Corren tiempos de reformas, algunas aprobadas, otras previstas y otras, las más trascendentes para la vida de los argentinos, ocultas o en preparación. En esta semana varias temas polémicos estuvieron en el centro de la escena, entre ellos el educativo.

El gobierno nacional decidió implementar una serie de evaluaciones a los alumnos de nuestro sistema educativo para, en palabras de las autoridades, “saber dónde estamos parados”. Por supuesto que desalentaron cualquier consecuencia no deseada de esta evaluación, así como descartaron la posibilidad de establecer posteriores ranking en relación a los diferentes distritos y establecimientos educativos del país. Esta pretendida inocuidad fue además realzada y reforzada por funcionarios y periodistas adeptos, mostrando las evaluaciones que realizan otros países del mundo y de nuestro continente. Así estaríamos simplemente incorporándonos a una sana práctica mundial y regional, y sobre todo estaríamos “sincerando” nuestra realidad.

Varias reflexiones se desprenden de este núcleo de argumentos. La primera es que ninguna práctica estatal es inocua y sobre todo no es política. Esta evaluación es una política pública que apunta, sin duda, a intervenir en la educación pública de nuestro país. El supuesto es conocer la realidad para mejorar, pero la realidad siempre es superior a los supuestos y da señales claras de a dónde nos dirigimos. Nuestra dupla presidencial, vale la pena siempre recordarlo, la primera que viene del mundo universitario privado, entienden que el Estado es ineficiente y deficitario, por lo que hay que ajustar cada peso y mirar hacia donde va. En este marco, el recorte presupuestario en ciencia y técnica, y en otros planos, no hace sino reforzar la fuerte sospecha de que tras estas evaluaciones vienen modificaciones destinadas a achicar lo público, justificado por lo que seguro será catalogado como un desempeño deficiente de nuestro sistema educativo, que no caben dudas, será imputado a la anterior gestión. El panorama que se nos presentará será muy parecido al que vivimos a comienzos del presente siglo. Eso es lo que nos dirán desde la actual administración, la misma que frenó “conectar igualdad”, entre otras medidas equitativas del anterior gobierno.

Para completar el cuadro, las declaraciones de Mauricio Macri apuntan a las falencias educativas a la hora de producir trabajadores formados, clarificando otra vez que mira el país como empresario y para empresarios, a los cuales les habla permanentemente. Expone así una concepción asombrosamente reducida de la educación, que no contempla el desarrollo moral del individuo, ni esa vieja frase de los tiempos de consolidación del estado de bienestar occidental que remitía al derecho de los adultos a haber sido educados. Muchos pueden argüir que estas reflexiones son pronósticos sin asidero en la realidad, pero en verdad toman cuerpo cuando analizamos lo transcurrido en este casi primer año de gobierno.

Como “buen” empresario, a nuestro presidente le desvela la competitividad del país y en ese rubro la calidad de los trabajadores es una variable, pero otra mayor es la retribución de los mismos, o sea su lugar en la estructura de costos. En el modelo de país que está realmente diseñando, el Estado debe instruir lo mejor que pueda a los futuros trabajadores en las capacidades básicas para que luego integren un mercado de trabajo con salarios promedio bajos. Entre tanto, la compra de mano de obra barata extranjera, vía importaciones, prepara el camino y las necesidades de la competitividad. La depreciación salarial, para ajustar la a la baja en relación a la media regional, es un requisito al que más temprano que tarde pretenden llegar.

Así funciona el mercado cuando se impone sobre la política y hacia allí caminamos si no se opone resistencia social y pública. Lamentablemente, y será motivo de otra columna, el mundo gremial argentino, sobre todo el de la CGT, está demorando enormemente la respuesta que el contexto social demanda. Con una cifra de desempleo en auge, con el descenso real y abrupto de la capacidad adquisitiva, que la pelea haya sido solo por un bono la hace cuando menos escasa. Para empeorar el desempeño sindical, el gobierno está imponiendo su idea de que se negocie por sector y empresa. Nada mejor para los empresarios que el alejamiento de las negociaciones colectivas, las mismas que florecieron en la década pasada y las únicas en las que los trabajadores pueden realmente hacer valer su fuerza y número.    

Las reformas entonces parecen ir hacia un país más moderno, eso es lo que se sostiene desde el discurso oficial, pero en realidad cada vez retrotraen en mayor medida el nivel de vida de la población, en particular de los sectores populares. Aumenta la pobreza, dato inocultable, y con ella la violencia, la inseguridad, y el descenso franco de los derechos de millones de argentinos. Eso sí, para reformas políticas de supuesta avanzada, como el voto electrónico, se hacen ingentes esfuerzos, pero no es ahí donde se necesita la agudeza de nuestros representantes, sino en el intento de ampliar el mundo de derechos y de invertir recursos en donde son más necesarios. Por caso, en la reducción de la violencia de género que sigue cercenando vidas de mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. La cantidad de ellas que pierden su vida solo por el hecho de serlo, por no estar amparadas por un Estado fuerte y decidido, sí es un problema que demanda toda la convicción y capacidad gubernamental y social.