En el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el año 2018 está previsto para el sector público nacional gastos por 2.721 miles de millones de pesos (es decir, 2 billones 721 mil millones) e ingresos por 2.326 millones. Un déficit primario de 395 mil millones de pesos, equivalente al 3,3% del PBI. A ese importe hay que sumarle los intereses a pagar (286 mil millones netos, descontados los 122 mil millones a pagar a organismos que pertenecen al mismo sector) por lo que el déficit financiero previsto es de 681 mil millones de pesos (5,5% del PBI). Sumado todos los intereses el déficit alcanza al 6,5%, a los que habría que sumar el déficit cuasi fiscal, originado principalmente por los intereses que paga el Banco Central, con lo que se va aproximadamente al 8,6%. Y falta el déficit de las provincias y municipalidades.

El FMI en su auditoría anterior (noviembre del 2016), la primera después de que el anterior gobierno liberara al país de su tutela, alertó sobre la necesidad de disminuir ese déficit, agravado por la existencia simultánea de un alto déficit externo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para el fondo monetario no basta con la disminución de los subsidios económicos (compensados con la suba de las tarifas de los servicios públicos) sino que hay que “racionalizar el gasto público” (lo que en el lenguaje del Fondo debe leerse como “bajar la partida de sueldos”) y buscar la “sustentabilidad financiera del sistema previsional”, para lo cual recomienda cambiar la fórmula de actualización jubilatoria, bajar la proporción de la primera jubilación respecto al último sueldo y aumentar la edad de la jubilación (mujeres de 60 a los 65 años).

El 30 de octubre pasado llegó la segunda misión del Fondo para realizar la nueva auditoría. Habrá que ver con que propuestas se despacha esta vez. Por lo pronto, el gobierno, a la semana de las elecciones, informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior.

No se dice que el déficit fiscal ha sido fuertemente incrementado por la eliminación de impuestos, en particular las retenciones a las exportaciones primarias, ni por la apertura externa de la economía, que generó una avalancha de importaciones que llevó a un modelo de endeudamiento permanente, convirtiendo a los intereses en la principal partida del presupuesto nacional, superior inclusive al déficit previsional o al gasto previsto para educación.

Es que el déficit en pesos se cubre con deuda interna o emisión de dinero, mientras que el déficit externo se está cubriendo con deuda externa o con ingreso de capitales a corto plazo, atraídos por la alta tasa de interés que paga el Banco Central por la Lebac; en este último caso también implica aumento del dinero emitido para convertir los dólares ingresados en pesos. Para evitar que el exceso de dinero impacte sobre la cotización del dólar, aumentando los precios de toda la economía, la autoridad monetaria emite nuevas letras que neutralicen ese exceso, en un endeudamiento convertido en una bola de nieve que ya superó el billón de pesos de deuda.

Así como el dicho popular que viene del viejo imperio romano dice que “todos los caminos conducen a Roma”, acá todos los caminos conducen a más endeudamiento y más intereses. Y en lugar de buscar y corregir la raíz del problema, restableciendo los impuestos eliminados o reducidos y la apertura económica indiscriminada, se procura que lo pague el pueblo, en particular trabajadores, jubilados, las provincias y las economías regionales.

María Elena Walsh en “Diablo ¿Estas?” cantaba:

Me estoy poniendo la capelina
y un delantal de caridad.
Primero invento pobres y enfermos,
después regalo el hospital.

Lo que se podría parafrasear diciendo que “primero invento al déficit y después hago el ajuste fiscal”.