La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) representó uno de los momentos de mayor empoderamiento de la sociedad civil en la historia reciente. Por su articulado que reconoció espacios institucionales para la representación de la comunidad, pero en mayor medida, por el proceso social que le dio sustento.

Hubo un tiempo en que la disputa llevó al límite la fuerza política construida como emergente de la crisis del modelo neoliberal. En la pelea por la renta agraria el rol de los grandes medios de comunicación quedó en evidencia. Capturados por las corporaciones más poderosas durante años de preeminencia del modelo comercial de la comunicación, eran la herramienta más eficaz para el mantenimiento del statu quo. El momento para el que se habían preparado en toda su existencia había llegado.

Había un modelo diferente para la comunicación. Democrático. Plural. Pero era necesario un ordenamiento legal diferente para darle sustento. La mediación corporativa debía dejar lugar a la emergencia de modelos de comunicación diferentes en cabeza de actores diversos: estatales, universitarios, comunitarios, pequeños y medianos medios privados, cooperativos, entre otros.

Junto a los límites de la política, el kirchnerismo reconoció en el sujeto social que expresaba la lucha histórica por el derecho a una comunicación democrática, al mejor aliado para romper aquellos límites. Múltiples identidades sostenían una lucha de décadas contra la vigencia en democracia de la ley de la dictadura cívico-militar.

Esos colectivos sociales se tornaron en actores políticos en un punto de condensación que se constituyó como la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Confluyeron allí organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y sindicales, académicas, estudiantiles, comunitarias y cooperativas, pymes, de todo el país y de un espectro político muy amplio.

Producto de ella fueron los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación que ya en agosto de 2004 planteaban la necesidad de una nueva cartografía bajo el principio de que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Decía el documento en su punto 7 que “el público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural” y para ello preveía en el punto 20 la necesidad de una Defensoría del Público “con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público”. Una muestra de que esta es y ha sido siempre una lucha histórica es que la idea de una defensoría del público ya había estado presente en el proyecto de Ley de Radiodifusión elaborado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) a fines de los años 80.

La LSCA sancionada en octubre de 2009 instituye en el artículo 19 las misiones y funciones de la defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Su nombramiento y funcionamiento depende de la Comisión Bicameral que debe hacer el seguimiento de la misma Ley. El 14 de octubre pasado venció el mandato de 4 años que recibió la periodista Cynthia Ottaviano para ser su primera titular, tarea que implicaba poner su puesta en funcionamiento junto con el diseño institucional para dar respuesta a las obligaciones que la ley establecía.

La gestión de Ottaviano fue ejemplar porque recogió el espíritu que orientaba aquella lucha. En un escenario de altísima concentración, puso a rodar en simultáneo iniciativas que llevaron el concepto “defensa del público” hacia el del “derecho de las audiencias en tres ejes orientadores: la protección del derecho de los grupos históricamente vulnerados, el respeto de los derechos personalísimos y la promoción del acceso a la información plural y diversa. Para cada uno de ellos existieron variadas iniciativas, como ejemplo podemos citar la edición de la LSCA en los idiomas de los pueblos wichi, ava guaraní, quechua, qom y mapuche.

La encargada de nombrar a quien sea titular de la Defensoría por el próximo período de cuatro años es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, creada por la LSCA (modificada por el DNU 267/2015 con el que Mauricio Macri mutiló el texto original hace 327 días). Integran la Comisión ocho integrantes en representación de las minorías parlamentarias por la Cámara de Diputados y ocho por el Senado. Los ocho representantes del bloque del Frente Para la Victoria - Partido Justicialista de ambas Cámaras han propuesto la continuidad de Ottaviano para un nuevo período en mérito a la gestión realizada.

La falta de convocatoria del Presidente de la Comisión diputado Miguel Angel Bazze (UCR) para tratar el tema ha dejado a la Defensoría en una virtual acefalía, con serios impedimentos para actuar y por ende con perjuicios para la ciudadanía toda. Cosa que no extraña de parte de quienes pretenden reemplazar la participación real por un simulacro de participación mediante 300 caracteres en un formulario, como sucede para la presentación de propuestas para una hipotética Ley de servicios convergentes.

El auge de la participación en redes sociales no significa que el ejercicio de la ciudadanía pueda reducirse a la creación de formularios ad hoc en páginas web del Estado. Los sujetos políticos y sus prácticas no son susceptibles de ser “atrapados” en una cantidad finita (cualquiera sea) de caracteres para ser enviados por Internet. Esa mirada falsamente tecnológica intenta correr del escenario el combate cuerpo a cuerpo de la práctica política. Lo ocultan bajo el fetiche de una especie de tecnologización de la política y de la ciudadanía de la que no es ajeno el debate por el voto electrónico impulsado también por el oficialismo.

La noche del 16 de septiembre de 2009 momentos antes de votar la media sanción en la Cámara de Diputados de la LSCA, el jefe de la bancada del FPV-PJ Agustín Rossi recordaba una frase de Raúl Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil queda implícitamente legislado a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal. Él tiene su ley, en su propia fuerza”.

Del mismo modo que lo entendía Scalabrini hace décadas, son los más débiles de la sociedad quienes hoy necesitan de una Defensoría del Público activa y vigorosa. Aquella noche Agustín Rossi cerraba su intervención diciendo “defendamos a los más débiles, que vamos por buen camino”. La Bicameral tiene la palabra.