Participar tiene sentido y no es un eslogan publicitario. Se trata del reflejo de una cada vez menos rara característica que comienza a mostrar el trabajo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Neuquén. Vecinos y organizaciones sociales intervienen en los proyectos y logran importantes modificaciones.

Por primera vez en la historia de la provincia, el Movimiento Popular Neuquino no tiene mayoría por sí mismo en la Legislatura, donde un enjambre de bloques heterogéneos (cuyos intereses, muchas veces, tienen lógica de remolino) intentan convivir en un escenario novedoso e intenso.

La conformación legislativa actual tiene cara de hereje y es la consecuencia no deseada de la ingeniera electoral que el partido provincial diseñó para mantenerse en el poder y de la que ahora abjura, búmeran mediante.

Pero el problema no sólo es numérico. Si así fuera, las recomendaciones del viejo Vizcacha bastarían para dominar un escenario en el que diseñaron un reglamento interno a su imagen y semejanza.

Los partidos que llevaron a Omar Gutiérrez a la gobernación estuvieron lejos del 50 por ciento en el resultado electoral, pero controlan la mitad de cada una de las comisiones.

Con 14 integrantes cada una, el MPN conserva cuatro lugares propios y cuatro de aliados casi siempre incondicionales, ya que el reglamento diseñado por ese partido para estos propósitos (reformado en el último mes de 2007 para beneficiar a Jorge Sapag y no perder supremacía en la elaboración y sanción de leyes) ordena que los bloques unipersonales tienen representación en todas las comisiones. Con ellos obtiene los ocho votos que necesita un proyecto para llegar al recinto y ser aprobado.

Así el partido provincial se aseguró -hasta ahora- el poder del “consenso”, esgrimido como cualidad durante las dos gestiones anteriores y que esconde una trampa que bien podría ser considerada inconstitucional, en tanto permite alterar la representación política que deja como resultado la compulsa electoral.

Sin embargo, la mayoría forzada por el partido de gobierno chocó este año contra varios contratiempos, que están demostrando que dos más dos es cuatro sólo en matemáticas.

Uno de ellos deviene de la fragilidad de las alianzas. Los cuatro bloques unipersonales que en general acompañan al gobierno provincial no siempre garantizan los ocho votos que necesitan en las comisiones. De extracciones diversas (desde el ex radical Peressini, hasta el ex peronista Gallia) los aliados no responden a un único interés y, por lo tanto, obligan al oficialismo a detenerse en cada una de sus particularidades.

El otro es geográfico, edilicio y social. La Legislatura ya no queda tan lejos, el edificio deja de ser enigmático y las organizaciones de la sociedad civil se están acostumbrando a recorrer sus pasillos.

Como nunca antes, durante estos primeros cinco meses del año desfilaron docentes, crianceros, obreros, cooperativistas, médicos del hospital público, empresarios, comunidades mapuches, periodistas, dirigentes sindicales, damnificados varios, vecinos de las tomas del oeste de la capital, la familia Ávalos, comunidades educativas del interior, y algunos pocos funcionarios.

Llegaron para pedir justicia, para reclamar salarios, para reformar leyes, para impedir o solicitar cambios. La dirigencia de Aten, por caso, amparada por el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo que se juntaban todos los jueves a realizar su ronda, concurre cada martes a intentar participar de las reuniones de la comisión de asuntos constitucionales. Lo ha logrado en algunas oportunidades. En la última reunión, se llevaron la inédita opinión del presidente del bloque del MPN, Mario Pilatti, que les abrió una inesperada puerta para resolver la cuestión de la quita del adicional por zona del cálculo del impuesto a las Ganancias.

Del mismo modo, la sociedad civil en general está advirtiendo que la participación en los asuntos públicos puede tener consecuencias favorables a sus pedidos.

La empresa Comarsa y la secretaría de Medio Ambiente de la provincia están incomodadas por un grupo de vecinos que los presiona para que cumplan la ley y se trasladen fuera del ejido urbano.

Los crianceros están a un paso de concretar la protección que necesita su labor ancestral. Los médicos y trabajadores del sistema de salud lograron frenar el arancelamiento de los hospitales. Los trabajadores enrolados en ATE presentaron su propio proyecto para reformar el funcionamiento del ISSN y la lista podría seguir algunos renglones más.

A todo esto, de los 11 proyectos de ley enviados a la Cámara hasta ahora por el Poder Ejecutivo provincial –y que incluyen desde el arancelamiento en salud, hasta las paritarias educativas, pasando por la reforma política que por ahora es un deseo- sólo está a punto de sancionarse el referido a la creación del Ente compensador anti granizo. Demasiado poco para toda una historia de cómodo dominio.

Lo que se ve, en cambio, es un bloque oficialista que está intentando leer con precisión el nuevo escenario, una oposición que no siempre camina de la mano y una oxigenante práctica social de participación que genera saludables expectativas.