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“En Jujuy a los indios no los vas a ver sin mi permiso” me dijo enfurecido en setiembre de 2007 el por entonces senador jujeño Guillermo Jenefes, cuando yo era coordinador general del Comfer, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En plena reunión de directorio del organismo de control de la ley de radiodifusión, Julio Bárbaro recibió la reprimenda telefónica a raíz de un viaje que habíamos programado para visitar a las comunidades indígenas de la provincia norteña y entregar en Yavi la resolución a través de la cual una radio en escuela de zona de frontera recibiría su autorización para funcionar. Bárbaro, a quien poco le interesaba la comunicación popular, nos delegó la tarea de hablar con el vehemente legislador.
“Mire senador, nos hemos comprometido con las comunidades indígenas de Jujuy que tienen la necesidad y el derecho de acceder a los medios de comunicación y allí estaremos en los próximos días”, le respondimos. Cortó con una amenaza: “Si ustedes se meten en mi provincia sin acordarlo conmigo aténganse a las consecuencias. Le voy a decir al 'Flaco' Kirchner que se busque otro para que le junte votos en Jujuy”.
La anécdota sirve para caracterizar al personaje que por iniciativa del senador Miguel Pichetto completará el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo que regula a los medios electrónicos y las telecomunicaciones en la Argentina.
Con esta designación la totalidad del directorio pertenece a una misma visión ideológica de la comunicación social, ligada al lucro y no a los derechos ciudadanos. En el ambiente mediático es conocida la relación directa que Jenefes y los medios de su familia tienen con el Grupo Clarín desde hace décadas.
La decisión se tomó ayer en el marco de la reunión que realizó la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para proponer un representante de la primera minoría, es decir el FpV-PJ.
Antes de que la reunión tuviese lugar, los tres diputados del FpV en la Bicameral (Liliana Mazure, Marcos Cleri y Eduardo Seminara) habían presentado una impugnación contra la designación de Jenefes. El argumento señalado observa que presenta “serias incompatibilidades en función de la Ley de Ética Pública”.
En un acto de obediencia debida a Pichetto, las senadoras Liliana Fellner (Jujuy), Sigrid Kunath (Entre Ríos) y Norma Durango (La Pampa), apoyaron la designación a pesar de la impugnación. Estuvieron ausentes los senadores Ruperto Godoy (San Juan) y Juan Irrazabal (Misiones).
La impugnación se presentó al titular de la Bicameral, el diputado radical Miguel Angel Bazze (representante por la provincia de Buenos Aires pero oriundo de General Roca) y señala que "Jenefes no puede desempeñarse como miembro del directorio del Enacom toda vez que posee en forma previa conflictos de intereses que impiden que decida en los asuntos que serían puestos a su conocimiento si se desempeñase como tal".
El escrito da cuenta que Jenefes está casado con Eulalia Quevedo, quien es socia mayoritaria de Radio Visión Jujuy SA, una sociedad accionista de LW 80 TV canal 7, AM 630 - LW8 Radio San Salvador de Jujuy, AM 1420 - LRK 221 Radio Ciudad Perico y AM - LW5 Radio Libertador General San Martín, y de un circuito cerrado de televisión codificado en la banda UHF.
"Además, los hijos de Jenefes, Juan Sebastián, Pablo Marcelo y Joaquín Guillermo son accionistas y/o directivos de dichos medios de comunicación audiovisual", explica la presentación del bloque FpV-PJ en la Cámara de Diputados.
Esa situación confirma que Jenefes "posee un evidente conflicto de intereses en relación a los aspectos regulatorios tanto de los medios de comunicación audiovisual, como de las telecomunicaciones, por las licencias adjudicadas".
Los diputados del FpV-PJ apelaron a la figura de conflictos de intereses establecida en el Código de Ética de la Función Pública, Decreto Nº 41/1999.
"A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo", dice esa norma.
La política en deuda
La discusión por la integración de la Enacom por parte del FpV-PJ comenzó hace varios meses. Hubo un momento en que el director por la minoría iba a ser uno de los especialistas que trabajaron en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, alguien con ideas ubicadas en las antípodas de Jenefes.
Sin embargo, el diputado santafecino Marcos Cleri, con relación cercana a Máximo Kirchner, lideró la ingenua posición de no elegir un representante porque ese hecho supondría “avalar” las decisiones que en la materia de comunicación adoptó el macrismo desde el decreto 267/2015.
El resultado fue la designación de Jenefes, que contribuye a acentuar un camino de concentración de los medios en pocas manos y nos aleja de la democracia y la pluralidad en la información.
La Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada el 10 de octubre de 2009, fue una de las normas con mayor participación ciudadana, tanto en su elaboración como en la dinámica política que permitió su aprobación en ambas cámaras.
Todos los sectores de la vida política, social, académica y cultural fueron partícipes durante años de un debate que coronó con un texto elogiado por los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la democratización en el terreno comunicacional tuvo opositores poderosos. Las grandes corporaciones mediáticas y sus asociaciones corporativas, como la Sociedad Interamericana de Prensa, los grupos económicos y señores feudales como Jenefes, entre otros.
Lo ocurrido con el único lugar que restaba para completar los casilleros directivos en el Enacom es muy grave para quienes aspiramos a que el derecho a la información no sea letra para las mayorías.
En definitiva, con esta elección ganaron los que se oponen, entre otras políticas públicas, a que el fútbol sea para todos, a la pluralidad de voces, a expresiones culturales como Zamba o al apoyo del Estado a la producción de contenidos en toda la geografía nacional.
En aquel 2007 que recordamos al inicio de esta nota se discutía, en todo el país, la necesidad de modificar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. Mientras tanto se habían encontrado algunos vericuetos para abrir canales de expresión comunitaria y popular.
Así nació en Aucapán en el seno de la comunidad Linares, departamento de Huiliches (Neuquén), la primera radio indígena con autorización del Estado argentino.
En aquella oportunidad, en nombre del Foro Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso, resaltaba el valor histórico de ese acontecimiento porque “por primera vez se reconoce desde el Estado nacional a una radio para una comunidad, es decir, sin la necesidad de que sea una sociedad comercial como sucedió hasta ahora”.
Esas acciones fueron abonando el camino que llevaría al reemplazo del Decreto Ley firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Y se extendieron por toda la Argentina, incluso en Jujuy a pesar del enojo y la oposición de Jenefes.
Su designación en la Enacom, no solo es una violación a la ley, sino una muestra cabal de la regresión que en materia de comunicación social vivimos los argentinos.
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