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Columnistas
04/06/2017

La República en entredicho

La República en entredicho | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Quien presuma sostener los ideales republicanos debería preguntarse por las intenciones de Macri al decir que “los jueces tienen que saber que queremos la verdad, o vamos a buscar otros jueces”. Lo dijo mientras se enjuicia a un camarista que tuvo fallos adversos al gobierno, se persigue a una jueza que no avaló aumentos tarifarios, y se reabrió la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner.

María Beatriz Gentile *

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“La forma republicana de gobierno se basa en la división de poderes que se encuentran  interrelacionados de modo tal de estar cada uno en condiciones de controlar e impedir los desbordes de los otros”. Estas eran palabras escritas por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, Ricardo Recondo, en enero del 2015. Seis meses después, en una protesta organizada frente los tribunales de la ciudad capital y donde los manifestantes portaban carteles con frases como "La República no se negocia" y "Yo soy Nisman", el mismo magistrado expresó que “la única justicia legítima es la justicia independiente”.  De esta forma, rechazaba un planteo de reforma del poder judicial que intentaba llevar a cabo el gobierno nacional de entonces y que era sostenido por un sector importante de funcionarios judiciales.

Hace unos días, el presidente Mauricio Macri hizo alusión a la problemática al afirmar: “los jueces tienen que saber que queremos la verdad, o vamos a buscar otros jueces”. A pesar del tenor de esta declaración, la misma no despertó un ataque de civismo exaltado como en aquella oportunidad. Cuestión que al menos provoca sospecha sobre las sinceras convicciones republicanas de algunos referentes políticos y emisarios mediáticos que antes protestaban y hoy guardan silencio.

Cierta tradición política americana se ha sustentado en la defensa de la República como un fin en sí mismo. Seguramente el hecho de que el republicanismo haya sido un triunfo de la región sobre la Europa monárquica, es un aspecto explicativo que debería tenerse en cuenta. Tres corrientes de pensamiento se disputaron la definición del nuevo régimen: el liberalismo a la americana, el jacobinismo a la francesa, y el positivismo. Las tres suponían modelos de organización de la sociedad que incorporaban aspectos utópicos. El jacobinismo idealizaba la democracia directa; el liberalismo mantenía la ilusión de una sociedad compuesta por individuos autónomos donde el gobierno debía interferir lo menos posible. Y el positivismo, por su parte, pensaba a la República en una edad de oro a construir, que requería por ahora preocuparse más por los aspectos organizativos del poder que por el pleno ejercicio de las libertades individuales. 

La separación de poderes como garantía de la libertad, la duplicación del legislativo como instrumento de absorción de las tendencias separatistas que gobernaban los territorios, y la fuerza dada a la Corte Suprema como elemento de equilibrio, fueron las innovaciones que permitieron pensar la institucionalidad de estos nacientes estados. Sin embargo, la mayoría de los regímenes políticos de fines del siglo XIX se fundaron en ejecutivos fuertes, legislativos de representación indirecta en base a un sistema de sufragio restringido, y un poder judicial cuyos miembros pertenecían a la misma elite dirigente. Pero mientras en el siglo XX el ejecutivo y el legislativo enfrentaron el desafío del proceso de democratización, el judicial no lo hizo.

Es sabido que el Poder Judicial es una institución política aunque no democrática. Sus miembros no son elegidos por la ciudadanía y sus cargos son casi vitalicios, ya quelos controles ideados para su remoción no funcionan o lo hacen solamente cuando molestan al gobierno de turno y aquí está el problema.

Que hoy la república y esa independencia de poderes en la que se sustenta esté en entredicho, lo revela por ejemplo que se le inicie juicio político a un camarista como Eduardo Freiler, que ha dictado sentencias contrarias a los intereses del gobierno o de sus aliados; o que se persiga a una jueza por no convalidar los aumentos de tarifas; o que se reabra la causa iniciada por la denuncia del fiscal Nisman contra la ex presidenta. Causa que resultó desestimada en siete oportunidades por jueces y camaristas que no encontraron prueba alguna de que se hubiese cometido un delito.

¿Qué intenciones tenían las palabras del presidente al decir “buscaremos otros jueces”? Esta es la pregunta necesaria que debería hacerse todo aquel buen ciudadano que presuma sostener los ideales republicanos.



(*) Historiadora, decana de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
29/07/2016

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