Las transformaciones que atraviesa la Argentina pueden leerse a partir de un hilo común. El país se orienta cada vez más hacia la adecuación de su territorio y sus recursos a las necesidades del capital global, mientras pierde peso la discusión sobre qué futuro construir para la propia sociedad que lo habita. Bajo la administración de Milei todo se viene haciendo en función de ese criterio. No es una novedad que Argentina necesita inversiones, pero las mismas están desintegradas de objetivos de desarrollo, de decisiones colectivas e intereses comunitarios. Así podemos encuadrar el RIGI, las emisiones de deuda, la flexibilización de las condiciones para la adquisición de tierras por extranjeros, los cambios en las reglas de propiedad, el régimen de ciudadanía por inversión, la promoción de grandes proyectos mineros y energéticos, o el llamado a instalar centros de datos en la Patagonia que pueden leerse como partes de una misma transformación tendiente a la adaptación del territorio argentino a las necesidades de valorización del capital global.
Argentina está siendo reorganizada como un espacio para la valorización del capital global, pero los argentinos que habitamos este territorio quedamos subordinados a ese proceso y solo absorbemos las externalidades negativas como despojo, contaminación, especulación inmobiliaria, empleos basura, desplazamientos. Tal como expresó el ex Jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, Demián Reidel, en marzo de 2025 ante un grupo de CEOs “el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos".
Se trata de un nuevo viejo régimen de acumulación para adecuarla a las necesidades de valorización del capital global en esta etapa tecnológica, energética y de disputa interimperialista llamada ahora geopolítica. Todas las políticas del gobierno actual están enfocadas en adaptar el territorio, los recursos y las regulaciones a las necesidades de esta etapa de acumulación caracterizada por la inteligencia artificial, la competencia por minerales críticos y la demanda creciente de energía. En ese esquema, Argentina interesa menos como sociedad que como reserva de recursos, energía, tierra y territorio.
El capital necesita a muy poca población argentina (petroleros, mineros, camioneros, portuarios) en su cadena de valor y se enfoca en el territorio, energía, minerales, agua, alimentos, infraestructura y los datos de las personas. Somos población sobrante desplazada y en camino a refugiados climáticos. No somos sujetos del destino y el desarrollo de nuestro país. Y en este marco ni siquiera hace falta que los argentinos sean consumidores ya que el modelo puede funcionar perfectamente con una sociedad sumida en la pobreza, con bajo poder adquisitivo, porque el destino de lo producido está afuera.
Si bien la frase “Argentina está en venta” resulta eficaz como consigna política, lo que expresa es insuficiente como explicación dado que el problema es más profundo y refiere a qué lugar ocupa la sociedad argentina dentro del modelo de acumulación que se viene configurando. La cuestión es para qué y quién se organiza el territorio, qué recursos se ponen a disposición y quién captura y con qué fin la riqueza que esos recursos generan.
Por otro lado el capitalismo atraviesa además una nueva etapa en la que la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia entre las potencias y sus grandes corporaciones por minerales críticos están generando una demanda extraordinaria de energía, cobre, litio, gas, tierras, agua e infraestructura. Toda la economía digital y de la nube tiene una fuerte contraparte material. Los centros de datos son quizás la expresión más evidente de este proceso porque ya muestran cuellos de botella e insumen enormes cantidades de electricidad, agua, territorio y minerales. Y lo que a priori podría ser beneficioso para Argentina, por ser dueña de los recursos y poseer buena parte de aquello que el capital global necesita, termina siendo el motivo por el cual gran parte de sus habitantes viven peor.
En este contexto, el RIGI es un dispositivo para hacer más atractivo el territorio argentino para ese nuevo ciclo de acumulación. Más allá de si una inversión extranjera es buena o mala en abstracto, lo que hay que preguntarse es qué condiciones establece el Estado para recibirla, y esto significa entre otras cosas qué parte de la renta permanece en el país, qué encadenamientos genera, cuánto empleo produce y de qué calidad, qué infraestructura deja para la sociedad y, cómo se van a hacer cargo de los pasivos ambientales, y sobre todo, quién absorbe los costos cuando la rentabilidad privada y el interés social colisionan.
