El gobierno Pro dio marcha atrás a su intento por equiparar las dietas de los legisladores nacionales a los ingresos de los CEO al servicio de las grandes empresas. Lo que no ha cambiado es su trabajoso proyecto por construir una nueva élite política, potenciando el transfuguismo vertical y horizontal, tanto entre diputados y senadores como entre los jefes políticos de los territorios. Todo al servicio de un Pro que nació débil el 10 de diciembre como gobierno dividido y que logro revertir esa situación de debilidad para construir una llamativa fortaleza legislativa.

Lo cierto es que el pretensioso movimiento de las dietas –haciéndolas más gordas- para el cuerpo de legisladores propios y de tránsfugas ajenos va en un mismo sentido. Todo apunta a una democracia elitista. Ello somete al político al mercado excluyente de honorarios de gerentes y directivos del empresariado privado. De allí que muchos de quienes hace diez meses fueron ocupando los puestos máximos del Estado se autoasignaron ingresos que en algunos casos superan lo recibido por el mismo Presidente. No cabe duda que estos casos más la idea –por ahora frenada- de llevar esas remuneraciones al territorio del político legislador, para que permanezcan o se sumen al decil más rico de los argentinos, va a contramano de una democracia política pensada como proyecto favorable a la igualdad. Hablamos de ingresos que se distancian en más de 20 veces respecto a las remuneraciones obtenidas por quienes están en el último escalón de la escala salarial. Una brecha de ingresos que nos informa de una brecha-grieta de la desigualdad. Ingresar al distintivo segmento ABC 1 es lo que cuenta para los promotores de ese intento. Asoma aquí una parte del modelo de democracia pensada para las elites de los negociantes. En ella cuenta la economía de los negocios y su estrecho vinculo con la vida del político profesional. Aquí el triunfo de un ceocratismo. Parece que poco importa la cuestión del imperativo moral que nos propone desde hace una centuria la representación política, en términos de si es bueno o malo que el político profesional viva y actué como un directivo de empresa. Para completar esta nueva “moral” faltaría que sus proyectistas piensen en una dieta legislativa que modifique los actuales conceptos de desarraigo, pasajes, entre otros conceptos, estableciendo nuevos “ítem” en productividad y otro en presentismo.

Pero ese imperativo moral también afecta la cuestión de las mudanzas de preferencias políticas o si se prefiere de “ideologías”. Hablamos de quienes deciden negociar o abandonar la promesa de un proyecto de igualitarismo redistribucionista para abrazar otro, el de la meritocracia de la renta. Aquí el transfuguismo. La figura del tránsfuga es la de una persona que huye de una parte a otra, que en la escena parlamentaria aplica al diputado o senador que pasa de un partido a otro. Como dice la literatura académica la acción del transfuguismo “consiste en ubicarse voluntariamente en una posición representativa distinta a la pretendida por la agrupación política en cuya lista se presentó ante los electores, bien desde el inicio del desempeño del cargo público representativo, bien posteriormente a causa de un cambio de bloque parlamentario”. Esos mismos estudios nos informan de su imperativo moral: “El transfuguismo incurre en un menosprecio de la relación del representante con los electores y en un distanciamiento de los compromisos electorales asumidos con los ciudadanos”. Sus resultados trabajan sobre la coyuntura de los beneficios inmediatos. A mediano plazo promueve “la inestabilidad política por cambiar la correlación de fuerzas, a menudo originada en favores, prebendas o corrupción, y perjudica la representación y la gobernabilidad democrática al dificultar que las instituciones políticas operen como es previsto y cumplan con sus funciones”. La historia reciente del parlamentarismo argentino muestra demasiados ejemplos de asociación entre transfuguismo y crisis política. Muchos senadores del Congreso previo a la crucial elección del 14 de octubre del 2001 se comportaron como verdaderos tránsfugas. El mismo Ejecutivo del gobierno anterior sufrió el transfuguismo en carne propia con la defección del vicepresidente Julio Cobos en la crisis con las corporaciones agrarias. Hasta el ministro de aquel tiempo, creador de la ley de retenciones móviles, siguió un derrotero de transfuguismo permanente.

Por último cuenta el transfuguismo de los gobernadores. También el de los legisladores que les responden. Aquí posiblemente observemos más un transfuguismo de ocasión que de convicciones. Hay otro transfuguismo que es difícil de calificar por que se da en actores igualmente inclasificables. Hablamos de quienes mudaron de preferencias tantas veces como alquilaron frentes o partidos políticos. En no pocos casos solo cuenta su estatura de político sin partido o mero cuentapropismo político. Nunca hay una solida justificación moral en uno u otro caso. El mayor ensayo es “pongamos cada cosa en su contexto”. En su defecto: “es necesario asegurar la gobernabilidad”. ¿Y los imperativos morales de la democracia?