El gobierno viene insistiendo en la necesidad de mejorar la productividad y disminuir los costos salariales con el objeto de lograr un nivel aceptable de competitividad internacional para insertarse en el mercado mundial.

Por razones históricas y culturales, como la inexistencia de mano de obra esclava desde sus orígenes, la temprana organización gremial de las clases trabajadoras, el poder político de las mismas, primero con las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas y, a partir de 1946, con el peronismo y también por una riqueza relativa respecto a las demás economías latinoamericanas, los jornales en Argentina siempre fueron más elevados que en los otros países del continente. Según los datos de “The Conference Board”, en 2010 el promedio del salario industrial registrado en Argentina era un 38% mayor que en Brasil y un 103% que en México.

A partir del año 2012, debido a las modificaciones producidas en el mercado internacional y la caída de los precios de las materias primas, tanto Brasil como México entraron en una política de devaluación de la moneda, con fuerte caída de los salarios reales, de forma tal que en noviembre del 2015 la diferencia había crecido al 167% y 240% respectivamente.

Con la devaluación de aproximadamente el 40% decretado al asumir el nuevo gobierno, esas diferencias se achicaron, pero por poco tiempo. Resulta que en nuestro país la devaluación, si no existen retenciones que defiendan al mercado interno, inmediatamente se trasladan a los alimentos, que son la principal exportación, mientras que la industria es altamente dependiente de la importación, por lo que rápidamente la inflación anula los efectos de la devaluación y obliga a un ajuste nominal de los salarios. El año 2016 cerró con una pérdida del salario real entre el 7% y el 10%, diferencia que mermó durante el corriente año.

Si tomamos como punto de referencia los costos salariales del año 2013 (según “The Conference Board”) tenemos el siguiente ranking: Alemania 49 dólares la hora, Italia 36,90, Estados Unidos y Canadá 36,3 y, bastante más abajo, Argentina con 20, Grecia 19, Portugal 12,9, Brasil 10,7 y México con 6,8.

Hay que tomar conciencia que si realmente el plan del gobierno es equiparar los costos laborales con los países latinoamericanos (como Brasil y México), necesita reducir a la mitad el costo salarial medido en dólares. Según informa el economista Andrés Asiain, las cargas sociales explican solamente entre el 5% y el 13% de las diferencias, por lo que para lograr esa reducción se debe disminuir directamente el valor en dólares del dinero que reciben mensualmente por su trabajo, que representa entre el 87% y el 95% de la diferencia. Esto no sería algo novedoso o impensado para el neoliberalismo, el FMI y la Organización Mundial del Comercio, ya que en Grecia esta política hizo que los salarios reales cayeran a la mitad en estos últimos 8 años.

Si bien los voceros gubernamentales, por razones electorales, evitan precisiones al respecto, es indudable que existe el plan de imitar las reformas laborales del Brasil. Con la nueva ley los contratos de trabajo privados (por sector, empresa o individuales) tienen preeminencia sobre la legislación vigente y sobre los convenio colectivos de trabajo; se podrán establecer jornadas de hasta 12 horas (respetando las 44 semanales) y valen los contratos sobre base horaria, con pago por jornada y no mensual, de hasta 30 horas semanales. Amplía las posibilidades de terciarizar tareas y se permite el trabajo de embarazadas en ambientes no del todo salubres. La indemnización por despido ya no está más atada a la retribución del trabajador y el preaviso se disminuye a 15 días, mientras que las vacaciones podrán fraccionarse hasta en tres períodos, etc.

Para poder imponer semejante plan y evitar las lógicas resistencias futuras, es necesario antes destruir o domesticar al poder sindical, cosa que en nuestro país ya empezó, aprovechando la existencia de una dirigencia muchas veces bien cuestionada. Esa tarea en Brasil se impuso por ley, mediante la eliminación del aporte obligatorio de los trabajadores a las organizaciones sindicales, que ahora es voluntario, y al permitir a las empresas negociar las condiciones de trabajo con  comisiones no sindicales.

Es preciso entender que los afectados por estas medidas no son solamente los dirigentes gremiales o los trabajadores industriales. La caída salarial y la pérdida de conquistas sociales será para todos y como eso traduce en el poder adquisitivo de las mayorías, caería aún más la demanda agregada y con ello las ventas comerciales, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas y también a los profesionales y demás trabajadores independientes.

El defender al trabajo argentino es una cuestión que nos debe preocupar a todos.