La sesión de ayer del parlamento rionegrino, que se extendió por espacio de más de seis horas, fue la conclusión de un proceso que se inicia, al menos para el grueso de la opinión pública de la provincia, en el mes de mayo pasado a partir de un viaje que el presidente Mauricio Macri y el gobernador Alberto Weretilneck realizan a China.

Hace tres sábados atrás nos preguntábamos entre otras cosas por qué se habían acelerado los tiempos teniendo en cuenta que la obra se iba a iniciar a fines del 2020; por qué el gobierno provincial no pidió el tiempo necesario para informarse e informar convenientemente a la sociedad; por qué introducir el tema en medio de una compulsa electoral; y finalmente con qué metodología el gobierno dirimiría el otorgamiento de una “licencia social”.

Nos quedaremos con las dudas, porque lo cierto es que un proyecto que preveía una inversión de 8.000 millones de dólares naufragó y se hundió en tan solo 90 días sin un serio, adecuado y convincente debate, y en definitiva fue un proceso fugaz en el que la gran mayoría de opinión pública rionegrina no tuvo participación.

Solo para establecer comparaciones, el monto que se iba a invertir equivale a casi 90 presupuestos provinciales destinados a obra pública. O para ser más claros, una inversión en obras que a números actuales demoraríamos 90 años para poder invertir.

En esos 90 días se escucharon voces contrarias y pocas a favor, pero de ninguna manera se puede argumentar que el 13 de agosto en las elecciones primarias los rionegrinos dijeron que no a la “licencia social” para la planta. El 13 de agosto se votó exclusivamente para elegir diputados nacionales, y no para optar por sí o por no a la planta nuclear.

Y dejando de lado los beneficios económicos y sociales que podría traer aparejados semejante inversión, lo que también es cierto es que cada vez que aparece algún proyecto importante desde el punto de vista del crecimiento productivo, pero que se vincula con la posible afectación del medio ambiente, empiezan a surgir fuertes discusiones en la ciudadanía.

Ni el gobierno nacional ni el provincial tuvieron en cuenta la necesidad de informar, de desarrollar una estrategia de participación, de dar respuestas a las dudas y temores que lógicamente surgirían en quienes somos neófitos en la materia.

Según los especialistas en comunicar estas cuestiones, para llevar adelante un proceso de conexión con la realidad nuclear hacia la población requiere mucho tiempo de información, conocimiento y debate que no se puede pretender resolverlo en días, sin diagnóstico social respecto a los niveles de aceptación y rechazo, y sin un abordaje adecuado de la problemática.

Acá sucedió todo lo contrario. La gente se enteró por los medios de comunicación y de un día para el otro entendieron que a metros de su casa se construía Chernobyl, para decirlo de alguna manera.

Pero además nuestros gobernantes deberían haber tenido en cuenta que en estos tiempos que vivimos los argentinos y más aún en plena campaña electoral, es muy difícil que se admita una imposición de la política, que además al no tener adecuada información, podría afectar su calidad de vida.

Hace tres sábados esta columna la titulábamos “sin información no hay consensos”, y consecuentemente sin participación no hay compromiso. Y conocer el contexto es primordial a la hora de diseñar una estrategia de participación ciudadana.

Lo cierto es que frente a todas estas improvisaciones pasamos de tener la posibilidad de conseguir“la inversión pública y privada más importante de la historia de la provincia”, a no tener nada. Y lo que es peor, se puede haber resquebrajado el prestigio indiscutido que la empresa del Estado rionegrino Invap (Investigaciones Aplicadas) tiene en el mundo, o al menos dejarla en una incómoda posición.

Después del 13 de agosto la clase política pareció más interesada en sacarse de encima el problema o el costo del conflicto, que en pelear por la oportunidad o pedir mayor y mejor tiempo para el análisis y la reflexión.

Finalmente ayer, todos los legisladores provinciales de Río Negro, salvo Daniela Agostino del Frente Progresista, votaron a favor del rechazo a la instalación de la planta nuclear.

El parlamento está conformado por 26 legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el Frente para la Victoria (FpV) ocupa 17 bancas, hay además una legisladora radical y dos del Frente Progresista. Al momento de la votación había presentes 45 legisladores, de los cuales 44 votaron en general por la prohibición de localización de la planta.

Es rara o llamativa también la actitud del principal bloque de la oposición, ya que el justicialismo ha hecho siempre, en la historia y en la actualidad, una encendida defensa de la ciencia, la tecnología y el plan nuclear que se puso en marcha durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Es difícil de entender que en poco tiempo se pueda cambiar desde una férrea defensa de una política de Estado de varias décadas de uso pacífico de la energía nuclear, a votar por la prohibición de la instalación de una central con esas características.

Desde nuestro punto de vista hay cuestiones y principios político-ideológicos que no se pueden abandonar por la reacción de un sector de la población, aunque este fuera importante.

Sin dudas es necesario el respaldo colectivo o la “licencia social”, pero no tiene nada que ver con un seguidismo u oportunismo ante aparentes expresiones populares, cuando estas van en contra de las propias convicciones.

Otra vez, como comentábamos hace algunos sábados atrás, por impericia o improvisación en la búsqueda de consensos, o por la existencia de un imbécil enfrentamiento entre los unos y los otros, otro posible gran proyecto queda sin efecto.

Si nos retrotraemos a la historia reciente en esta provincia y recurrimos a la documentación de esa época, el 22 de julio de 2005 la crónica periodística decía: “La Legislatura aprobó ayer por mayoría luego de seis horas de debate, el proyecto del gobernador Miguel Saiz destinado a vedar el uso de cianuro o mercurio en el proceso de extracción y explotación de oro en la Línea Sur. Tuvo el voto favorable de 38 legisladores y sólo tres rechazos. Junto a la UCR se plegaron el justicialismo, Encuentro, Ari, PPR, MAD y MARA”.

Y continuaba: “Antes del desenlace, los exponentes del oficialismo y la oposición atravesaron terreno resbaladizo. A cierto escarnio entre ocupantes de bancas, desde las bandejas partieron quejas e insultos”. (Diario Río Negro 22 de julio de 2005)

Hoy, solo habría que cambiar el nombre del gobernador, cianuro por nuclear, el número de legisladores que en la actualidad son 46 y antes eran 38, y el nombre de los partidos con representación legislativa (aunque muchos de los nombres de sus integrantes, hoy siguen siendo los mismos). Lo demás podría utilizarse para una crónica actual.

Y muchos conocen el final de esa discutida ley. El sucesor de Saiz, Carlos Soria, promovió la derogación de esa ley que fue reemplazada por otra norma, aún vigente, reinstalando el cianuro para la explotación minera.

El interrogante es si los rionegrinos debemos acostumbrarnos a que las grandes inversiones o los grandes y sensibles temas del desarrollo provincial, discurrirán por la aprobación y derogación de leyes supeditados a las coyunturas políticas, o a los circunstanciales humores de algunos sectores sociales.