España y Europa se preparan para lo que era evitable hace unos meses pero que es inevitable hoy: el “choque de trenes” entre el disruptivo poder catalán y el gobierno español por el referéndum sobre la independencia de Cataluña, convocado para mañana por el gobierno de la comunidad autónoma, y rechazado por el gobierno central de Madrid (la jornada se ha singularizado como el 1-O, como síntesis del 1 de octubre).

Las declaraciones y las acciones de ambos bandos en disputa se han endurecido, las intenciones disuasivas del gobierno español han intensificado el ánimo de desacato del sector independentista catalán.

En los últimos días, surgieron grupos de catalanes que hasta el momento no figuraban en la discusión. Seguramente motorizados por el poder central político y mediático español, distintas historias y expresiones de aquellos catalanes que están en contra del referéndum comenzaron a reproducirse.

En paralelo a esas apariciones, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, declaró que "el desafío y la lucha no es de Cataluña o de Barcelona, sino de la coalición independentista", sosteniendo que “no hay que confundir a los catalanes con el independentismo".

La discusión divisoria también ingresó en las aulas. Cuando faltan horas para el intento de referéndum, se viralizó un video donde un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona ingresaron a una de las clases para leer un “manifiesto pro-independencia”, y se enfrentaron con la docente y con otro grupo de alumnos que se mostraron en desacuerdo con la postura independentista.

Desde hace varios días, Barcelona se convirtió en el escenario de las principales manifestaciones a favor del referéndum. La aparición de voces y marchas disidentes, así como la imponente militarización de la ciudad, comienzan a delinear un aumento de las tensiones cuyo punto principal de ebullición será mañana, cuando debería realizarse la consulta popular que el gobierno de Mariano Rajoy y el poder central del Estado español tratan de impedir a toda costa.

Según publicó el portal Europa Press, una patrulla uniformada acudirá a cada uno de los 2.300 puntos de votación que estén ubicados en edificios y locales públicos de toda Cataluña y requisarán urnas y boletas electorales.

Locales comerciales, centros de jubilados y colegios figuran entre los centros de votación. La orden a las fuerzas de seguridad es la de llegar durante la madrugada, antes de que se logren abrir las puertas. Sin embargo, y como un intento por burlar a la policía, varias asociaciones de padres y docentes han organizado “pijamadas”, charlas y actividades durante todo el sábado para mantener ocupados con gente los lugares de votación hasta el día domingo.  

En el caso de que haya personas concentradas que impidan entrar la policía, o que no la dejan clausurar el punto de votación, se elevará a las salas de mando que serán las que decidirán qué hacer en cada caso. La orden policial es “no detener, no reprimir y no responder a los posibles agravios”: solo impedir la votación.

El gobierno español informó también que las multas a las autoridades de mesa, en caso de ser identificados, podrán llegar hasta los 600 mil euros. Entre los intentos disuasorios, los responsables de la seguridad del Estado español ordenaron un incremento del personal armado que llega hasta los 3.000 efectivos. Estos agentes se sumaran a los que están ya destinados en la región.

En la última semana se pudo leer en algunas paredes “Fuera fuerzas invasoras”, en relación a la llegada de oficiales y guardias civiles desde otros lugares de España.

Mención aparte merecen la policía catalana, llamada Mossos de Esquadra. Los “mossos”, representan a la policía autonómica de Cataluña, pero desde hace algunas semanas la justicia española decidió que hasta el 1-O, pasen a depender de forma directa del ministerio del Interior de España.

Muchos dudan de la actitud y de la imparcialidad de los oficiales catalanes durante la jornada del referéndum, y hasta por momentos se especuló con la posibilidad que puedan sublevarse y dejar de responder al gobierno central.

Según trascendidos publicados por la prensa española y difundidos por los independentistas, Josep Lluís Trapero, el “maior” de los Mossos, había informado a los agentes que no aceptarán la orden de la fiscalía, sosteniendo que “no se puede aceptar que bajo el paraguas de la coordinación se pretenda mandar al cuerpo”.

La fiscalía interviniente respondió inmediatamente a Trapero y le indicó que, en caso de confirmarse su posición, se expondrá a ser citado a declarar en calidad de investigado por un “delito de desobediencia” y sería apartado de la fuerza.

Ante la presión, finalmente Trapero abandonó su postura y ha dado recientes instrucciones a todas las unidades para que el 1 de octubre, en cumplimiento del mandato judicial, requisen urnas y material en los colegios electorales, y que los cierren para evitar el referéndum antes de la hora 6 del domingo.

Los Mossos se sumarán a la Guardia Civil y a la Policía española en el intento de impedir el referéndum sin disturbios, detenciones ni enfrentamientos. Al menos durante el próximo domingo, la discusión acerca de si el referéndum es legal, de si la democracia está siendo vulnerada, o de si es viable un potencial Estado de Cataluña -independiente de España-, parece perder relevancia.

Ni siquiera la respuesta a la pregunta que llevarán las boletas electorales según la convocatoria oficial al referéndum -“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Si – No"- parece ser lo más importante del 1-O.