La primera vuelta de las elecciones brasileñas dejó la constatación de que el bolsonarismo no sólo sobrevivió políticamente a un Jair Messias Bolsonaro preso, sino que consiguió ampliar su presencia institucional y consolidarse como una fuerza de masas con capacidad de disputar nuevamente la presidencia. El resultado también obliga a revisar algunas certezas sobre la sociedad brasileña, la eficacia electoral de las políticas sociales y la profundidad de las transformaciones culturales que atraviesan al país.
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva. Una diferencia estrecha, pero suficiente para colocar al heredero político del expresidente ultraderechista en una posición favorable de cara al balotaje del domingo 25 de este mes. El Partido Liberal (PL) se consolidó, además, como la principal fuerza a partir de 2027 en la Cámara de Diputados, con 121 escaños de los 513 que tiene el cuerpo parlamentario, y contará con una bancada de 28 senadores sobre un total de 81.
A este avance se suma la presencia directa de la familia Bolsonaro en el Congreso. Michelle Bolsonaro, actual esposa del jefe del clan, fue elegida senadora por el Distrito Federal (Brasilia); uno de los hjos de Jair, Carlos Bolsonaro, también obtuvo una banca en el Senado, y otro hijo, Jair Renan, llegó a Diputados, ambos por el estado de Santa Catarina. La continuidad del apellido dejó de depender exclusivamente del liderazgo de Jair padre para convertirse en una estructura política familiar con proyección nacional.
Tiempos de cinismo
Atravesamos un clima político continental en el que la hipocresía, el egoísmo y la maldad rinden en votos. La afirmación, deliberadamente provocadora, apunta a una contradicción que merece examinarse a través de la capacidad de obtener consenso social de determinados liderazgos, los cuales se presentan como guardianes de la moral pública mientras sus vidas privadas lo refutan.
No se trata de una singularidad brasileña. Como he señalado en otra ocasión, distintas expresiones de la nueva derecha radical, desde Estados Unidos hasta el sur de América Latina, han encontrado en el discurso antipolítico, la exaltación de la familia tradicional y la promesa de restaurar el orden una fórmula eficaz de movilización. El clan Bolsonaro representa una de sus manifestaciones más consolidadas, articulada alrededor de una identidad política que combina religión, discurso moral conservador, punitivismo y rechazo al “comunismo”, es decir a todo lo que no es de derecha extrema, o como el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, lo definió recientemente: el deseo de “reemplazar a los trabajadores estadounidenses con trabajadores extranjeros” y “querer que los chicos compitan en los deportes de las chicas”.
El mapa electoral y las contradicciones del Brasil profundo
Una de las lecturas más frecuentes de la política brasileña presenta al país dividido entre un Nordeste progresista y un Sur y Sudeste conservadores. Aunque esa representación contiene elementos reales, resulta insuficiente para comprender la complejidad del comportamiento electoral.
El ecocomista y profesor Carlos Águedo Paiva, en un análisis sobre la geografía del voto brasileño, advierte que los resultados presidenciales no necesariamente reflejan la composición ideológica de los electorados regionales. El Nordeste, donde Lula conserva una fuerte identificación popular, no constituye un bloque homogéneo de izquierda. En varios de sus estados, el predominio electoral del presidente convive con una importante representación parlamentaria conservadora.
La distinción es relevante. El lulismo constituye también una relación política construida alrededor de mejoras materiales concretas, políticas de transferencia de ingresos, ampliación de derechos y reconocimiento social de sectores históricamente marginados. Esa identificación no se traduce automáticamente en adhesión a una agenda progresista en todos los terrenos. Por el contrario, algunos de los núcleos más dinámicos de la izquierda ideológica brasileña se encuentran en centros urbanos e industriales del Sur y Sudeste, regiones donde el conservadurismo ha conseguido importantes victorias electorales.
