La ciudad de Esquel, en la provincia del Chubut,  es conocida por sus bellezas naturales pero fundamente por sus luchadores del “No a la mina”. Aquel proceso se inició en el 2001 cuando irrumpió, en el territorio de la Comunidad “Huisca Antieco”, una empresa minera multinacional la Meridian Gold para realizar prospecciones en busca de oro. La empresa había obtenido permisos de exploración desde las instituciones provinciales sin consultar a la comunidad y violando toda la legislación provincial e internacional. El conflicto estalló y la empresa guardó silencio hasta que finalmente compró el proyecto minero de la empresa “El Desquite”, ubicado en el Cordón Esquel, a pocos kilómetros de la ciudad.  En esta oportunidad, el gobierno provincial conjuntamente con el municipio de Esquel intentaron desactivar cualquier posibilidad de resistencia o cuestionamiento hacia el proyecto minero, desanimando o dificultando cualquier posibilidad de discusión ciudadana sobre el asunto. Pero la sociedad no pudo ser silenciada y en marzo de 2003 en un plebiscito no vinculante el 82% de la población dijo no al proyecto minero.

Desde aquel entonces, numerosos vecinos fueron agredidos, hostigados y perseguidos por patotas, y también fueron víctimas de espionaje y amenazas anónimas que generaron numerosas denuncias penales ciudadanas ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel las cuales, en la gran mayoría de los casos quedaron sin investigar, y poco a poco fueron cayendo en el olvido.

En ese territorio de tierras entregadas desde el siglo XIX a los intereses internacionales; hoy pujan proyectos contrapuestos: de un lado la voracidad de las mineras internacionales y de otro la lucha por la recuperación de tierras ancestrales de los pueblos originarios.

La recuperación de marzo del 2015 fue seguida de cinco intentos de desalojo que fueron incrementando su complejidad con el devenir de los meses: por el uso combinado de las fuerzas represivas del Estado nacional y provincial, por el uso de múltiples armas de fuego y por el maltrato que recibieron indiscriminadamente los miembros de la comunidad. El corolario es sabido, la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017.

Durante todos estos años, la población de Esquel siguió siendo vigilada tal como se mostró en el juicio de extradición que se llevó a cabo en Agosto de 2016 al Lonco Facundo Jones Huala. Este proceso culminó con su liberación porque como se demostró en el debate y en el fallo del Juez Federal Guido Otranto: “no se puede autorizar la extradición solicitada respecto de Francisco Facundo Jones Huala, sin violar su garantía al debido proceso legal. En efecto, sólo dando valor a las manifestaciones obtenidas bajo apremio ilegal policial que permitieron descubrir que [el lonco] estaba en esta región y se había escapado de Chile, lo cual desencadenó de manera directa e inmediata que se solicite su captura internacional y extradición, puede permitirse que se restrinja su derecho a permanecer en este país (artículo 14 de la Const. Nacional) entregándolo a las autoridades chilenas para que sea juzgado por hechos cometidos en ese territorio. Frente a esto, corresponde declarar la nulidad del informe que presentó la División Policial de Investigaciones de Esquel el día 10 de febrero de 2014 que dio origen a este proceso de extradición y todo lo actuado en su consecuencia dado que, como se vio, no existe una vía independiente de investigación que permita salvar la validez de este procedimiento sorteando el escollo que implica la ilegalidad de origen”. ^[1]

En diciembre del 2016, el intendente del Maitén reconoció y agradeció públicamente a la Estancia Benetton porque gracias a que le adelantaron los impuestos anuales, la municipalidad pudo abonar los sueldos y el aguinaldo de sus empleados. Justamente, en la zona conocida como Leleque entre Esquel y el Maitén sobre la ruta nacional 40,habitan varias comunidades que han recuperado territorios ancestrales que hoy son parte de las estancias Benetton. De las 900 mil hectáreas que la compañía multinacional posee en Argentina; específicamente, en Chubut, cuenta con dos estancias Leleque y Maite?n con 183.100 hectáreas y 123.000 hectáreas, respectivamente.

No hay que ser muy perspicaz para comprender que el complejo entramado de intereses políticos y económicos que envuelve la zona y la hace tan apetecible sea el mismo que reparte violencia y muerte.

Nos hemos acostumbrados a nombrar haciendo uso de eufemismos, quizás este pueda ser pensado como uno de nuestros defectos de origen. Podrían mencionarse muchos ejemplos; remitiéndonos  a principios de siglo XX, cuando los sectores populares presionaban por mejoras laborales fueron: “la cuestión social”. Y la cuestión  social terminó con la masacre de los trabajadores en Santa Cruz, en la década de 1920.

En el presente, en los dos últimos meses, Santiago Maldonado pasó de ser el tatuador de El Bolsón, el hippie con rastras, a ser nominado como un guerrillero infiltrado de la FARC o el enlace del RAM entre los mapuches ubicados a  ambos lados de la cordillera de Los Andes.

¿Es que acaso esos motes pueden encubrir que Santiago Maldonado desapareció en un procedimiento de características brutales, que todos hemos podido comprobar a partir de las filmaciones realizadas por las propias fuerzas represivas y; que esa desaparición culminó con la desaparición forzada de una persona?

¿Acaso el recrudecimiento de la violencia con que se realizaron los desalojos, durante todo este tiempo, no hacían augurar que la cordillera se cubriría de sangre en alguno de ellos? Quizás la pregunta más inocente sea ¿por qué el poder político no detuvo la escalada de violencia antes? Todos sabemos la respuesta.

Y ahora; que ya sabemos dónde está Santiago Maldonado quizás valga preguntarnos:

¿Dónde está la Justicia?