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“Vinimos a tomar porque necesitamos un terreno. Porque seguir pagando un alquiler no se puede”, expresó una de las personas que hace unos días fue desalojada por la policía del predio que ocupaba en la capital neuquina.
En el año 2012,el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Neuquén calculaba que para acceder a un terreno en la ciudad capital había que contar con un 1.588% más de dinero de lo que se requería en el año 2001; un 1.100 % más para construir, y un 715% más para alquilar.
En el ranking elaborado por “Reporte Inmobiliario” (2016) -donde se indica de mayor a menor el precio de departamentos usados de diferentes regiones del país- Neuquén capital ocupa el segundo lugar con un precio de 1.820 dólares el m².. Equivale a un 13% por debajo de Capital Federal, que encabeza el listado.
Frente a estos valores que año a año se incrementan de manera exponencial, y ante la ausencia de una política habitacional por parte de la gestión provincial y/o municipal, la necesidad de un techo familiar no encuentra salida. Sin duda la instalación precaria de asentamientos en tierras fiscales ha dejado de ser un aspecto vinculado a una coyuntura particular para convertirse en un problema estructural de la dinámica neuquina.
En 1995, más de 1700 familias vivían en asentamientos ilegales, según el relevamiento habitacional elaborado por la provincia. En el 2016, el informe de la ONG “Techo” muestra que ese número asciende a 5.872 familias, que viven distribuidas en 45 tomas. Mientras la población creció un 16% de acuerdo al Censo 2010, las personas sin acceso a la vivienda lo hicieron en un casi 30%.
La mayoría de los asentamientos precarios no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica ni a la de gas, y más del 80% no tiene red cloacal. El 70% tiene dentro de su barrio, o a menos de 10 metros, un factor de riesgo: la instalación en la ribera de canales de desagüe, proximidad a un camino de alto tráfico, la cercanía de un basural o con torres de alta tensión.
Esta realidad de la capital provincial se vive no muy lejos del corredor urbano comprendido por las calles doctor Ramón y Leloir, donde se levanta un expansivo polo de desarrollo inmobiliario que comprende comercios, hoteles, shopping y dependencias institucionales como el campus de la Universidad Nacional del Comahue, de antigua localización, y otras construidas en las últimas dos décadas.
Allí se encuentran el Concejo Deliberante, la imponente Legislatura Provincial y la aún más reciente y monumental “Ciudad Judicial”. Esta última, en sus 27.934,06 metroscuadrados de superficie consume, para poner en funcionamiento un edificio de tres plantas, 22 ascensores y 24 salas de audiencias, y para albergar a unas 650 personas que allí trabajan, igual cantidad de energía eléctrica que una ciudad de 13.000 habitantes como Chos Malal.
Desde los años noventa la capital viene construyendo una armonía desigual de doble urbanidad. Una ciudad que ha visto crecer sus barrios privados -algunos, verdaderas fortalezas de arquitectura pretensiosa-, y una de barriadas pobres y tomas donde el 60% de ellas se inunda cada vez que llueve, y en el 40% no ingresa el camión de la basura.
Según la subsecretaría de Tierras Fiscales de la municipalidad de Neuquén, los asentamientos ocupan un total de 382 hectáreas, 190 pertenecientes al municipio y 192 de propiedad provincial.
Esto explica de alguna forma que en la toma de tierras, además de jugarse el destino de numerosas familias, se diriman también las internas políticas del partido que hace más de cincuenta años gobierna la provincia, y de la fuerza política que desde 1999 gobierna la capital. Disparándose acusaciones mutuas de prácticas políticas de punteros y lobbistas, municipio y provincia no resuelven el problema y habilitan que al fin y al cabo sea la especulación privada quien defina si las y los neuquinos podrán tener alguna vez una casa digna, con los servicios necesarios para ver crecer a sus hijos.
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