Maria Hermínia Tavares —investigadora Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap)—sintetizó esta contradicción en una reciente columna en Folha de São Paulo: “La composición del Poder Legislativo refleja al Brasil real, conservador o reaccionario, pero siempre algo tosco; ese país que a la élite brasileña urbana y educada le cuesta ver”.
La observación invita a una reflexión que excede las fronteras brasileñas. Buena parte de las fuerzas progresistas latinoamericanas todavía encuentra dificultades para interpretar las transformaciones culturales de los sectores populares, especialmente allí donde las organizaciones religiosas, las redes digitales y los nuevos liderazgos territoriales ocupan espacios antes articulados por sindicatos, partidos y movimientos sociales.
A esta complejidad se suma que cerca de 33,5 millones de ciudadanos, equivalentes al 21,08% del padrón, no concurrieron a votar. Distintos especialistas consideran que la abstención pudo perjudicar especialmente a Lula, dada su mayor incidencia entre sectores de menores ingresos. Otros subrayan la importancia del voto útil que terminó concentrándose en Flávio Bolsonaro. No existe una explicación única, pero ambos fenómenos ayudan a comprender por qué el resultado sorprendió incluso a quienes anticipaban una contienda muy ajustada.
Frente a un escenario donde el caudal electoral disperso entre los candidatos derrotados en primera vuelta responde predominantemente a un perfil conservador y de difícil asimilación para el Partido de los Trabajadores (PT), todo indica que la viabilidad de Lula depende de activar a ese electorado que no acudió a las urnas. Aunque la reciente historia electoral de Brasil indica que el ausentismo solía crecer en los balotajes, el precedente de 2022 demostró que esa tendencia es reversible mediante movilización y facilitación del transporte. Todo indica que recuperar a ese electorado ausente representa la única ruta matemática para neutralizar la ventaja de 2,2 millones de votos obtenida por la derecha.
Nuevos liderazgos, redes sociales y conservadurismo religioso
El crecimiento de esa extrema derecha brasileña no puede explicarse exclusivamente por la figura de Bolsonaro. En los últimos años surgió una generación de dirigentes que construyó su legitimidad mediante una combinación de exposición digital, lenguaje coloquial y confrontación permanente con las instituciones políticas tradicionales.
Cleitinho Azevedo, elegido gobernador de Minas Gerais, constituye un ejemplo representativo. Su trayectoria, vinculada inicialmente a la venta de frutas y verduras, como también a la actividad musical, fue acompañada por una intensa presencia en YouTube y TikTok. Con un discurso directo, apoyado en expresiones populares y denuncias contra la clase política, logró conectar con sectores desencantados de la representación tradicional.
Otro fenómeno significativo es la incorporación de mujeres jóvenes a la militancia ultraconservadora, muchas de ellas con discursos abiertamente contrarios a las reivindicaciones feministas. Eduarda Campopiano (PL) se convirtió con apenas 23 años en la diputada estadual más votada de San Pablo, con cerca de 1,95 millones de sufragios. Su campaña combinó una fuerte apelación religiosa con posiciones antifeministas y una reivindicación de la evangelización colonial de los pueblos indígenas.

Este crecimiento convive con una mayor presencia de mujeres en las instituciones legislativas. Sin embargo, como señala un análisis publicado por Carta Capital, el aumento de la representación femenina no supone necesariamente una ampliación de las agendas de igualdad. Mientras dirigentes como Michelle Bolsonaro y Bia Kicis defienden concepciones tradicionales de la familia y posiciones restrictivas sobre los derechos reproductivos, representantes progresistas como Erika Hilton y Duda Salabert impulsan agendas vinculadas con el feminismo, la igualdad racial y la diversidad. La disputa expresa un conflicto más amplio sobre el lugar de las mujeres, la sexualidad y las transformaciones de la vida familiar en la sociedad brasileña.
