“Argentinos: Se acaba la dictadura militar. Se acaba la inmoralidad y la prepotencia. Se acaba el miedo y la represión. Se acaba el hambre obrero. Se acaban las fábricas muertas. Se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo de la producción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestra tierra”. Así comenzaba aquel famoso discurso de Raúl Alfonsín del 26 de octubre de 1983. Cuatro días después llegaba a la presidencia elegido por el 52% de los votos. A pocos meses de asumir, a través del decreto 436, delegaba el control y supervisión de las fuerzas armadas al ministerio de Defensa. Con ello se terminaba la autonomía castrense y se iniciaba la recuperación del control civil sobre el poder militar.

Desde 1930, en la Argentina los presidentes llegaron al poder bajo una estrecha vigilancia de las fuerzas armadas. Su intervención en la vida pública no fue de carácter excepcional. Los militares actuaron en estrecha afinidad con intereses civiles y se movieron como un "partido militar" que a través del golpe desestabilizador, logró imponer por la fuerza la política que las mayorías sociales rechazaban. Esa tutela militar de casi un siglo de existencia fue prácticamente institucionalizada. Si los militares fueron vistos como socios difíciles, incluso imprevisibles, no fue sólo porque los civiles golpearon las puertas de los cuarteles para resolver sus conflictos, sino también porque los uniformados buscaron apoyo civil para resolver las internas del "partido militar". De allí que el decreto de Alfonsín fuera de carácter fundacional: ponía fin a esa oscura trama donde la esfera militar se diferenciaba escasamente de la civil y subordinaba la primera a las decisiones de la segunda. Era al fin de cuentas, dar cumplimiento al mandato constitucional: subordinar el poder militar a la voluntad popular expresada en las urnas.

En más de 30 años de democracia y a pesar de claudicaciones manifiestas en materia de justicia y revisión del pasado reciente, la norma no fue alterada.Parecía que la clase política argentina había comprendido que la vulnerabilidad del sistema democrático dependía en gran medida de los márgenes de autonomía concedidos a las fuerzas armadas. Pero el decreto 721 del presidente Mauricio Macri terminó con esto. Por la nueva normativa recursos y designaciones de jefaturas, ascensos, traslados, docencia, asesorías y reincorporaciones volvieron a ser potestad militar sin regulación del control civil.

La dirección de derechos humanos del ministerio de defensa, hoy desmantelada, tenía por función revisar los pliegos de las nuevas designaciones militares con el objetivo de erradicar todo posible rastro de un pasado criminal. Con la nueva norma serán las fuerzas armadas las encargadas de hacerlo. ¿Serán capaces?

Desde el reinicio de las causas por violaciones a los derechos humanos se dictaron 147 sentencias y 622 condenas. 456 expedientes están trámite y 2166 personas, en su mayoría militares, se encuentran actualmente imputadas o investigadas. ¿Qué sucederá con esto?

Resulta difícil no ver en esta decisión una cierta mirada sobre el pasado, donde se niega la existencia de 30.000 desaparecidos, se vuelve a hablar de “guerra sucia” y se desmantela el programa de Verdad y Justicia con el despido de sus trabajadores. Pero es difícil también no ver una clara intención sobre el futuro. No es menor que las fuerzas armadas definan nuevamente su propio perfil ideológico, resuelvan como asignar el presupuesto y qué áreas fortalecer y cuáles debilitar. Todo ello mediado por la llegada de “capacitadores” de las agencias norteamericanas DEA y FBI, con el objetivo de enfrentar al narcotráfico y al terrorismo internacional.