Desde el cuestionado impeachment (juicio político) a Dilma Rousseff y la posterior llegada de Michel Temer al poder en Brasil, se han implementado en ese país un conjunto de políticas destinadas al congelamiento del gasto social, a la flexibilización laboral y a la reforma del régimen de pensiones.

En la última semana, se intensificó el modelo neoliberal y se presentó un proyecto para  privatizar 57 empresas estatales, lo que representa el plan privatizador más importante en la historia de ese país. 

El fin de ciclo de los gobiernos antineoliberales en Latinoamérica llegó de la mano de una nueva oleada de gobiernos neoliberales enfurecidos y readaptados a los tiempos que corren.  La consonancia y la capacidad de incorporar los mismos temas en diferentes agendas en los países gobernados por la derecha en el Sur del continente sorprenden  a una sociedad que no logra comprender la actualidad.

El gobierno de Temer lleva la delantera en la incorporación y el tratamiento de proyectos beneficiosos hacia el capital internacional y los poderes concentrados, que al mismo tiempo resultan perjudiciales para el desarrollo nacional y nocivos para los sectores populares.

Las discusiones que propone Brasil son retomadas por el resto de los gobiernos de carácter neoliberal de la región, principalmente el de Argentina. Como efecto contagio y dominó, las decisiones del interino gobierno en el país vecino se instalan, aunque con mayor cautela, en la política argentina.

Pocas semanas después de haberse aprobado la reforma laboral brasileña, el gobierno surgido tras el golpe parlamentario contra Rousseff avanza también en una reforma jubilatoria, y en el paquete de privatizaciones más importantes de la historia que incluye 18 aeropuertos, 15 terminales portuarias, y más de 10 lotes de activos energéticos del Estado, entre los que se encuentra Electrobras (Centrales Eléctricas Brasileras SA).

Las apresuradas y extraordinarias medidas suponen un retroceso a la independencia económica de Brasil, pero además representan un rompehielos estratégico por el cual se alienta y allana el marco para que avancen este tipo de medidas impopulares por parte del resto de los países latinoamericanos con gobiernos de derecha.

El seguidor predilecto de Temer es Mauricio Macri. Por la cercanía ideológica, por el nivel de relación económica de ambos países y por las aceptación de las imposiciones globales. Argentina ya discute, en diversos ámbitos privados, una reforma laboral “a la brasileña”, que entre otras cosas prevé una extensión de la jornada laboral, creación de contratos de trabajo intermitente, caída de los convenios colectivos, flexibilización de los derechos laborales en materia salarial, en licencias maternales y hasta en cobertura de enfermedades.

Superada la flexibilización laboral, el neoliberalismo en el poder de Brasil, y por extensión el latinoamericano, va por el otro fantasma: el del achicamiento del Estado, el privatizador.

El presidente Temer lanzó un ambicioso proyecto para reducir la participación del Estado en la economía y conseguir fondos para enfrentar el creciente déficit en el presupuesto.

La decisión incluye la privatización de la Casa de la Moneda, institución que prevén licitar para el segundo trimestre de 2018, semanas previas a lo que debieran ser las elecciones presidenciales en ese país. También el gobierno se encuentra en la primera fase del desmantelamiento de la empresa Petrobras.

Para la segunda mitad de 2018 el gobierno de Temer planea comenzar con la venta de aeropuertos, puertos, y empresas pertenecientes al Estado nacional.

Ya para los últimos meses del próximo año, prevé licitar 11 líneas de transmisión eléctrica, dando por finalizada una tarea de feroz desmantelamiento de la fortaleza económica estatal, cuando le falte muy poco tiempo para entregar el poder obtenido tras la destitución de la presidenta elegida por el voto ciudadanos. En los últimos días, también voceros oficiales deslizaron la posibilidad de incluir a la empresa estatal de correos en el paquete privatizador.

En la venta indiscriminada de empresas, áreas e infraestructura nacional, el gobierno de Temer pretende abrir una enorme reserva natural de la Amazonia brasileña para la explotación privada de la riqueza de las minas.

La actividad minera, además de una gran problemática por la explotación clandestina e ilegal de los minerales, tiene un conflicto por asentamientos originarios que residen en el lugar. Una eventual venta o concesión de esas tierras a inversionistas extranjeros, supondría un problema mayúsculo para los pobladores y para el Estado.

La discusión que se está llevando adelante en Brasil, el rechazo de los sectores sociales, la feroz actitud policial para desalentar los reclamos y la creciente judicialización de la política para evitar que el candidato con mayor intención de voto, Lula Da Silva, pueda presentarse en las próximas elecciones, parece convertirse en una antesala de las discusiones que comienzan a surgir en la Argentina.

En Brasil, al igual que en la Argentina, México y Paraguay, existe una intencionada degradación de la política como herramienta de transformación social.  En los últimos meses, en la Argentina, se empezaron a establecer marcos legales para la venta de tierras, también a redactar la idea y estrategia de establecer como “necesidad” una futra reforma laboral para lograr “competitividad”. Como en Brasil, se menciona posibles aumentos de la edad jubilatoria, y sobrevuela el retraimiento del Estado en el control de sus activos.

El fútbol en la Argentina, aunque ejemplo menor, en el marco mencionado, no deja de ser una evidencia del camino trazado, donde el término público, es antónimo de neoliberal.