Dilma Rousseff fue suspendida en el cargo. En la historia reciente del Brasil es la segunda vez que las dos cámaras del Congreso votan a favor de enjuiciar un presidente. La primera vez ocurrió en 1992. En esa ocasión Fernando Collor de Mello logró evitar el juicio destituyente al renunciar sin dar pelea.

Hay una marcada distancia entre el juicio promovido contra Dilma y el que determinó la suerte de Collor de Mello, sobre todo por la calidad de los enjuiciadores y las biografías de los enjuiciados. Además, por el momento de la historia democrática brasilera. Cuenta también el derrotero del gran coloso industrial que por estos días parece contar con pies de barro. Es que la historia del país después de aquel derrumbe presidencial de hace casi un cuarto de siglo parecía extraordinaria, tanto bajo las presidencias de Fernando Henríquez Cardozo como las de Ignacio Lula Da Silva. El primero por impulsar un neodesarrollismo de sesgo liberal-conservador que llevó a Brasil a subirse al podio de las primeras diez potencias industriales del planeta. Lula en cambio revolucionó la cuestión social a favor de los sectores populares. Por supuesto que esos dos Brasil nunca lograron complementarse a la manera de un eficiente capitalismo del bienestar. De allí que la actual crisis presidencial deba ser pensada como resultado de las dificultades que tiene el empresariado y las viejas clases medias brasileras de conciliar desarrollo del capitalismo y bienestar a favor de las clases populares. Si el verbo de los detractores de Dilma dice al respecto fue cuando emitieron sus votos enjuiciadores con justificaciones patrimonialistas, personalistas, familiares, religiosas, pero por sobre todo clasistas. De allí que hubo una suerte de vanguardia legislativa que acuso a Dilma de ser exponente del “comunismo” por su pasado militante y presente ligado al PT. De allí que es probable que la caída de Dilma y del PT gobernante plantee un retorno al viejo Brasil de las enormes desigualdades sociales.

Si bien es cierto que los presidencialismos del Continente cuentan con ejecutivos fuertes, también sus legislativos pueden competir en poder y eventualmente adquirir el dominio de la situación. La experiencia histórica señala que cuando esos parlamentos adquieren transitoria supremacía resulta suficiente para hacer caer un presidente. Según Aníbal Pérez-Liñan uno de los principales autores dedicados a construir una “teoría comparativa del juicio político, pareciera que los legisladores que impulsan esta drástica formula están imbuidos de una nueva cultura política. Efectivamente, desde las palabra escrita del politólogo argentino –en su obra “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” (2006, FCE, Buenos Aires)- esos congresistas son “cada vez más capaces y más dispuestos a operar como agentes de la responsabilidad democrática”. Observación que le valdría a la ola de juicios políticos de la primera década y media de relanzamiento de las democracias del sub Continente. En ese período hubo algo más de una decena de enjuiciamientos, contando además de los casos mencionados de Brasil y Paraguay otros en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Aumenta en número varios más en centroamérica. Salvo Argentina, Uruguay y Chile el resto de la América presidencial cuenta con la promoción al menos de un caso de juicio en los últimos veinte años. Ni siquiera EEUU pudo sustraerse de esta experiencia en la persona de Bill Clinton.

Sin duda las demandas y eventualmente la tramitación exitosa de juicios políticos de presidentes resulta una manera constitucional de procesar las crisis de gobernabilidad asegurando a su vez esquemas de sucesión reglados por ley. En este nuevo tiempo democrático continental poco cuenta el viejo “factor militar” en la resolución de las crisis presidenciales. El balance en esto es positivo: las democracias, en gran medida, ya no son tan pretorianas como lo fueron hace tres decenios. Ese dato resulta oscurecido por el protagonismo y cierta impotencia de los presidentes frente a poderes no democráticos. Poderes invisibles algunos, otros demasiados expuestos como los que encarnan las viejas y nuevas corporaciones empresariales, muchas ligadas al mundo de los medios de comunicación, igual que las judicaturas conservadoras. Suma la presencia de legisladores ganados por la deslealtad, la venalidad y el parroquialismo extremo. En Brasil se demostró que esta combinación resulta explosiva. El nuevo presidente provisional Michel Temer lo está anunciando.