Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri pocas semanas después de asumir, fue la declaración por un año de la “emergencia en seguridad” en todo el territorio nacional.

Lo hizo en enero de 2016, alegando la “situación de peligro colectivo” que vivía el país, y con el objetivo de "resguardar" la integridad física y "los bienes" de la población. Este tipo de medidas oficiales, en otros momentos de la Argentina y en otros países de la región, han sido tomadas para justificar un "estado de emergencia" que termina por perjudicar, quitándole libertades, a aquellos que inicialmente -según aducen los gobernantes- se intenta beneficiar.

Ese mismo mes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que habría una reorganización de las fuerzas policiales. “En la medida en que el delito se modifica con rapidez, las fuerzas se tienen que adaptar con la misma rapidez", señaló.

Un año después, el 20 de enero de 2017, y a partir de la conclusión de que los esfuerzos realizados en el marco de esa estrategia habían arribado a resultados exitosos, el gobierno decidió extender por un año más la “emergencia de seguridad pública” con el declamado propósito de “combatir el delito”.

En ese marco, en el de una reestructuración de las fuerzas de seguridad y de nuevas políticas en la alegada “lucha contra el delito”, luego de casi 30 años Argentina vuelve a tener un desaparecido. Una persona víctima de desaparición forzada, por la acción del Estado durante una represión, no aislada, en contra de la sociedad civil.

Con una elección de por medio, nula fue la información verídica sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Pero no fueron nulas las falsas pistas, fogueadas por el gobierno y por los medios de comunicación aliados, sobre el supuesto paradero de Maldonado, a pesar de que no se supo más de él luego de un acto represivo y fe visto por última vez rodeado y azotado por la Gendarmería Nacional.

Se dijo que había viajado al norte luego de que un camionero lo levantara en la ruta donde estaba haciendo dedo, se dijo que su celular había sido activado en Chile luego de su desaparición, y se llegó a difundir también que un cuerpo sin vida había sido encontrado en a la vera de un arroyo a pocos kilómetros donde desapareció. Todo en el marco de la emergencia en seguridad pública.

Desde el oficialismo se lo vinculó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o con organizaciones terroristas financiadas por el Reino Unido. Desde luego, que las FARC estén en Argentina, o que grupos terroristas financiadas por el único Estado del mundo con quien nuestro país disputó una guerra en el siglo XX y con el cual mantiene un conflicto diplomático grave, fundamenta no solo la “emergencia en seguridad pública” sino, posiblemente, algo más.

También, luego de varios años, un “sobre bomba” explotó el día previo a las elecciones nacionales en la sede de Indra, la empresa encargada de realizar el escrutinio electoral en todo el territorio argentino.

Sobre ese suceso, solo se supo que en la investigación trabajó personal de Prefectura Naval y que la Policía Federal colaboró con el envío de perros rastreadores de explosivos, pero nada más.

Durante la jornada de ayer, luego de producirse una marcha que, como tantas otras, reclamaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, salió a denunciar que se prendieron fuego dos autos, y se tiraron bombas molotov (un artefacto incendiario compuesto por combustible y pólvora) hacia adentro del edificio de su ministerio y en un anexo del Senado bonaerense. Catalogó a los hechos como “atentado”, sosteniendo con firmeza y direccionamiento que "no nos van a amedrentar".

Acompañado por el jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni, el ministro que integra el gabinete de María Eugenia Vidal señaló que hay dos vías de investigación. "Una tiene que ver con el desprendimiento de alguien que haya ido a la marcha (por la aparición con vida de Santiago Maldonado) y que haya hecho este atentado".

La otra hipótesis, indicó Ritondo, podrían ser una "serie de decisiones" que su gestión (la de Vidal) tomó en los últimos meses con la finalidad de “eliminar a las mafias que durante décadas funcionaron en el país”.

También agregó que "no es casualidad que la gobernadora tenga que vivir en una base militar. Esto no nos va a amedrentar. Vamos a investigar hasta determinar los responsables de cada uno de estos atentados".

Es necesario agregar que a la hora de los hechos, alrededor de las 21 horas del jueves, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires debía tener guardias en las garitas que custodian su propio edificio, y además custodia en la puerta principal que se encuentra a 30 metros de lo sucedido. Sin embargo, para investigar los hechos Ritondo solo mencionó que se están evaluando cámaras de vigilancia, pero no habló de relevos ni de sanciones para los policías que estaban o debían haber estado en su lugar de trabajo.

"Hacen de la violencia un culto", sostuvo el ministro bonaerense, quien aseguró también que se van a reforzar todos los organismos estatales involucrados.

Antes de finalizar la conferencia de prensa, a las expresiones antes mencionadas Ritondo añadió consideraciones sobre la desaparición de un ex agente de la policía que trabaja en el ministerio de Seguridad bonaerense. Se trata de Oscar Alvarenga, quien desde hace varios meses se desempeña como asesor en esa cartera ministerial.

Acerca de ese colaborador de su área, Ritondo deslizó, casi dosificadamente, que está siendo "buscado" desde hace dos días, que "se trata de una persona que trabaja en mi equipo, un ex policía. Hace días que falta de la casa y lo estamos buscando con la familia".

Todos estos episodios, vinculados o no, vinculables o no, establecen un nuevo lenguaje que el país había superado. Terrorismo, emergencia, desaparecidos, mafias, presos políticos, atentados y bombas.

Resulta urgente y necesario el esclarecimiento de cada uno de los hechos, y fundamentalmente también resulta necesaria la suspensión de una retórica belicosa, difamatoria e ideologizada, que poco contribuye a la democracia argentina.