La represión a las comunidades de pueblos originarios en Chubut y la desaparición de Santiago Maldonado,junto con el ataque mediático del que están siendo parte,han puesto de relieve la problemática de la tierraque intenta ser ocultada. En efecto, desde el show mediático de Lanata se los ha estigmatizado violentamente con conceptos racistas y xenófobos, como así también se los ha comparado con violentas organizaciones terroristas internacionales, todo  para llevar la discusión sobre el tema hacia carriles que favorecen la posición represiva del gobierno.

Los medios concentrados han intentado también en ese sentido desprestigiar las masivas movilizaciones en todo el país al cumplirse un mes de la desaparición de Maldonado y correr el foco hacia grupos violentos de dudosa pertenencia para enrarecer el clima político.Las tapas de los diarios y las crónicas televisivas demuestran que lograron el objetivo, lo que sumado a la comunicación del caso a través de información de falsos paraderos y falsos enfrentamientos, completan un cuadro. Sin embargo, “lo que organiza la cruzada mediática es el miedo de las elites terratenientes a que estos indios tengan derechos, acceso a la tierra por derecho y que eso los perjudique por primera vez en la historia del Estado. Un Estado que siempre les perteneció”. (concepto de Noelia Enriz en “El verso del indio trucho”, publicado por Revista Anfibia).

Resulta significativo en este contexto, entonces, recordar la sanción de las leyes 26.160 y 26.737, que establecieron un marco normativo para la protección de las tierras y la soberanía sobre el territorio nacional. En ese sentido la primera norma mencionada, sancionada en noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, ordena un relevamiento de las tierras ocupadas y suspende la ejecución de desalojos de las mismas. Esta ley necesita ser prorrogada debido a que el relevamiento aún no ha concluido, con lo cual se necesita finalizarlo y avanzar en la regularización dominial de los territorios ocupados por pueblos originarios para evitar desalojos.

Por la orientación del actual gobierno y en las circunstancias del contexto vigente arriba descriptas, resulta una incógnita si será sancionada la prorroga nuevamente. Esta ley, a su vez, hace operativo el derecho consagrado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional Argentina, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la identidad, y  la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Por otro lado, la ley 26.737 sancionada en diciembre de 2011, establece un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y pone como límitemáximo el 15% al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales del territorio nacional, y la prohibición a un extranjero para adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que es la más productiva. No obstante, esta ley fue modificada por decreto 820/2016 del Poder Ejecutivo en julio 2016, volviéndose más laxa a fin de “destrabar inversiones de afuera”. Entre las reformas a dicha ley se destacan que las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; se modifica el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo,como también se afecta el artículo que sostiene que "en ningún caso" personas físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales”.

En este marco, la construcción de un enemigo interno violento en las comunidades originarias le sirve como pretexto al gobierno actual para avanzar en la represión y desalojo de comunidades y brindar garantías a grandes capitalistas extranjeros como son los casos de Benetton o Joe Lewis, que pretenden apropiarse de las tierras. El Estado, como conjunto de instituciones, pasa a definirse más por su carácter coercitivo, de gendarme de la propiedad privada y de los negocios de grandes capitalistas.

Tras la elección de 2015 y la ocupación de los principales puestos del gabinete por CEOs de grandes empresas, asistimos a una suerte de vuelta al Estado del siglo XIX pre-social, que fuera definido por Karl Marx como un "comité de administración de los negocios de la burguesía”. La orientación de la política económica y de las políticas públicas, y la caracterización de un Estado, están determinados por las relaciones de fuerza entre las clases sociales y fuerzas políticas que las representan. Partiendo de esa idea, pasamos de un Estado atravesado por contradicciones, en el que el Poder Ejecutivo durante los 12 años previos buscaba expresar y llevar adelante políticas que defiendan la soberanía nacional y los intereses populares, como lo expresan las dos leyes mencionadas más arriba, a un Estado que actúa de forma sistemática y articulada con el poder mediático, económico  y  judicial, en pos de defender intereses particulares muy poderosos. Una nueva etapa del viejo proyecto de país de las clases dominantes argentinas.