En este terreno, la expansión de las iglesias evangélicas —especialmente las neopentecostales— constituye un fenómeno central. Su crecimiento en las periferias urbanas no puede reducirse a una estrategia electoral de la derecha. Estas organizaciones ofrecen redes de sociabilidad, asistencia comunitaria, oportunidades laborales y pertenencia colectiva en territorios donde la presencia estatal y otras formas de lazos sociales resultan insuficientes.
Sobre esa base social se construyó una parte importante de la identidad bolsonarista. Según una medición reciente de AtlasIntel, Flávio Bolsonaro concentra el 72,7% de las preferencias entre los votantes evangélicos, frente al 23,5% de Lula.
En el Congreso, la influencia de este sector se articula mediante el Frente Parlamentario Evangélico y su convergencia con representantes del agronegocio y de las fuerzas de seguridad. Es la conocida bancada BBB —“Boi, Bíblia e Bala” (“boi”, en castellano “buey”, es el nombre del animal que simboliza el poder ruralista tradicional)—, una coalición que condiciona las discusiones sobre derechos reproductivos, educación, seguridad y políticas sociales.
El desafío está en entender por qué esos discursos encuentran legitimidad entre sectores sociales que, en otros momentos históricos, integraron las bases de los proyectos populares.
El Supremo Tribunal y la disputa por las reglas democráticas
El avance parlamentario del bolsonarismo abre un nuevo frente de tensión institucional.
La campaña de Flávio Bolsonaro ha colocado entre sus objetivos la revisión de las atribuciones del Supremo Tribunal Federal (STF) y el cuestionamiento de magistrados como Alexandre de Moraes, figura central en los procesos judiciales relacionados con el intento golpista del 8 de enero de 2023 y que en la semana reciente ordenó que Eduardo Bolsonaro (quien se encuentra refugiado en Estados Unidos) comience a cumplir la pena de cuatro años y dos meses de prisión por “coacción a la Justicia”.
Entre las iniciativas promovidas por sectores bolsonaristas aparecen propuestas de juicio político contra integrantes del más alto tribunal, modificaciones constitucionales destinadas a limitar sus competencias,y medidas de amnistía para Jair Bolsonaro y otros condenados o procesados por los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2022.
La existencia de una bancada parlamentaria numerosa no garantiza que estas iniciativas puedan aprobarse. Las reformas constitucionales requieren mayorías calificadas y acuerdos políticos que exceden al propio Partido Liberal. Sin embargo, el nuevo equilibrio legislativo incrementa la capacidad de presión sobre las instituciones judiciales y sobre un eventual gobierno de Lula.
A ello se agregan propuestas vinculadas con el endurecimiento penal, la reducción de la edad de responsabilidad criminal y la revisión de determinadas garantías procesales. Son debates que atraviesan a buena parte de América Latina y en los que la demanda social de seguridad suele ser utilizada para justificar soluciones de carácter excepcional.
En el terreno laboral también aparecen diferencias importantes. Mientras Lula busca avanzar en la reducción de la jornada de trabajo y la revisión del régimen conocido como escala 6x1, sectores de la derecha sostienen una agenda de mayor flexibilización del mercado laboral.
La discusión de fondo no se limita, por lo tanto, a quién controlará el Poder Ejecutivo. También involucra la orientación de las instituciones, el alcance de los derechos sociales y los mecanismos de equilibrio establecidos por la Constitución democrática de 1988.
La paradoja sobre el alineamiento con Washington
La dimensión internacional de estas elecciones adquiere también una importancia difícil de exagerar. Durante los últimos meses, el gobierno brasileño denunció distintas formas de presión provenientes de la administración de Donald Trump, desde medidas comerciales y diplomáticas hasta intervenciones públicas sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales brasileñas. Estas advertencias no necesariamente implicaron la demostración de una operación coordinada de interferencia, pero expresaron el nivel de tensión alcanzado entre Washington y Brasilia.
