Santiago Maldonado está desparecido desde el 1 de agosto pasado cuando efectivos de la Gendarmería irrumpieron violentamente en la comunidad mapuche de Cushamen en Esquel, provincia de Chubut. Según el relato de los testigos –luego corroborado por el juez Guido Otranto- algunos miembros de la comunidad lograron escapar de las balas y los golpes cruzando el río, pero Santiago no lo hizo y fue apresado. Desde entonces nada se sabe de él.

Más preocupado por la estrategia comunicacional que por esclarecer los hechos, el gobierno nacional a través de su ministra de Seguridad primero negó la desaparición de Santiago; luego inventó la existencia de un conflicto político al hablar de las pretensiones secesionistas del pueblo mapuche y por último amplió la escala y vinculó el episodio al terrorismo internacional.

El objetivo de todo esto, hoy, es proteger a la gendarmería nacional y deslindar su responsabilidad. En el mediano plazo, criminalizar a los mapuches abre el camino para legitimar el proceso de apropiación de la tierra en manos extranjeras donde el grupo Benetton ya posee 900.000 hectáreas en Patagonia. Razones profundas que explican el origen del conflicto.

Cada uno de los episodios del falso relato fue apuntalado por los medios de comunicación. En un inicio negaron la represión. Paso siguiente desvincularon la camioneta de gendarmería vista por los testigos, aunque el vehículo no sólo fue ubicado en el lugar sino también se demostró que había sido lavado para borrar todo rastro posible. Presionados por el reclamo social jugaron con la puesta en escena de un posible viaje de Santiago a Entre Ríos, trampa que duró hasta que el protagonista del video que difundieron  dijo “ese soy yo, no Santiago”. Hablaron de que se había ido a Chile y por último que había sido apuñalado, todo desmentido por la propia investigación judicial.

A 23 días de los sucesos y sin respuesta, la fiscalía decidió recaratular la causa como Desaparición forzada de persona. ¿Qué es esto? Es el arresto, la detención,  el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación. No es cualquier delito. Y en Argentina tiene una larga y desgraciada historia.

Empleada en los años sesenta por militares guatemaltecos para “limpiar” zonas rurales de población indígena, las Fuerzas Armadas Argentinas la  adoptaron como política estatal entre 1976 y 1983. Refinaron el método para hacer desaparecer personas en zonas urbanas y para ello profesionalizaron los aparatos de inteligencia con un sistema clandestino de grupos operativos, centros de tortura, vehículos camuflados, armamento especiales y disfraces.

A través de la combinación de métodos brutales con desinformación, se buscó crear en la conciencia social un perfil del opositor como un ser ajeno, extraño, loco, contra quien se podía recurrir a las más despiadadas formas de represión.

La propaganda negra de entonces, como la de hoy, estuvo destinada a imponer la versión de los victimarios y apuntar la culpa sobre la propia víctima y su familia. Si la dictadura bombardeaba con el “¿sabe dónde está su hijo ahora?” hoy se denigra la imagen de Santiago y se afirma que su familia” no colabora” en la investigación. Casi un “por algo será”.

Santiago nunca fue nombrado por su nombre. Fue “el artesano”, el hippie”, el guerrillero de las FARC, el terrorista mapuche, el agente kurdo. Despersonalizado, fue necesario que su hermano contara que le tenía miedo al agua para que comprendiéramos por qué no cruzó el río. Deshumanizado, hizo falta escuchar el dolor de su mamá preguntándose si estaría comiendo o si tendría frío para que la imagen de un rostro con barba y pañuelo en la cabeza fuera también la de tu hijo o la del mío.

Por todo esto, no dejes que lo hagan. No enciendas el olvido y te dispongas a contemplar el terror como si éste fuera una dimensión estética del pasado. Lo están haciendo ahora. Que no desaparezcan a Santiago. Que no te desaparezcan.