Suele existir una confusión en el uso de términos que terminan siendo de uso popular y corriente que, para evitar confusiones y malos entendidos, es conveniente aclarar. Uno de ellos es el término de “neoliberalismo” y su relación con el liberalismo y con la democracia.

Comencemos por el liberalismo en su versión filosófica y política. Se acepta como  fecha de su nacimiento al año 1690,  con la edición del trabajo de John Locke “Segundo tratado del gobierno civil”, que es la consecuencia directa de la evolución del pensamiento occidental a partir del humanismo del Renacimiento.

La concepción liberal parte del principio de que existen derechos naturales inherentes a la persona humana, que son anteriores y superiores a toda organización social: son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, que son inalienables y que hacen a la esencia misma del ser humano.  A este ideal liberal le debemos, en gran  parte, la vigencia actual y mundial de los derechos humanos.

En el plano político, Locke supone que inicialmente el hombre vivía en absoluta libertad con el uso irrestricto de sus derechos naturales y que, para resguardarlos, constituyó la sociedad civil con un gobierno en el que delegó expresamente parte de sus poderes. Pero aquellos poderes no delegados continúan siguen siendo de los individuos, por lo que el estado no puede avanzar sobre ellos. Es más, el hombre tiene el derecho a rebelarse contra el estado si este pretende avanzar por encima de los límites de las facultades delegadas y, de esta forma, se vuelve tiránico.

Los primeros liberales, Voltaire en particular, sostenían que el egoísmo es el motor de la conducta humana; eran individualistas, dando prioridad a la defensa de los derechos personales como la libertad personal (que sólo debía ser restringida para conservarla), la seguridad y la propiedad. En general desconfiaban de las masas incultas, por lo que estaban alejados del ideal democrático.

El liberalismo económico es contemporáneo al liberalismo filosófico y al político y, en general, sostenidos por los mismos pensadores. Pero no es lo mismo. El liberalismo económico nace en Francia con los fisiócratas y se consolida en Inglaterra con Adam Smith (86 años después que la publicación del libro de Locke). La idea básica es que existen leyes naturales que rigen la producción y distribución de los bienes, que los hombres –cada uno en su egoísmo individual buscando su propio interés- logran la óptima asignación de los recursos, por lo que el estado debe abstenerse de intervenir. Es la frase famosa de los fisiócratas “dejad hacer, dejad pasar, el mundo camina solo” o el concepto de “la mano invisible” que gobierna las relaciones sociales de producción, según Adam Smith.

Por su parte, la democracia moderna tiene su origen teórico en Rousseau (1712-1778) que en su obra “El contrato social”, al igual que Locke, supone la existencia de un estado natural original donde, a diferencia es este último, allí existía  la igualdad y no se conocía a la propiedad privada; este estado idílico se rompió cuando algunos pretendieron apoderarse de bienes; entonces los hombres, en defensa de sus derechos, hicieron un contrato social por el cual se sometieron a las decisiones colectivas tomadas por mayoría.  Es decir, para los liberales el hombre mantiene todos los derechos no delegados expresamente y ninguna decisión mayoritaria puede afectarlos; para Rousseau la soberanía, que es indivisible, ha sido delegada en la sociedad civil y el hombre debe acatar las decisiones mayoritarias, aunque vayan en contra de sus intereses.

El divorcio inicial entre liberalismo y democracia se puede confirmar leyendo la historia de nuestro país. Los hombres que hicieron la Argentina moderna en la segunda mitad del siglo XIX eran profundamente liberales pero nada democráticos. Por ejemplo, en la elección de Sarmiento como presidente, sobre 200 mil habitantes  que tenía Buenos Aires votaron unos 500; otro ejemplo: Tomás Eloy Martínez en su libro “El sueño argentino” cita una nota editorial de “La Nación” (el órgano periodístico típico del liberalismo de la época) de junio de 1888, que acompaña un artículo de José Martí sobre la elección en Estados Unidos, que dice “Únicamente a José Martí, el escritor original y siempre nuevo, podía ocurrírsele pintar a un pueblo, en los días adelantados que alcanzamos, entregados a las ridículas funciones electorales, de incumbencia exclusiva de los gobiernos en todo país paternalmente organizado”. Aunque hay que reconocer que, en general, el liberalismo político y el ideal democrático han confluido a partir del siglo XX; inclusive en Estados Unidos el término “liberal” designa al progresista mientras que en nuestro país se lo utiliza para caracterizar al conservador.

El neoliberalismo no es más que la versión contemporánea del liberalismo económico, cuya mutación comienza en los años ’70 del siglo pasado, adaptada al dominio del poder financiero y a la globalización económica subordinada a las corporaciones trasnacionales.

En el siglo XX, así como el liberalismo político confluyó con el ideal democrático, el liberalismo económico (o neoliberalismo) se separó del filosófico y político y de la democracia. Para imponer la llamada “libertad económica” no tuvieron inconvenientes en avasallar las formas democráticas y los derechos humanos sostenidos por los principios liberales. Pruebas al canto: en el cono sur de América, el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla y Martínez de Hoz fueron ejemplos de liberalismo económico puro, pero nada del otro.

No puede extrañar, entonces, que el actual gobierno neoliberal, siguiendo esa tradición, muestre desprecio por las formas democráticas y republicanas, maniobrando con las cifras del escrutinio provisorio, tratando de subordinar al Poder Judicial, procurando quitar la autonomía a la procuración general de la Nación o menospreciando a los derechos humanos a y las entidades que lo defienden.