“Feliz navidad, este año no viene Papa Noel pero el que viene sí y cargado de mayor prosperidad”. Este bien podría ser el mensaje navideño que cualquier funcionario del gobierno actual podría decirnos, acostumbrados a prometer y no cumplir y luego a volver a dibujar la realidad con aire de felicidad futura.

Acaba de cumplirse un año de la elección que depositó a Mauricio Macri en la Casa Rosada y que produjo el desembarco de la tropa del Pro y de los radicales conservadores que ya habían estado con De La Rúa. En estos casi doce meses de gobierno y aún contando con el beneplácito inicial del que gozan los gobiernos del “cambio” tras más de una década de gobiernos previos de signo distinto, el balance no puede ser más desalentador para sus votantes y para el resto.

Podemos afirmar, sin pecar de subjetivos, que prácticamente no ha cumplido nada de lo prometido, corriendo las fronteras del paraíso siempre para el siguiente semestre o año. Las abstractas promesas de campaña, por caso la felicidad, parecen solo haber llegado para los habitantes naturales del Patio Bullrich, los grupos concentrados de la extracción económica y financiera, y los sectores socioeconómicos más altos del país. De lo concreto, que fue poco durante los discursos de campaña, llego menos aún. Del famoso “shock” de confianza y de la lluvia de inversiones que haría crecer la economía, no tenemos noticias. De la reforma impositiva sobre ganancias tampoco. Y del eslogan blandido hasta el cansancio, “Hambre cero”, no queda el más mínimo recuerdo. No hubo medidas profundas destinadas a los sectores populares que hayan no solo incidido en su mejora, sino que no han alcanzado ni a paliar mínimamente el efecto de las políticas que sí llevaron a cabo. 

Ahora tenemos la certeza de que todo aquello que sospechábamos en el 2015 se cumplió. Partiendo de la concepción de que el Estado era ineficiente, es más que había que eliminar la “grasa” del mismo, y de que la economía estaba saturada de insana intervención estatal que recalentaba la economía, comenzaron una serie de políticas destinadas a disminuir capacidades estatales, congelar la economía y abrirla al exterior.

En este marco sí hubo mega devaluación, mega endeudamiento y aumento de beneficios para los sectores concentrados de la economía. La eliminación de retenciones al agro y a las mineras, entre otras medidas, obraron claramente en este sentido. Ni hablar los despidos masivos, no reconocidos, y el abrupto descenso del salario real, para muchos analistas, como el que suscribe, el auténtico objetivo de este gobierno poblado de “empresarios” que quieren lograr competitividad haciendo retroceder el costo laboral argentino. Todo ello con la colaboración de sindicalistas, políticos del Frente Renovador de Massa y antigua tropa que se decía kirchnerista, que por diferentes motivos han permitido estas políticas enfriando el descontento social y su traducción a protesta. 

Por si lo hecho fuera poco, la previsión 2017 es cuando menos desalentadora, en particular por la baja del presupuesto y el recorte en sectores claves que inciden en la movilidad social y el desarrollo colectivo. Es el caso de la agresiva política contra Ciencia y Tecnología y las Universidades públicas, recortando los fondos para el año entrante y distribuyendo arbitrariamente los refuerzos presupuestarios a las universidades para favorecer solo a unas pocas, las más grandes, y en forma discrecional. A ello se le suma otra característica de este gobierno, la pinza judicial con la que complementa sus políticas de acoso. Me refiero a la denuncia presentada por el  Fiscal Federal Guillermo Marijuán por presunta malversación de fondos en contra de 52 Universidades Nacionales, y que, como ya es costumbre, adolece de fundamento jurídico sólido pero resulta muy impactantes en los medios de comunicación.

El actual gobierno, ajustador en salud, educación, y demás servicios esenciales, represor de la protesta social y judicializador de la política, no exhibe resultados. Frente a esto, el discurso del entusiasmo, cada vez más forzado, pero presente en los funcionarios públicos, se muestra desnudo de gestión y materialidad positiva, y por tanto es cada vez más repudiado.

Frente al fin de año que se avecina, aparece ahora sí la aceptación de que hay despidos y que hay que tomar medidas temporales para evitarlos. Aparece la crisis económica y medidas para resolverla que apuestan al consumo, sosteniendo en el tiempo medidas propias del gobierno anterior que fueron severamente criticadas por quienes hoy acuden a ellas. El “Ahora 12” es solo una muestra. A eso le suman políticas focalizadas, propias de los ‘90, con subsidios y aportes especiales solo para fin de año, que tienen por objeto bajar la llama del incendio social pero no se traducen en derechos. Por las dudas de que esto no les funcione, periodistas amigos del oficialismo ya empiezan a comunicar la existencia de actitudes conspirativas en el cono urbano, para poder justificar luego que las protestas salen de la política y no del estómago.

Párrafo a parte merece la vergüenza nacional que representa la detención impune de Milagros Salas por casi un año. Ni los organismos internacionales o el presidente de Canadá logran conmover al caudillismo norteño, el mismo que estos supuestos liberales citadinos criticaban enérgicamente en años anteriores. En realidad lo alimentan y lo llevan a lugares que ni el peor de los populismos que han criticado hasta el hartazgo haría. Defenestraron a Venezuela por encarcelar opositores y estos “adalides” de la república y el estado de derecho no tienen límites legales en una embestida judicial, que pretende también impedir el retorno político de la ex presidenta. Milagros Salas es una ciudadana más que merece como cualquiera estar sujeta a derecho. Esto es una exigencia de la que todos, sin color político, debemos hacernos cargo si queremos realmente vivir y no solo declamar en un “Estado de derecho”.   

Pensando en el futuro, las señales emitidas por funcionarios de diferentes niveles y hasta por el propio presidente de la Nación, son menos esperanzadoras aún que lo vivido hasta ahora. Así las afirmaciones sobre el gasto que supone Aerolíneas Argentinas, el “lastre” que traen los convenios colectivos o la necesidad de nuevos recortes en el corto plazo, no hacen sino acentuar las políticas vigentes. Si esto sigue así, la catarata futura de juicios políticos y de default será imparable. Ojala nos equivoquemos por primera vez con este gobierno.