan en maniobras evasivas perpetradas por las clases ricas”.

Ese dinero negro, que debería destinarse a políticas públicas direccionadas a la reducción de la brecha entre ricos y pobres, y a la mejora en la calidad de vida de sus habitantes,  “está en manos de un pequeño número de personas muy ricas, a expensas de los pobres y las clases medias".

Según consigna el diario británico BBC, la revista Buró Nacional de Investigación Económica (NBER) público un estudio en el que asegura que  “el 80% de todo el dinero guardado en paraíso fiscales a través de empresas off shore, pertenece al 0,1% más rico del mundo”.

En este sentido, Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal) afirma que “entre 21 y 32 billones de dólares en activos financieros  podrían llegar a estar afectados a operaciones offshore”. Es decir, dinero que evita el pago de impuestos, y de esa manera restringe las capacidades de los Estados en el ejercicio de sus gobiernos en beneficio a la sociedad.

Otro consultora, en este caso, The Boston Consulting Group, estimó la cifra en circulación en paraísos fiscales es un monto equivalente al 10% del PIB global, es decir, un monto más grande que la economía japonesa.

Incluso, según James Henry, autor del libro The Blood Bankers ("Los banqueros de sangre"), el monto resulta superior y asciende a 36 billones de dólares, lo cual implica el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos.

Es por eso, que la gravedad de que miembros de la política y funcionarios de alta jerarquía, se encuentren implicados en maniobras como las difundidas y mencionadas, implica una dicotomía ética, moral y cultural.

Según Martin Guzmán, miembro de la INET Grupo de Investigación presidido por Joseph Stiglitz,  “la persona, que en el marco de una sociedad,  se elige como lider, a la que se le da el mandato de liderar los procesos de desarrollo de una nación, lo ultimo que debería tener en la cabeza es la posibilidad de eludir el pago de impuestos por que es la premisa básica de cualquier idea de desarrollo”.

Que aparezcan funcionarios o mandatarios implicados en estos informes, como directores de sociedades off shore, por más que se argumente alguna legalidad en el procedimiento, no los exime de la culpa de estar faltando al mandato que les han dado sus sociedades. Que quien debe recaudar y admnistrar los impuestos, busque la forma de evadirlos, resulta una terrible contradicción.