La salud es un derecho y un bien social que debe ser garantizado por el Estado, como así también la educación y la previsión social son asuntos de responsabilidad estatal y por lo tanto irrenunciables, indelegables e innegociables.

Los gobiernos que instrumentan proyectos políticos de exclusión social, de rebajas salariales, de empobrecimiento, de destrucción del empleo, traen aparejado indefectiblemente un deterioro en la Salud, que termina expresándose en los determinantes sociales.

Durante estos últimos 20 meses, el gobierno nacional dio muestras de entender la salud como un bien de mercado, con medidas de ajuste, desinversión e ineficiencia. Desde que asumió el “cambio” se pasó del total presupuestado en salud de un 2,3 % en el 2016 a un 1,94% para el 2018, logrando una disminución del presupuesto del orden del 15 % en comparación entre esos años.

Para ser más específico, las primeras acciones del gobierno en la reducción de las partidas presupuestarias en salud, fueron de un 2,28 % del total de gastos nacionales en 2016 a 1,96 % en el 2017. Asimismo, hubo subejecución presupuestaria donde los programas de salud con extensión territorial o de acción directa sobre las poblaciones más vulnerables fueron las más afectadas. Casos que muestra la poca presencia del Estado Nacional y que sufrieron ajustes económicos, son algunos ejemplos como la dirección de Sida que tuvo una subejecución presupuestaria del 78,61 %, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable con un 78,94 % y el Programa Nacional de Salud Escolar ejecutó apenas un 37,54 % del presupuesto (Gestar.org).

Lejos de “ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales”, otros programas de llegada territorial fueron desmantelados como el Programa Médicos Comunitarios, el Plan Qunita y el programa “Argentina sonríe”, plan de salud dental, que había sido implementado a fines del 2015.

Respecto de la política de medicamentos, el panorama es desolador. El programa Remediar, que realiza la compra y distribución de medicamentos a más de 7 mil centros de atención primaria de la salud de todo el país, transfirió a las provincias 40 % menos. Los medicamentos de mayor demanda sufrieron aumentos muy por encima de la inflación y los más afectados fueron los jubilados. El Pami decidió sacar del vademécum varios medicamentos provistos por este organismo y cortar la subvención del 100 % a otros tantos. Los medicamentos en general tuvieron un 75 % de aumento promedio.

Finalmente para el 2018 llegamos al presupuesto nacional destinado a Salud de 1,94 %, donde se reducirá entre otros, el programa de Madre y Niño, cuyo ajuste presupuestario alcanza un 12,78 % lo que significa que los beneficiarios podrán comprar 5 millones de kilogramos de leche menos; un 42,9 % menos en las metas de distribución de reactivos para bancos de sangre; 19,3 % para el Programa Remediar; 14 % en los programas de atención sanitaria en territorio, 9 % para lucha contra el Chagas, etcétera (Fuente Soberanía Sanitaria).

Cabe aclarar además que durante el2016, Argentina tuvo la epidemia de dengue más importante de su historia, los casos avanzaron hasta superar por un amplio margen los casos registrados en el 2009; al igual que la epidemia de gripe, y lo que es más grave durante este año, la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires muestra un ligero aumento, tras años de descenso ininterrumpido.

Indudablemente la política sanitaria de estos “austeros” presupuestos se corresponden con un aumento en la desigualdad social, por lo que no puede ni debe ser la variable de ningún ajuste; teniendo que ser todo lo contrario, fortalecerla con políticas activas, integrales y universales paramejorar condiciones de vida y de acceso igualitario en todos sus niveles y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.