Con la misma lógica hay que mirar los cambios vinculados con la tierra. La flexibilización en las condiciones para la adquisición de tierras por capitales extranjeros alientan a que el territorio comience a ser ocupado y considerado fundamentalmente como un activo. Una tierra puede ser campo productivo, reserva de agua, ecosistema, espacio habitado, patrimonio de una comunidad o lugar donde desarrollar un proyecto económico. Pero para el capital solo importa como activo cuyo valor puede apreciarse. Y cuando el territorio se convierte en objeto de valorización financiera e inmobiliaria, los habitantes corren riesgo de ser desplazados a la miseria o quedarse, pero en condiciones de explotación y degradación.
Algo similar ocurre con la ciudadanía por inversión, aunque en una dimensión todavía más extrema. Parece una obviedad decirlo pero la ciudadanía es la pertenencia política a una comunidad, no un recurso natural o una mercancía inmobiliaria. Sin embargo, cuando el acceso a ella puede quedar asociado a una determinada capacidad económica, aparece una transformación significativa ya que la pertenencia a una comunidad ahora se puede comprar. El territorio, la tierra, los recursos y hasta el vínculo jurídico con la comunidad nacional empiezan a ser pensados desde la lógica de los activos y la inversión.
Estas políticas contienen una determinada concepción del territorio en vista de hacerlo disponible, atractivo y competitivo para el capital. El Estado ya no es más el objeto a destruir, y ahora aparece concretamente en forma de incentivos, desregulaciones, flexibilizaciones, fuerzas de seguridad para disciplinar protestas o reorganización de las relaciones laborales entre muchas otras, o sea como el encargado de remover obstáculos, garantizar condiciones y convertir recursos territoriales en oportunidades de inversión. La pregunta que queda abierta es qué ocurre con todo lo que no entra en el esquema de la ganancia. ¿Quién calcula el costo y se hace cargo de un acuífero contaminado, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, el aumento del precio de la tierra, la presión sobre las ciudades, la infraestructura que debe financiar el Estado o la población que ya no puede acceder a determinados territorios? El capital privatiza la ganancia mientras se desentiende de las consecuencias que quedan en el territorio y en las vidas humanas.
Y aquí aparece una diferencia fundamental con otras formas de desarrollo capitalista. Durante buena parte del capitalismo industrial, aunque existieran explotación y desigualdad, había una relación relativamente orgánica entre producción, empleo, salarios y consumo interno. La sociedad era necesaria no solamente como fuerza de trabajo sino también como mercado. El trabajador recibía un salario que permitía comprar parte de lo producido y además el salario incorporaba el costo de la reproducción social, esto es, alimentación, educación o salud para la socialización de la familia, hoy todo ello está en riesgo con la precarización imperante en el modo de vida con empleos basura.
El modelo que parece emerger alrededor de los grandes proyectos extractivos y energéticos puede funcionar en sus términos y ecuaciones pero con una relación mucho más débil con la sociedad y esta es una transformación profunda del país. El mineral se exporta, la energía se exporta, los alimentos se exportan, los servicios digitales pueden venderse al exterior y los centros de datos pueden estar físicamente en Argentina mientras forman parte de cadenas globales cuyo mercado está en otra parte. El consumidor puede estar a miles de kilómetros del territorio donde se produce la riqueza, y Argentina puede dejar de ser pensada como una sociedad integrada que decide por sí misma.
El capital puede entrar, invertir, extraer, valorizarse y eventualmente salir. El territorio no. El agua no. Los ecosistemas no. La población lógicamente tampoco. Por eso, mientras el capital puede capturar la rentabilidad de una actividad, sus consecuencias negativas pueden permanecer donde esa actividad se desarrolló. La contaminación de un río, el agotamiento de un recurso, la transformación irreversible de un paisaje, la concentración de tierras, la expulsión de poblaciones o la especulación inmobiliaria son formas concretas en las que una sociedad puede terminar pagando el costo de una valorización que beneficia a otros.
El debate debería darse en torno a cómo desarrollar una Argentina que utilice sus recursos para construir capacidades productivas, empleo, infraestructura, conocimiento y bienestar para su población. De lo contrario, el país corre el riesgo de convertirse en una plataforma territorial para las necesidades del capital global como un espacio donde se valorizan la energía, los minerales, la tierra, el agua, el territorio y los datos de las personas. La presencia en Argentina de personificaciones de este capital como Peter Thiel ya nos advierte de un proyecto que busca más autonomía respecto de los Estados y de las sociedades donde se asienta.
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