La actividad industrial argentina está en una situación grave. Según el presidente de la UIA, Adrián Kaufman Brea, de indisimuladas simpatías con el gobierno actual, en lo que va del año se han perdido 50.000 empleos en el sector y que, según sus palabras, actualmente está trabajando con una capacidad ociosa del 40%.

Estamos repitiendo así la historia del liberalismo económico argentino. Nada mejor que recurrir a la memoria y a la simpleza de los datos numéricos para justificar lo dicho.

El proceso de industrialización destinado al mercado interno (industrialización por sustitución de importaciones, conocido por la sigla ISI) comenzó con el cierre de hecho de las importaciones debido a la segunda guerra y continuó por la decisión política del gobierno de Perón y de quienes lo sucedieron hasta mediados de los años ’70, en que se logró un máximo de producción y con exportación, incipiente pero importante, de nuestros productos industriales especialmente al resto de Latinoamérica.

En 1976 la dictadura aplicó la teoría neoliberal de apertura económica y de inserción de nuestro país en la división internacional del trabajo. Sus consecuencias perduraron durante los años ’80, la década perdida para Latinoamérica, y en los ’90 se reimplantó, profundizándolo, la misma política que en la dictadura. El resultado lo muestra elocuentemente la comparación de los censos industriales:

Mientras que la población del país en esos 30 años creció casi un 60%, la activa ocupada en la industria caía 28%. La imagen más clara de la desindustrialización sufrida.

La industrialización de un país es el sinónimo de adelanto, progreso y modernización. La industria permite el aprovechamiento de las economías internas y externas que genera el progreso técnico, haciendo posible el crecimiento de la productividad del trabajo y el desarrollo del país. Las experiencias neoliberales son responsables del atraso relativo de nuestro país (que pretenden endosar al “exceso de consumo” o al “populismo”) y, lo que es más grave, del drama individual que implicó la desocupación y marginación social que hizo explosión en el año 2001.

A partir de la crisis del 2001-2 y hasta fines del 2015 la industria argentina se recuperó, con protección en el mercado externo y con las posibilidades de expansión que dio el Mercosur. Para el año 2012 el producto industrial en una década había el crecido el 110% mientras que el empleo en el sector un 60%; lo que es muy importante, las exportaciones de manufacturas de origen industrial se expandieron un 284%, por encima de las de origen agropecuario (244%). Todo eso se revirtió este año.

Para dar prioridad a la lucha contra la inflación (lucha perdida, por otra parte, ya que la inflación actual mayor al  40% y duplica la existente durante el gobierno anterior) se abrió la importación a los artículos de consumo como vestimenta, calzado, golosinas, helados y galletitas. La importación global de productos de consumo final aumentó el 20,3% respecto al 2015, mientras que en automotores (de alta gama, para los ricos) subió el 37,2%. También por el lado de la exportación fue mal: la de productos industriales cayó entre el  9% y 45% según los rubros. A eso se sumó la caída del mercado interno.

El resultado fue una caída de la producción industrial a agosto del 6,5% (tasa interanual), con la siderurgia disminuyendo un 25,2% y el acero un 27,5%. Y siguió cayendo en los meses siguientes.

Según los anuncios oficiales, el intento de matar a la industria continuará el año que viene. Por ejemplo, se informó de la eliminación a partir de marzo del 2017 del arancel del 35% a las notebooks y tablets. Se la acusa de ser un simple “armadero” de piezas importadas; es cierto, pero así empezaron todas las industrias; por ejemplo el automotor, que de simple ensamblador en sus inicios, en los años ’70, antes de la destrucción neoliberal, había logrado una integración local superior al 70%; de la misma forma, con un plan gradual de producción local de sus componentes se podría lograr el mantener y hacer crecer una industria básica para las tecnologías futuras. En cambio, con la eliminación de la protección aduanera, a cambio de la promesa de una disminución del precio final, se destruye una actividad vital para Tierra del Fuego, pero que también tiene presencia en el Gran Buenos Aires y que, según la cámara patronal del sector, afecta entre 5.000 y 10.000 trabajadores y al futuro tecnológico argentino.

El pueblo argentino ¿Aceptará mansamente la muerte paulatina de su industria? Esa es una de las grandes incógnitas de nuestra época.