Flávio Bolsonaro, por su parte, ha manifestado su intención de estrechar el alineamiento estratégico con Estados Unidos, incluyendo iniciativas de cooperación en seguridad y la eventual incorporación brasileña al denominado “Escudo de las Américas”. Y otra cuestión especialmente sensible es la posibilidad de adoptar la clasificación de organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, bajo categorías de “narcoterrorismo”impulsadas por Washington; que más allá de la necesidad de combatir estas estructuras, el debate involucra cuestiones de jurisdicción, cooperación internacional y capacidad del Estado brasileño para definir autónomamente sus políticas de seguridad.
Pero quizás la paradoja electoral más reveladora aparezca en los territorios afectados por los aranceles estadounidenses. Flávio Bolsonaro resultó el candidato más votado en 92 de los 100 municipios brasileños más perjudicados por las restricciones comerciales impuestas por Trump. En Piracicaba, uno de los polos industriales del estado de San Pablo, donde exportaciones por aproximadamente 5.400 millones de reales quedaron alcanzadas por las medidas arancelarias, Bolsonaro obtuvo el 63,4% de los votos frente al 27,6% de Lula.
La defensa de la soberanía nacional fue uno de los ejes del discurso de Lula. Sin embargo, una parte considerable de los votantes de las regiones económicamente afectadas por las decisiones de Washington respaldó al candidato más identificado con el presidente estadounidense. Esto no significa necesariamente que esos electores aprueben los perjuicios económicos provocados por los aranceles. Sugiere, más bien, que la identidad política, el rechazo al PT, las preocupaciones cotidianas y las afinidades culturales pueden pesar más que la evaluación inmediata de una política comercial.
El balotaje y el futuro de la autonomía sudamericana
Brasil llegará al 25 de octubre con una sociedad profundamente dividida y dos proyectos políticos que ofrecen respuestas diferentes a sus problemas económicos, sociales e institucionales.
Una eventual victoria de Flávio Bolsonaro no significaría, por sí sola, la desaparición de la democracia brasileña. El país cuenta con instituciones, organizaciones sociales, movimientos populares y tradiciones políticas capaces de ejercer resistencia y control sobre el poder. Pero tampoco sería simplemente una alternancia conservadora más.
La consolidación de una derecha que cuestiona la actuación del Supremo Tribunal Federal, promueve retrocesos en determinadas agendas de derechos y reivindica una mayor identificación estratégica con Donald Trump podría abrir un período de tensiones importantes para la democracia brasileña.
El riesgo no reside únicamente en determinadas políticas públicas. También está en la posibilidad de que se profundice una concepción del poder menos comprometida con el pluralismo, la protección de las minorías y los mecanismos institucionales que limitan la autoridad de los gobiernos.
En el plano internacional, el escenario adquiere una dimensión adicional. Brasil es la principal potencia sudamericana y uno de los pocos países de la región con capacidad para sostener una política exterior de alcance global. Su relación con China, su participación en los BRICS, su peso en el Mercosur y su proyección diplomática constituyen elementos fundamentales para cualquier estrategia regional de autonomía. Una mayor subordinación política a Washington podría restringir ese margen de maniobra, aunque no eliminaría automáticamente los intereses económicos y diplomáticos que vinculan a Brasil con otros actores internacionales.
Para la Argentina y el conjunto de Sudamérica, las consecuencias serían particularmente relevantes. La integración regional ya atraviesa un período de debilitamiento, y la posibilidad de reconstruir un proyecto compartido de desarrollo productivo, cooperación política y mayor independencia internacional depende, en buena medida, del rumbo que adopte Brasil.
Una derrota de Lula no clausuraría esa posibilidad. Pero haría considerablemente más difícil el camino de quienes todavía consideran necesario recuperar para América Latina la capacidad de construir un proyecto propio, con desarrollo económico, inclusión social y decisiones tomadas en función de los intereses de sus sociedades. Ese es, quizás, el alcance más profundo de lo que se decidirá en las urnas brasileñas: no el destino definitivo de la región, sino las condiciones políticas en las que Sudamérica deberá intentar construir su futuro.
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